Rafa Rodríguez
Hoy, 11 de agosto se cumplen 87 años del asesinato de Blas Infante. Queremos honrar su memoria construyendo certezas para transformar Andalucía, lo que implica trazar un camino, desde la dependencia y la subalternidad económica que seguimos padeciendo en esta crisis de la globalización, hacia una transición verde para la justicia social.
Frente a la oligarquía, tanto andaluza como española e internacional, que sigue utilizando el centralismo para fundamentar su dominio económico y político, proponemos trazar este camino continuando el andalucismo de Blas Infante que conectó nuestra matriz cultural con la situación de explotación y opresión de las clases populares andaluzas:
a) Poner al trabajo en el centro de los valores sociales, lo que implica seguir luchando por la creación de empleo frente a las 744.600 personas en paro que hay en Andalucía (el 18,05% frente al 11,60% de la media en el Estado), por salarios dignos, empleo estable, trabajo garantizado y reducción de la jornada laboral y participación de los trabajadores y trabajadoras en los consejos de administración de las empresas.
b) Andalucía vive hoy incluso, con mayor intensidad, la emergencia climática global, con un calor sofocante y una dramática escasez de agua. La transición ecológica justa debe ser el eje vertebrador para la transformación estructural de Andalucía a través de:
- El ahorro energético y en el uso de materiales,
- el impulso de la industria sostenible,
- la economía circular,
- una reforma agraria verde,
- nueva cultura del agua,
- desarrollo de una red ferroviaria que sea alternativa al transporte y a los viajes por carretera,
- la implantación efectiva de las zonas de bajas emisiones (ZBE),
- la reforma de las viviendas, sobre todo en los barrios más desfavorecidos, a través de las comunidades de energía renovable (CER) y así reformar las casas y bajar el recibo de la luz,
- todo ello con el objetivo de ser una Comunidad con energía 100% renovable, impulsada por la participación ciudadana donde las Asambleas Climáticas deben desempeñar una función de primer orden.
Los fondos europeos Next Generation pueden contribuir de manera decisiva a estos objetivos si somos capaces de presionar para conseguir que la Junta de Andalucía los utilice adecuadamente (actualmente su gestión está siendo muy deficiente como ha denunciado la Cámara de Cuentas).
c) Se trata de asegurar el bienestar de la población, haciendo que las cargas de la transición recaigan sobre las grandes fortunas y corporaciones, mediante políticas de igualdad que:
- Palien los efectos de la inflación en las rentas más bajas con medidas compensatorias financiadas a través de la creación de un impuesto finalista sobre los beneficios extraordinarios de las grandes empresas.
- garanticen la calidad de los servicios públicos,
- un parque de vivienda pública que incremente la oferta y baje los precios, tanto de alquiler como de compra de vivienda. Ningún desahucio más sin alternativa habitacional digna y estable.
- una renta universal, a través del llamado impuesto negativo sobre la renta, que unifique, simplifique y generalice a toda la población que lo necesita, los subsidios contra la pobreza, teniendo en cuenta que en Andalucía el 29,1% de la población está en riesgo de pobreza (el 20,1% como media en el Estado).
- La reforma integral de los barrios con menores renta, asurando en todo caso el suministro eléctrico.
d) El machismo y, sobre todo, la violencia y los asesinatos de mujeres son una lacra insoportable. 36 mujeres han sido asesinadas en España en lo que va de año, 12 de ellas en Andalucía. Hay que erradicar completamente la violencia contra las mujeres, reivindicando el derecho al tiempo y a la vida, políticas públicas de apoyo y redistribución del trabajo de cuidados, reducción de las jornadas laborales y garantía de condiciones para proyectos personales, de crianza y familiares, con una conciliación real para disfrutar de la vida y protección para las familias.
e) Se tienen que hacer realidad las justas aspiraciones de las personas LGTBQ+ a ser respetadas y a no sufrir ningún tipo de discriminación, acoso o violencia. Igualmente, a tener voz y participar en la toma de decisiones legislativas y administrativas que les afecten, encaminadas a eliminar las barreras que les impidan disfrutar de una ciudadanía plena, en libertad e igualdad.
f) Reivindicamos la plena igualdad para la comunidad gitana que todavía es víctimas de la discriminación, la intolerancia y el racismo, así como por los discursos de odio cometidos en internet. Hay demasiadas personas gitanas que sufren agravios socioeconómicos significativos e incluso exclusión en áreas como la educación, la vivienda y el empleo.
g) Defendemos el absoluto respeto a los derechos de todas las personas extranjeras en Andalucía. Las miles de muerte de personas que intentan llegar a las costas andaluzas, los continuos incendios en los asentamientos chabolistas de inmigrantes que trabajan en el campo, o los obstáculos para la inserción de los jóvenes que ya han cumplido la mayoría de edad, son una flagrante vulneración de los más elementales derechos humanos. Es inaceptable los largos períodos de espera para acceder al procedimiento de asilo, los retrasos en la identificación de vulnerabilidades especiales y las dificultades para acceder a los derechos sociales, incluida la vivienda, la educación y la salud.
h) Nuestro patrimonio cultural tiene unas características propias con una potente singularidad, porque es una cultura popular, producto de un proceso de sincretismo, con una evolución muy dinámica. Promovemos la cultura como uno de nuestros principales recursos para el progreso y nuestro principal patrimonio para una convivencia asentada en los valores de tolerancia, autonomía y equidad, por su carácter universalista, creativo e incompatible con cualquier forma de violencia.
i) Un objetivo fundamental en esta legislatura es avanzar en un modelo de Estado federal. La solución a las tensiones territoriales solo puede venir del avance hacia un modelo federal que dé satisfacción a los diversos sentimientos nacionales, establezca autogobiernos efectivos con capacidad de activar las potencialidades de cada territorio y construya una institucionalidad central que tenga capacidad de redistribuir los recursos mediante la participación en sus decisiones estratégicas de las Comunidades Autónomas. Además, el principio federal debe ser lo que oriente y de coherencia a la posición de España en la Unión Europea.
