En defensa de Doñana y su patrimonio ambiental y cultural

Plataforma Manifiesto 28 de febrero (*)

Doñana está sufriendo un ataque medioambiental desde los propios organismos gubernamentales que están encargados de su protección. En esta ocasión desde la Junta de Andalucía.

La razón que avala este despropósito, pero que políticamente no mencionan en público, es meramente electoralista: un puñado de votos parecen valer más que la salvaguarda de un entorno único protegido por la normativa ambiental europea, por convenios internacionales y por la UNESCO. Una clara falta de conciencia ambiental y ética desde los responsables políticos.

La Consejería de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul ha pasado a ser un adlátere de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca, Agua y Desarrollo Rural. Las medidas en políticas ambientales están condicionadas siempre por las decisiones que se toman previamente desde Agricultura.

La desadscripción del “Agua” en la Consejería de Medio Ambiente no ha sido algo casual, está cuidosamente premeditada: las decisiones sobre el agua se toman desde “Agricultura” y los refrendos a las mismas se adjuntan desde “Medio Ambiente” de manera automática. Es decir, las decisiones del Gobierno Andaluz se adoptan desde la visión del agua como bien productivo, y no como bien eco social o derecho humano.

La situación de estrés hídrico de Doñana, tal como apunta la comunidad científica y el personal técnico ligado a la Estación Biológica de Doñana – CSIC, no es debida directamente al periodo de sequía actual, sino al saqueo del agua que se ha venido realizando durante las últimas décadas en el acuífero Almonte-Marismas que nutre al humedal.

Los representantes políticos del PP y VOX han decidido insultar a la comunidad científica y a las andaluzas y andaluces desde el Parlamento de Andalucía. Su negacionismo de los hechos alcanza el esperpento: ¿Alguien conoce algún profesional científico o técnico que avale la “Ley Doñana”, admitida a trámite, ¿y que corroboré que la ley es beneficiosa para la protección del Parque Nacional?

A esta situación se ha llegado no solo por la mala gestión hídrica del gobierno actual en Andalucía sino también por las décadas de gobiernos socialistas, que durante años miraron hacia otro lado mientras se expandían los cultivos ilegales sin concesiones hídricas legalizadas. La desgobernanza a todos los niveles institucionales ha permitido esquilmar el acuífero y desecar Doñana.

Este hecho equivale a que se ha permitido durante años el robo del agua, agua que debiera ser de todas y todos, incluido el Medio Ambiente como persona jurídica, infringiendo la Ley de Aguas de Andalucía aprobada por el Parlamento Andaluz, el Real Decreto Legislativo 1/2001 y la Ley 62/2003 del Congreso de los Diputados que transpone la Directiva Marco Agua de la Unión Europea. Siendo la ley Andaluza de aguas, posiblemente, una de las mejores normas sobre esta materia a nivel europeo pero que en nuestro territorio se ha ninguneado desde su aprobación.

El indulto a los agricultores y agricultoras que han estado regando sus cultivos de manera ilegal es un insulto a los regantes legales. Aplicando la ley, no cabe otro camino sino el cierre de los sondeos, la clausura de las hectáreas de regadío implicadas y la imposición de las multas correspondientes a las personas infractoras.

El freno a este despropósito no solo está en manos de la ciudadanía sino también del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico que debe luchar desde Europa para que Doñana no desaparezca; sería la mayor catástrofe ambiental de las últimas décadas provocada por intereses meramente políticos cortoplacistas. Este desastre se puede revertir con el apoyo de todos y todas.

La “Ley Doñana” contraviene el Estatuto de Autonomía en su artículo 28 y la Constitución en su artículo 45, siendo previsiblemente, por tanto, antiestatutaria y anticonstitucional.

Urge promover políticas públicas para impulsar una transición justa en el entorno de Doñana con medidas económicas y sociales que garanticen una agricultura sostenible y el fomento de otros sectores económicos diversificadores, incorporando los criterios de la transición ecológica justa, adaptadas al contexto de escasez estructural de agua y de emergencia climática.

Desde la Coordinadora 28F apoyaremos las movilizaciones en defensa de Doñana y su patrimonio ambiental y cultural.

(*) La coordinadora de la plataforma Manifiesto 28F está formada por:

Diana Farzaneh; Antonio Luís Girón; Juan Jurado; Miguel López Melero; Andrés Lozano; María Márquez; Pepe Pinazo; Esperanza Ramos; Rafa Rodríguez de León; Blas Ruedas; Miguel Navazo; José María Calaforra Chordi; Fernando Queipo: Mercedes Barranco y José Antonio Barrera.