Valeriano Ruiz y Luis Crespo
En los últimos tiempos estamos siendo testigos del incesante acoso al que determinados sectores han venido sometiendo a las energías renovables. Se ha desarrollado una estudiada campaña de desprestigio que ha generado una deliberada confusión en algunos de los indicadores clave de la rentabilidad de la inversión en energías verdes.
Muy al contrario de lo que se ha insinuado, las renovables han contribuido de manera significativa, junto con otras circunstancias, a bajar los precios del mercado eléctrico en los últimos años. En concreto, hemos pasado desde niveles de 7 céntimos por kilovatio/hora en diciembre de 2007 a los 3 céntimos por kilovatio/hora en diciembre de 2009, un dato público y objetivo. Esto es debido a que, al entrar en la red, las renovables desplazan a las fuentes más caras y consiguen un menor precio de casación. Dada la estructura de la tarifa, son los consumidores industriales los que en mayor medida deberían haberse beneficiado de esa reducción de los precios pagados a la generación. Si las comercializadoras de electricidad no repercuten esa bajada a los consumidores, la responsabilidad no corresponde a las renovables.
Asimismo, es necesario aclarar lo que algunas referencias interesadas tratan de confundir. «Déficit tarifario» no es sinónimo de «déficit público». El déficit tarifario se sufraga a través de los consumidores de electricidad, no de los contribuyentes mediante los Presupuestos del Estado. Los agentes con intereses en el sector lo saben, pero, en una época en la que es fácil generar opiniones aludiendo a la crisis y a la necesidad de reducir el gasto público, es tentador dejarse llevar y permitir que la idea se mantenga en el aire para justificar eventuales recortes a las renovables.
Muy al contrario de lo que se insinúa,las renovables contribuyen a incrementar el PIB y a reducir el déficit público mediante la disminución de importaciones, generación de empleo, reducción de costes de CO2 y balanza fiscal positiva. Estas tecnologías aprovechan fuentes energéticas locales -disminuyendo la dependencia exterior y la consiguiente factura global-, son limpias -disminuyen la contaminación y el pago de los cánones establecidos por el incumplimiento del protocolo de Kioto-, han creado cerca de 150.000 empleos y han hecho bajar, precisamente, el precio de la electricidad en el mercado mayorista.
El origen del actual nivel del déficit tarifario se encuentra mucho antes de que las renovables alcanzaran cierto peso en el sistema eléctrico; en concreto, comenzó a ser relevante con el alza de los precios del petróleo en el año 2004, cuando apenas había generación renovable. Este desajuste se produce porque las tarifas reguladas -establecidas por el Gobierno- no incluyen correctamente los costes de generación. Estas tarifas no han sufrido variación significativa en los últimos años para los consumidores particulares, a pesar de que habría sido una manera de frenar el déficit e incentivar el ahorro energético.
Por último, es reseñable el hecho de que en el régimen especial de producción de electricidad no se incluyen únicamente fuentes de energía renovable; aunque a algunos les interese ocultarlo sistemáticamente. También se incluyen los Residuos Sólidos Urbanos y los combustibles fósiles, especialmente el gas natural para las instalaciones de cogeneración. De hecho, de los 6.000 millones que representaron las primas en 2009, más de 1.000 millones fueron destinados al gas. Sin embargo, suele aludirse sólo al «coste» de las Renovables.
El impulso dado en los últimos años a las energías renovables ha reportado muchos más beneficios que costes a la sociedad española, ya no solo a nivel macroeconómico, sino también poniendo de manifiesto la posición de vanguardia tecnológica de nuestro país a nivel mundial, particularmente en el campo de la electricidad termosolar, así como en otras tecnologías energéticas sostenibles. En definitiva, las renovables se han convertido en uno de los principales valores-fuerza del país.
Es por esto que resulta imprescindible que el Gobierno exponga un criterio coherente con la política que ha venido desarrollando los últimos años y mantenga la regulación sobre la retribución, pues solo de esta forma se podría salvaguardar la imagen de España y la confianza que inversores nacionales y extranjeros han depositado en los planes sobre energías renovables, donde ya se han realizado inversiones por valor de 70.000 millones en los últimos 10 años, y esto ha dado lugar a los puestos de trabajo antes citados. Cambiar ahora el contexto supondría retroceder el camino andado y sus efectos podrían ser mucho más negativos que el problema de déficit tarifario, que, por supuesto, abogamos por resolver. Frenar ahora las inversiones en las tecnologías que se encuentran aún en etapa de desarrollo, como la termosolar, cuyas primas representaron el 2% de las que recibió la cogeneración en 2009 y un 0,37% de todas las primas, supondría la marcha atrás en el camino hacia la reducción de los costes de producción y la mejora de la eficiencia.
Gracias a las renovables, España dejará atrás cotas de dependencia energética, y con ello dejará de ver cómo se esfuma su capital en importaciones de petróleo y gas natural de otros países. La inversión repercutirá en nuestra propia economía, tanto por la creación de empleos como por la consolidación de un sector industrial nacional con fuerte potencial exportador. Además, las renovables son el camino al cumplimiento de los objetivos comprometidos por el presidente del Gobierno para 2020, en línea con los objetivos vinculantes a nivel europeo. Es por esto que esperamos que en ningún caso se adopten medidas que puedan considerarse retroactivas o que cambien las condiciones de retribución tanto de las plantas que se encuentran ya en operación como de las que están en construcción o aquellas otras que están inscritas, y que tuvieron que demostrar hace un año que habían adquirido los equipos para poder ser inscritas.
Desde Protermosolar apoyamos el mantenimiento de la fórmula de primas a la generación, que ha demostrado ser la más efectiva para la promoción de estas tecnologías, con las necesarias modificaciones para que se convierta en un elemento incentivador del avance tecnológico y de la reducción de costes así como de una mayor racionalidad entre generación y consumo.En relación con el Plan de Acción Nacional de Energías Renovables, que tendrá que mandar nuestro Gobierno a la Comisión Europea en breve,confiamos en que se de a la Solar Termoeléctrica un peso muy relevante entre el resto de las tecnologías de generación con energías renovables, por su gran potencial así como por sus características de contribuir a la estabilidad de la red eléctrica y de responder a las necesidades de la demanda gracias a su capacidad de almacenamiento térmico.
Acabamos de conocer el principio de acuerdo en política energética y nos quedamos muy preocupados por dos razones principales: a) la no subida del recibo de la electricidad lo cual supone seguir en la senda de irresponsabilidad mantenida hasta ahora; y b) el acuerdo sobre el estudio de los costes del sistema -como si no hubiera habido tiempo antes- lo cual, si no se hace con el rigor necesario sino bajo la presión de los lobbies de los sectores energéticos tradicionales, puede conducir al recorte a las políticas de desarrollo de las renovables con la tentación de medidas retroactivas y las consecuencias adicionales sobre el deterioro de la seguridad jurídica.
Valeriano Ruiz y Luis Crespo son presidente y secretario general de Protermosolar