Proponemos:
- la creación de un órgano mixto entre Estado y Comunidades Autónomas que aborde la reforma federal del Senado para convertirlo en una verdadera cámara territorial de representación, cooperación y participación de las Comunidades Autónomas;
- la aprobación de una ley que regule y le dé el máximo rango a la Conferencia de presidentes autonómicos y a las conferencias sectoriales, como estructuras de codecisión entre el gobierno central y las Comunidades Autónomas;
- la participación de las Comunidades Autónomas en los organismos estatales
- y la descentralización de la ubicación de las sedes de los poderes públicos y de las entidades de forma equilibrada por toda la geografía española, reivindicando, entre otras, Puertos del Estado en Algeciras, el hub aeroportuario en Málaga y Salvamento Marítimo en Almería.
j) El desarrollo integral de nuestro Estatuto y avanzar en la autonomía estratégica de Andalucía, especialmente en materia de energía, innovación, industria y alimentos, como la base y condición necesaria para avanzar en la igualdad de Andalucía y para el equilibrio federal.
k) Particular importancia tiene la reforma del sistema de financiación autonómica y local en esta legislatura, junto con la reforma del sistema fiscal. El nuevo sistema de financiación autonómica lleva años de retraso, ya que el que sigue en vigor ha caducado desde 2014, a pesar de que el sistema de financiación autonómica es el mecanismo más poderoso de transferencias de renta entre territorios y es determinante para el desarrollo del Estado del bienestar.
Necesitamos una nueva financiación autonómica que haga frente a la desigualdad entre territorios y entre personas, que ayude y financie adecuadamente los servicios sociales y que haga efectiva la solidaridad entre los territorios más ricos y los de menor renta, basado en el principio de financiación por habitante ajustado y no discriminación en la distribución de los fondos de convergencia, en línea con el acuerdo del parlamento de Andalucía de 9 de marzo de 2018 sobre el Informe del grupo de trabajo relativo a financiación autonómica, con la incorporación del voto particular presentado por Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía.
Es prioritario impedir que el gobierno reaccionario del PP en la Junta de Andalucía y en los Ayuntamientos, gobernados muchos de ellos en connivencia con VOX, frustren la incorporación de Andalucía a una transición ecológica y social con sus políticas negacionistas y reaccionarias al servicio de los más privilegiados:
- Lejos de impulsar la transición verde para la justicia social, están incentivando un modelo económico especulativo y extractivo que está destruyendo el medio ambiente con consecuencias a veces irreversibles. Estas políticas irresponsables están produciendo una catástrofe medio ambiental y territorial, esquilmando el litoral, amenazando la supervivencia del medio rural, degradando la biodiversidad, contribuyendo a la desertización, contaminando los ríos y provocando el derroche en el consumo de agua. Especial dramatismo tiene el ataque al Parque de Doñana con la “Ley Doñana”.
- Están mermando la calidad de la sanidad pública, con infradotación de la atención primaria y malas condiciones laborales para el personal sanitario, al mismo tiempo que potencian la sanidad privada; no bajan la ratio en la enseñanza primando a la enseñanza concertada y privada, mantienen una insuficiencia alarmante en las plazas ofertadas en guardería y formación profesional pública y conceden autorizaciones para la implantación de universidades privadas sin garantías de calidad, al mismo tiempo que baja los impuestos a las grandes fortunas.
- Denunciamos la grave situación de las políticas culturales en Andalucía. Especialmente preocupante es la situación de la RTVA por la instrumentalización que está haciendo de ella el gobierno del PP convirtiéndola en un medio de propaganda de partido y represaliando a los profesionales que no quieren someterse a sus consignas. Hay que garantizar la total independencia de la RTVA del poder político y de los grupos de presión económicos, así como asegurar su suficiencia financiera.
Para ello es imprescindible seguir consolidando la cooperación de toda la izquierda andaluza, desde sus bases, a través de procesos democráticos, participando y potenciando tanto SUMAR como alternativa unitaria de la izquierda en el Estado como Por Andalucía en el espacio autonómico.
Apoyamos incondicionalmente la formación de un gobierno progresista de coalición en el Estado que:
- impulse la transición verde para la justicia social, con más derechos para la ciudadanía;
- la reforma federal de la organización del Estado y el impulso de la construcción federal de la Unión Europea;
- la profundización de la democracia en todos sus ámbitos, incluida la participación social y económica, la laicidad del Estado y la recuperación de los bienes que han sido inmatriculados por la iglesia católica en los últimos decenios; el avance en la restitución de la memoria y los derechos a quienes sufrieron persecución o violencia por su lucha a favor de la democracia. El avance hacia la III República sigue siendo un objetivo irrenunciable.
Estos ejes, y sus desarrollos, deben estar entre los contenidos del próximo acuerdo del Gobierno progresista de Coalición.
Para hacer realidad la actual expectativa de cambio en Andalucía en torno a una nueva legislatura presidida por un gobierno progresista de coalición es necesario generar un potente movimiento social porque el gran actor del cambio es la gente común, por eso nos situamos lejos de cualquier superioridad moral, poniendo en práctica un nuevo estilo de comunicación y una estética que no busque la diferencia sino la empatía, para adaptarse a la dispersión cultural y social que los cambios económicos y tecnológicos de la globalización y sus crisis está ocasionando en las clases populares y medias andaluzas.