En defensa de los impuestos

Izquierda Unida se ha vuelto a comprometer en la aprobación del impuesto a las grandes superficies, en esta ocasión de la mano de una plataforma, compuesta por sindicatos, organizaciones de consumidores y asociaciones de comerciantes. La aprobación de este impuesto no sería arbitraria: responde a la necesidad de que estas grandes empresas compensen los costes sociales en que nos hacen incurrir (desde la precarización laboral de los contratos por horas y las inversiones en urbanización e infraestructuras hasta la contaminación por mayores trayectos para hacer la compra, pasando por el oligopolio de las cadenas de distribución y comercialización). Y también hay razones de igualdad: nivelar las ventajas que su tamaño les ofrecen a la hora de hacer ingeniería tributaria y contable para pagar menos impuestos que los pequeños y medianos comerciantes… por no hablar del acceso privilegiado a las instituciones (haya o no “sobres» de por medio).

Sin embargo, el otro socio de gobierno parece firme en su oposición al impuesto sobre las grandes superficies. La presidenta de la Junta de Andalucía ha dado unilateralmente garantías personales a la patronal andaluza de que no se subirán impuestos, descalificando éste en especial. Por su parte, el flamante consejero de Economía, al más puro estilo neoliberal, considera a los impuestos como «destructores de empleo”. Según el consejero del PSOE, “la” teoría económica indica que los impuestos se trasladan exclusivamente al consumo vía aumento de precios o al empleo vía aumento de costes. Pero no hace falta ser catedrático en Hacienda Pública para saber que no hay teoría sin supuestos, y los de esta son tan restrictivos como ideológicos: sólo pueden aplicarse a un mercado de competencia perfecta (lo que quiera que sea eso en el mundo real, que no es el de los neoliberales). El impacto de los impuestos sobre la actividad económica real es bastante más complejo, y en este caso particular, lo que cabría esperar es una reducción de los beneficios, lo que no parece ni particularmente injusto ni algo necesariamente malo cuando valoramos las alternativas: los recortes o el endeudamiento.

Y es que la Junta de Andalucía aprobó anteayer endeudarse en 632 millones de euros para realizar pagos pendientes. El prestamista es el gobierno central, aplicando unos intereses sustancialmente superiores a los que tiene España para financiar su deuda pública. El resultado es que, según la Junta, tendremos que pagar unos 1.400 millones de intereses en 6 años por los casi 5.000 millones que nos prestará el gobierno español. ¿Quién se beneficia en última instancia de estos intereses? A partir de la información de la consejería de Economía, 276 millones de euros de los andaluces serán para el gobierno de España, por «gastos de intermediación», que dice el ministerio de Montoro (una comisión que ni el BBVA). ¿Y con el resto de intereses? Los bancos privados, que son los que mayoritariamente están comprando ahora los títulos de deuda española (financiándose con créditos del BCE al 0,25%, mientras a ellos el gobierno de España les retribuye por encima del 3%) recibirán 1.050 millones de euros de los andaluces en los próximos 6 años. El BCE se lleva un pellizco de 75 millones de euros de los andaluces. El mismo consejero que desprecia los impuestos a las grandes empresas para financiar los servicios públicos se queja amargamente de tener que pagar un peaje multimillonario al gobierno de España. Y como buen neoliberal, lo que le preocupa es el abuso de un gobierno (el central en este caso); ni mención al impresionante rendimiento que la banca privada está obteniendo en estas operaciones.

¿Tiene esto sentido? ¿Hay alternativa? Claro que sí. En lugar de financiar gastos corrientes y servicios públicos mediante el endeudamiento (que en este caso particular, del plan de proveedores, reducirá nuestro presupuesto hasta 2019, nada más que en intereses, en más de 230 millones de euros cada año) se pueden, se tienen, que utilizar impuestos. Como el de las grandes superficies. Como los ecológicos. Como el aplicable al suelo infrautilizado (no sólo las tierras). La presión fiscal es alta sobre quienes pagan impuestos, pero hay muchas personas y sectores económicos que no los pagan, o lo hacen simbólicamente, y hay que llegar a ellos. Esa es la reforma fiscal que, a pesar de lo limitadas de nuestras competencias, debe hacer la Junta de Andalucía.

El gobierno andaluz de izquierdas no puede dejar pasar operaciones de endeudamiento en estas condiciones tan inadecuadas (endeudarse para financiar gasto corriente) como gravosas (a intereses muy altos en términos relativos). El Consejo de Gobierno y el Parlamento tienen que convertirse en campos de batalla para estas políticas: no se pueden aceptar sin más operaciones de endeudamiento sin pelear a fondo la reforma fiscal en Andalucía. Nada más que la decisión tomada «de trámite» anteayer, 632 millones de euros (de los casi 5.000 en total que supone el programa de «pago a proveedores» en Andalucía) implica que los andaluces dejaremos de contar con 30 millones de euros en el presupuesto de 2014. Y en el de 2015. Y en los de 2016, 2017, 2018 y 2019. Y próximamente aumentará este “recorte” en 200 millones de euros adicionales cada uno de estos años para pagar intereses. Estos son recursos económicos andaluces que van a ir en su mayoría a bancos privados, y que se podrían destinar a gasto social, planes de empleo, inversiones públicas… o a eliminar el recorte salarial que se aplica a los empleados públicos andaluces. La Junta no puede seguir al ralentí, es inaplazable el debate para hacer un sistema fiscal mejor en Andalucía. Más impuestos y menos intereses. Es lo justo.