Paralelo 36 Andalucia Espacio de pensamiento y acción política
Raúl Solís | El Parlamento Europeo ha dado un toque de atención a España para que las comunidades autónomas no carguen con todo el peso de la reducción del déficit. Ecologistas, liberales, socialdemócratas y conservadores han aprobado un informe que pide al Gobierno de Mariano Rajoy que comparta “de forma justa” la flexibilidad que Bruselas está dando a España para reducir el déficit.
Los europarlamentarios advierten del riesgo que supone que las comunidades autónomas no tengan autonomía para recaudar impuestos propios cuando gestionan las competencias más costosas del Estado del bienestar: Sanidad, Educación, Atención a la Dependencia y Servicios Sociales.
Europa recuerda a Mariano Rajoy que castigar a las comunidades autónomas significa empobrecer a los ciudadanos, mientras la Administración Central del Estado mantiene estructuras ministeriales vacías de contenido y que podrían ser suprimidas para evitar el solapamiento competencial.
Con la eliminación de las delegaciones del Gobierno central en las comunidades autónomas y los ministerios de Educación, Sanidad o Cultura, cuyas materias gestionan los gobiernos de las autonomías, se podría reducir el déficit sin necesidad de estrangular más las finanzas autonómicas. Y de paso dejar de culpar a las autonomías de ser unas manirrotas cuando la realidad es que del total de la deuda española, solamente el 30 por ciento de ésta pertenece a las autonomías, aun gestionando los servicios públicos más costosos y sin autonomía financiera para crear impuestos propios.
El texto aprobado, con los votos de PP y PSOE, advierte que, cuando una comunidad autónoma se financia únicamente con las transferencias del Estado, “es más difícil que pueda ajustar sus gastos a los ingresos”. Es decir, los diputados europeos advierten que sin autonomía fiscal es imposible la autonomía política. Por ello, apelan al principio de subsidiariedad, incluido en el artículo 5 del Tratado de la UE que el Tratado de Lisboa perfeccionó, y que no es más que fomentar que “las decisiones sean adoptadas lo más cerca posible de los ciudadanos” sin que por ello afecte a su eficiencia.
Igualmente, además de reducir los organismos de la administración central en las comunidades autónomas, los eurodiputados proponen reducciones en el costoso gasto militar “para priorizar la consolidación fiscal” sin mermar los derechos que hacen más iguales a los ciudadanos españoles.
Con este tirón de orejas al Gobierno de España, el Europarlamento parece reprender a Mariano Rajoy por su línea ideológica neocentralista a costa de asfixiar financieramente a las autonomías y exigiéndoles una reducción suicida del déficit, cuando, por el contrario, el Ejecutivo español defiende en Bruselas que la Unión Europea flexibilice las condiciones. Si la UE reduce las exigencias a España, las comunidades autónomas también deberían poder beneficiarse de la generosidad de Bruselas, no en vano, las autonomías son parte intrínseca del Estado español.
El Estado no puede, por un lado, pedirle a las autonomías reducir el gasto en mayor proporción que lo hace la administración central; y por otro, acudir, semana sí y semana también, al Tribunal Constitucional a recurrir los impuestos propios que crean los gobiernos autonómicos para cumplir con los draconianos objetivos de déficit que les impone el Estado.
Mariano Rajoy ha impedido que los Gobiernos autonómicos creen un impuesto a la banca para financiar las políticas públicas que gestionan o abortado la idea del Ejecutivo catalán de implantar el euro por receta, medida injusta que atenta contra la igualdad de los ciudadanos y no contra la “indisoluble unidad de la nación española” que está sirviendo para que los españoles seamos cada vez más pobres y desiguales, eso sí, unidos indisolublemente.
La única amenaza para la unidad del Estado español es la pobreza, la desigualdad y la injusticia, no que las comunidades autónomas tenga más capacidad fiscal para poder gestionar los servicios que prestan y que el Gobierno central no financia a través de sus presupuestos generales del Estado.
