La facilitación de la actividad económica y de la creación de empleo es una de las prioridades de la situación socio-económica de Andalucía. El desempleo constituye la principal preocupación social de los andaluces, que se confirma por los últimos datos de la Encuesta de Población Activa (EPA), correspondientes al cuarto trimestre del 2010, publicados en enero de 2011, superando ya el millón de desempleado/as en Andalucía, con un 28% de tasa de paro (en España se llegó a 4,7 millones de desempleados, un 20% de tasa de paro). Además, un 13,5% de las familias andaluzas tienen a todos sus miembros en el paro.
Las fuerzas políticas andaluzas, atendiendo a estos graves datos, para la convocatoria electoral de 22 de mayo de 2011, deberían centrar en positivo las propuestas programáticas de sus diferentes opciones, con el objetivo de encontrar entre todos soluciones. En esta materia, quizá sería muy conveniente la elaboración participada de las posibles líneas a desarrollar en el período 2011-2015. Se impone la elaboración de planes estratégicos locales para el desarrollo económico y empleo, desde la perspectiva de la sostenibilidad. Se ha de apostar por un cambio de modelo económico, basado en la economía verde, con pilares más sostenibles ambientalmente, pues, el desarrollo local será sostenible ambientalmente o no será, y sobre todo después del rotundo fracaso de las economías basada exclusivamente en la construcción.
Para este desafío social y económico, los ayuntamientos andaluces tienen unas posibilidades de actuación aún no explotadas. Con carácter general, hace desde final del siglo pasado la Unión Europea ha considerado a las autoridades locales como un agente institucional clave en la dinamización económica y social del territorio, a través de la concertación con el resto de agentes económicos y sociales que operan y se implican con el desarrollo económico y la creación de empleo en el territorio. Por tratarse de la administración más cercana, puede operar con más eficacia en el diseño y ejecución de políticas locales de desarrollo económico y empleo.
Además de las medidas desarrolladas en los dos últimos años en cooperación Administración Local-Administración General del Estado, los representantes del poder local (que por cierto, también es Estado según la Constitución) han reclamado nuevas competencias para las entidades locales en materia de promoción de desarrollo económico local y más financiación estructural al efecto. La Administración Local andaluza podría y debería, pues, convertirse en sujeto fundamental de la estructura de los mercados de trabajo en su dimensión local, contribuyendo no sólo al fomento de nuevas inversiones empresariales, sino también a la calidad del empleo que se pueda generar. La nueva ley andaluza de Autonomía Local ha avanzado en esta materia (aprobada en junio de 2010).
Desde el punto de vista metodológico, elemento muy importante para la definición y ejecución de políticas locales de empleo y desarrollo económico es la participación ciudadana. En este sentido, el profesor Emilio Carrillo Benito ha sostenido que en la participación cívica se halla la base de un desarrollo local auténticamente sostenible (sostenibilidad económica, social y ambiental), por lo que los programas y acciones de desarrollo han de articular fórmulas potentes que den mayor protagonismo a la iniciativa privada, a la sociedad civil, y en definitiva, a la gente de la calle. Se trata de dar contenido de propuestas de carácter económico y social a la participación ciudadana, superando el hasta ahora predominante carácter de petición de mejoras físicas para las ciudades, profundizando de este modo en el concepto de administración local participada y profundamente democrática.
En Andalucía, tierra en la que sufrimos especialmente el drama del desempleo, el reto de las acciones públicas para frenar este grave problema social hemos de afrontarlo preferentemente en la dimensión local, con la decidida implicación de todos, con la Administración Local en permanente colaboración con organizaciones que desarrollan programas de información, orientación laboral y/o formación, organizaciones empresariales, organizaciones sociales, etc., pero con el poder local como actor principal de un proceso del que los principales beneficiarios serían nuestros conciudadanos, y sobre todo, los desempleados andaluces.
Por último, creo que otro objetivo importante es hacer el mercado de trabajo más transparente, hacer circular la información, socializar y democratizar la generación de nuevos empleos, que todas y todos tengan disponible las opciones de trabajo que surjan. En este objetivo, también es crucial esa colaboración entre la institución local y la red de entidades que trabajan por la inserción laboral de los desempleados. Entre todos podemos ayudar a dar soluciones al problema del desempleo. También el principio democrático es importante en este objetivo social y económico.