Rafa Rodríguez
1. La reformar de la Constitución requiere justificar que lo que se quiere reformar solo se puede resolver modificando la Constitución
La reforma de la Constitución está ya en la agenda política. Requiere propuestas concretas, pero previamente requiere un diagnóstico que justifique que lo que se quiere reformar solo se puede resolver modificando la Constitución y que por lo tanto no bastan reformas en la legislación ordinaria.
2. La Constitución representa el consenso social mínimo capaz de dotar de reglas al conflicto político
La reforma de la Constitución es tal vez el proceso político más complicado porque la Constitución no es solo la norma que sostiene todo el ordenamiento jurídico sino que también representa el consenso social mínimo que une a toda la sociedad y es capaz de dotar de reglas al conflicto político que a su vez canaliza los múltiples conflictos que se producen en una sociedad tan desigual como la nuestra.
3. La reforma constitucional para articular una estructura federal es imprescindible, porque la actual estructura está provocando un fallo de sistema
En este artículo defendemos que es necesaria la reforma para articular una estructura federal porque la actual estructura está provocando un fallo de sistema y serias amenazas no solo para la cohesión política sino también para la cohesión social, al poner en riesgo el propio estado del bienestar.
4. La desigualdad entre Comunidades Autónomas es la causa más importante de las tensiones territoriales. La actual estructura no ha servido para corregir esta desigualdad
La desigualdad entre Comunidades Autónomas es la causa más importante de las tensiones territoriales, pero a su vez es el resultado de una estructura territorial incoherente que se ha ido polarizando, a medida que transcurrían los años, entre otras causas por la crisis económica, el diseño defectuoso del Euro y las políticas neoliberales y centralistas de los gobiernos que han dirigido la administración central del Estado.
5. Por qué el actual sistema no corrige la desigualdad territorial
Un sistema federal tiene dos componentes imprescindibles: por una parte, los estados federales y la federación y por otra la articulación de esos estados federales con la federación. En el sistema autonómico, a las CCAA le falta estatalidad, como por ejemplo la consideración de los estatutos como normas constitucionales compatibles con la constitución federal, pero sobre todo y, en conexión con esta falta de reconocimiento, lo que diferencia al actual régimen autonómico de un sistema federal es la ausencia de articulación entre las CCAA y el Estado central. El actual Senado, lejos de cumplir esta función, se ha convertido no solo es un órgano inútil a efectos de la coherencia del sistema territorial sino que es un obstáculo para el mismo.
La ausencia de articulación permite la “autonomía completa del Estado” que legisla sobre la totalidad del territorio, sin tener en cuenta la voluntad de las CCAA., desde una posición de superioridad y de monopolio del control de los resortes más transcendentes del poder, con un efecto de concentración de sus beneficios, sobre todo en Madrid por el efecto de capitalidad.
Al mismo tiempo, la ausencia de articulación provoca una dinámica centrífuga en las CCAA más ricas que ven en la pertenencia al Estado solo costes, como sucede con gran parte de la opinión pública catalana, y a las que hay que amortiguar esta percepción a base de privilegios (como sucede con el País Vasco o Navarra mediante una financiación exenta de contribuir a la solidaridad interterritorial).
6. Hay un fallo estructural en el sistema constitucional de organización territorial del Estado
En la actual organización territorial del Estado se ha producido un fallo de sistema como lo demuestra la necesidad de aplicar el estado de excepción autonómico a Cataluña (el 155 de la CE) y la aprobación de una rebaja aún mayor en el cupo vasco, al mismo tiempo que se han acentuado las diferencias entre las CCAA más ricas y las más empobrecidas (el PIB per cápita en 2016 de Madrid ha superado un 36,5% la media del Estado mientras que el de Extremadura ha sido inferior en un 31,7%).
Lo paradójico es que estas señales del fallo de sistema se han dado simultáneamente: ruptura con la legalidad de los dirigentes del process; aprobación de la excepcionalidad del 155; aprobación de la rebaja del cupo vasco; aumento histórico de las desigualdades económicas entre las CC.AA.
7. Por qué se ha optado por mantener el statu quo y no corregir el fallo de sistema
El sistema de CCAA ha proporcionado una apariencia de democracia territorial cuando en realidad el poder ha seguido estando bajo el control de Estado central que a su vez ha sido monopolizado por un reducido espectro político (las élites de la derecha y del socialiberalismo) en connivencia de intereses con las élites económicas y de las derechas nacionalistas de Cataluña y País Vasco. El actual sistema ha permitido una estructura de poder muy favorable a las élites.
El vértice del Estado ha sido una auténtica “caja negra” donde se han tomado decisiones estratégicas al margen por completo de la opinión pública. Este centralismo fáctico ha sido un muro de contención para que el pluralismo y la transparencia llegase al conjunto del Estado y ha permitido toda clase de privilegios tanto para esas élites políticas (las puertas giratorias le han proporcionado toda clase de privilegios) como a las elites económicas (que han diseñado una economía especulativa con grandes rendimientos a corto plazo).
La desconexión entre las CC.AA. y el Estado central ha permitido la autonomía del Estado central para el mantenimiento de las estructuras de poder que han jugado a favor de:
- Determinados sectores económicos (Banca, sector eléctrico, determinados medios de comunicación, telecomunicaciones, constructoras, etc.) que se desarrollan a través de una fuerte simbiosis con el sector público. El gobierno central ha conservado a resguardo el monopolio de las decisiones estratégicas sobre estos sectores.
- El control pleno del sistema fiscal cuya presión ha mantenido siete puntos por debajo de la eurozona (34% frente a 41%) sobre todo por la baja presión sobre las grandes empresas en el impuesto de sociedades (IS).
- El bajo gasto social en España que es inferior a 4 puntos con respecto a la media europea (24,7% frente al 29%).
- La distribución de la renta primaria (salarios y beneficios empresariales) a favor de los beneficios empresariales condicionándola mediante las decisiones sobre las reformas laborales.
- La inaplicación de los artículos de la constitución que inciden en la planificación económica como el 131 (1. El Estado mediante ley podrá planificar la actividad económica general para atender a las necesidades colectivas, equilibrar y armonizar el desarrollo regional y sectorial y estimular el crecimiento de la renta y de la riqueza y su más justa distribución. 2. El Gobierno elaborará los proyectos de planificación, de acuerdo con las previsiones que le sean suministradas por las CCAA y el asesoramiento y colaboración de los sindicatos y otras organizaciones profesionales, empresariales y económicas. A tal fin se constituirá un Consejo, cuya composición y funciones se desarrollarán por ley.).
- El monopolio de las relaciones del Estado central con la UE.