Es hora de Estado Social

La actual configuración constitucional de nuestro Estado tiene una triple dimensión, Estado de Derecho, Estado Democrático y Estado Social, bajo la fórmula consagrada en el primer artículo de la Constitución, “Estado Social y Democrático de Derecho”, que queda inseparablemente unido a los valores superiores de nuestro ordenamiento jurídico: la libertad, la justicia, la igualdad, y el pluralismo político.

El primero en surgir fue la idea del Estado de Derecho, caracterizado por el “imperio de la ley” (toda la actividad debe estar regulado por leyes aprobadas en los órganos de representación popular, los parlamentos), la separación o división de poderes (ya propugnada por Montesquieu en su libro “El espíritu de las leyes”), y la existencia de una declaración constitucional de derechos y libertades (en la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, surgida tras la revolución francesa, ya se indicaba como característica del Estado de Derecho), que ha de ir acompañada de instrumentos que los hagan efectivos para los ciudadanos.

En un momento histórico posterior, ya en el siglo XX, surge la idea de Estado Democrático, caracterizado por el compromiso democrático del aparato estatal, con elecciones para elegir a los representantes de la soberanía nacional mediante sufragio universal, libre y secreto, y acciones dirigidas a posibilitar la partipación del ciudadano en vida pública y política.

La fase más importante, al menos desde mi punto de vista, en la configuración histórica del Estado es la aparición de la vocación social, del Estado Social, sobre todo en la segunda mitad del siglo XX, la apuesta por desarrollar políticas públicas tendentes a la transformación económica y social, la mejora de las condiciones de vida de la ciudadanía, con la introducción de normas programáticas en los textos constitucionales, que vienen a completar las tradicionales parte orgánica (organización de los poderes del Estado) y dogmática (derechos y libertades) de las Constituciones.

Siguiendo al profesor Porras Nadales, se podría definir al Estado social como un “Estado con capacidad para intervenir en la esfera social y económica con el objetivo de atender necesidades sociales y de asegurar un orden armónico en el ciclo económico global. Implica en consecuencia que el Estado asume responsabilidades activas para el cumplimiento de ciertos fines de justicia social, como la igualdad o la solidaridad, a los que debe responder desarrollando una actuación positiva de carácter intervencionista, modificando los efectos negativos del mercado para favorecer a determinados grupos o sectores sociales que tienen una posición más débil”.

 En nuestra Constitución de 1978, el compromiso social de Estado más potente se establece en el  importante artículo 9.2, que establece que  “corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social”. Este es fundamento constitucional actual para nuestro Estado Social.

Pues bien, vivimos en estos momentos históricos de la segunda década del siglo XXI grandes dificultades económicas, graves sufrimientos para los débiles de la sociedad, con incrementos espectaculares de los niveles de pobreza, derivados por la pérdida masiva de puestos de trabajo, amortiguados por la acción solidaria del entramado civil (acciones individuales, organizaciones no gubernamentales, etc).

Ante esta grave situación, el Estado Social debe reforzarse, deben recortarse gastos no adecuados en estos tiempos (defensa, lujos de todo tipo en las altas instancias de las Administraciones, sueldos, pensiones y privilegios escandalosos de los altos cargos del Estado, etc), y tienen que incrementarse las partidas presupuestarias para las políticas sociales, para rescatar desde lo público a millones de personas que no llegan a fin de mes, que no tiene ni para comer ni para pagar los suministros básicos.

Es urgente que los Estados democráticos vuelvan a su compromiso social, que abandonen las tentaciones neoliberales de abandono de las políticas públicas sociales con el falso argumento de la austeridad en el gasto público (se puede ser austero en otras políticas innecesarias), y que vuelvan a mirar de nuevo a los ciudadanos más débiles y vulnerables. En momentos tan difíciles e injustos como los actuales es hora de Estado Social.

 Ángel B. Gómez Puerto. Prof.As. Derecho Constitucional UCO.