EN DEFENSA DE LA DEMOCRACIA Y LA AUTONOMÍA

Paralelo 36, CCOO Andalucía, UGT Andalucía, FACUA Andalucía, EAPN Andalucía, CAONGD, Andalucía Acoge, Laborales de Andalucía, Faecta, CAVA – FP AAVV, Fundación APY, Confedampa, Solidaridad Internacional Andalucía

La llegada de la democracia a nuestras vidas no fue un camino de rosas. La libertad y la democracia en nuestro país llegaron a través de la lucha por los derechos y el compromiso de personas trabajadoras y una ciudadanía que decidió su futuro con determinación, mirando hacia adelante.
Se han cumplido ya más de cuarenta años desde que aprobamos nuestra Constitución, fue un paso importante y decisivo que nos permitió definir un marco regulador sobre el que poder construir una sociedad nueva, lo que supuso un esfuerzo colectivo intenso y a todos los niveles.
También hace cuarenta años, el 4 de diciembre de 1978, el pueblo andaluz tomó la calle para reivindicar su derecho a una autonomía plena, reclamando igualdad de trato y el mismo nivel de autogobierno que las llamadas “comunidades históricas”, en el contexto de unidad solidaria de todos los pueblos del estado español. Por eso salimos a la calle exigiendo un marco autonómico con competencias suficientes para abordar las deficiencias y desequilibrios que históricamente venía padeciendo nuestra tierra.
La fuerza de aquel movimiento resultó fundamental para iniciar el camino del crecimiento económico y el desarrollo social, posibilitando el ejercicio de la autonomía y del  autogobierno, desarrollando un marco competencial propio que ha sido crucial para que nuestra tierra alcanzara un alto grado de cohesión territorial y social.
La lucha de los andaluces y andaluzas dio un paso de gran trascendencia con aquel histórico resultado del Referéndum del 28 de Febrero de 1980. Tras muchos obstáculos y dificultades impuestas, Andalucía fue la única Comunidad que finalmente accedió a la autonomía por la vía del 151 de la CE, que exigía que la iniciativa autonómica fuese ratificada mediante referéndum con el voto afirmativo de la mayoría absoluta del electorado.
Sabíamos entonces, igual que ahora, que la mejor manera para garantizar un futuro de bienestar, desarrollo y empleo era contando con la implicación de la sociedad civil al completo, en términos de igualdad de oportunidades y defendiendo la justicia, la equidad y la solidaridad.
La fuerza de aquel 28-F ha llegado hasta nuestros días con vigor, como motor de la autoestima, progreso y dignidad de aquellos hombres y mujeres orgullosos de nuestra identidad como pueblo.
Los colores de nuestra bandera evocan el paisaje andaluz y la esperanza en el futuro, un futuro que debemos afrontar sin complejos, conscientes de nuestras capacidades y de nuestras singularidades. Fue precisamente en otra época en la que cualquier singularidad era perseguida, cuando los andaluces fuimos terriblemente más desiguales que el resto de los españoles. Esa Andalucía marginada y olvidada no debe volver.
En estos últimos cuarenta años, los andaluces y andaluzas hemos conseguido avanzar en democracia y autogobierno. Aprobamos también por Referéndum la Reforma de nuestro Estatuto de Autonomía el 18 de febrero de 2007, cuya adaptación era necesaria para ahondar en el modelo territorial, extrayendo todas las posibilidades descentralizadoras que ofrece la Constitución para aproximar la Administración a la ciudadanía.
Los andaluces y andaluzas debemos sentir orgullo por nuestro esfuerzo, perseverar en nuestra tarea transformadora, imprescindible en un mundo globalizado en constante y vertiginoso cambio, plagado de retos pero también de oportunidades.
La crisis económico-financiera, la férrea aplicación de políticas neoliberales y conservadoras han provocado un grave perjuicio sobre los derechos de la ciudadanía en general, y de los andaluces y andaluzas en concreto, lastrando el despliegue y desarrollo pleno de nuestro Estatuto de Autonomía. Nos encontramos en una situación de riesgo extremo, ante la apuesta de buena parte del espectro político por una recentralización estatal.
El cuestionamiento que durante la crisis económica se ha efectuado respecto a la sostenibilidad de los sistemas de protección social, y a las políticas públicas de ayuda a las personas que construyen Andalucía, sean autóctonas o inmigrantes, recrudecido con la polarización de posiciones políticas y el auge de la extrema derecha, está también en la base del ataque al modelo autonómico y la identidad de Andalucía como tierra de convivencia y riqueza cultural.
Se ponen en duda valores democráticos y constitucionales de nuestro país, la igualdad entre mujeres y hombres, la solidaridad, la justicia social y los servicios públicos.
Por eso, es el momento de reivindicar, ahora más que nunca, los derechos y libertades constitucionales y el modelo de Estado Autonómico que hasta la fecha ha mostrado su utilidad, garantizando el pleno desarrollo de nuestro Estatuto de Autonomía para así seguir avanzando en cohesión social y en generación de riqueza, y para que ésta se reparta de un modo más equitativo y se mejoren las condiciones de vida del conjunto de la sociedad andaluza.
En definitiva, tenemos que preservar, proteger y defender nuestra capacidad de gestionar y desarrollar políticas propias en torno a los objetivos, principios, derechos y competencias definidos en nuestro Estatuto.
Por ello, reclamamos al nuevo Gobierno de Andalucía un compromiso expreso con la defensa y desarrollo de nuestro Estatuto de Autonomía, y por todas y cada una de las competencias propias y exclusivas que se determinan en el Estatuto, que defienda un sistema de financiación justo y solidario donde las personas sean su eje central, y bajo la premisa de la igualdad de trato y oportunidades, así como desde el respeto a la diversidad.
Demandamos al nuevo Gobierno de Andalucía una apuesta por los servicios públicos, el empleo de calidad y la generación de riqueza, potenciando otro modelo productivo, sostenible, fomentando las energías renovables, la agroindustria, el I+D de las universidades andaluzas, la integración de las personas inmigrantes, la protección de los consumidores y colectivos vulnerables, la lucha contra la pobreza, así como el fomento de la cooperación internacional al desarrollo.
En resumen, asentar y profundizar un modelo que permita consolidar los avances producidos y aumentar el progreso económico, social y democrático que nuestro Estatuto de Autonomía establece para Andalucía.