Paralelo 36 Andalucia Espacio de pensamiento y acción política
Cursos disponibles: Personas ocupadas en pymes, Economía Social y Autónomas
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La última convocatoria fue en el 2011, hace ya un lustro. Se ejecutó en el 2012 y son ya 4 años sin cursos y 5 sin subvenciones para ello, por lo que la Junta ya ha tenido que devolver al Estado 280 millones de euros de partidas no ejecutadas. Haciendo un cálculo rápido del coste medio por persona y curso, que está en torno a 450 euros, se habría dejado de formar a mas de 600.000 personas en nuestra Comunidad durante estos cinco largo años, es decir, al 61% de las actualmente 972.668 personas que están en el paro a fecha de Enero del 2016.
Toda vez que también, y según la Cepac (la patronal del sector de la formación en Andalucía), esto ha llevado al paro a más de 30.000 personas del sector durante este tiempo, nos muestra un oxímoron en toda regla para unos fondos que tratan de combatir la tasa de paro más elevada de Europa. No sólo no la combaten por pura negligencia administrativa sino que además la engordan, expulsando del mercado laboral a los propios formadores. Si a esto le añadimos los múltiples estudios existentes sobre el paro estructural en Andalucía que nos indican en su mayoría que un amplio porcentaje (casi un 10%), está producido por la falta de formación profesional, tenemos el cóctel perfecto para ver hacia dónde nos quiere llevar esta administración que se toma la libertad de llevar paralizada la friolera de cinco largos años en plena crisis laboral y de emergencia social. No es que ya el trabajo haya dejado de garantizar la simple subsistencia digna de las personas por las sucesivas reformas laborales, sino que además, la falta de este mismo, es algo que por lo visto no está demasiado “mal considerado” por la Junta de Andalucía a tenor de su implicación en el tema y la falta evidente de acciones encaminadas a evitarlo.
69 personas van a pasar por la Comisión de Investigación aprobada por el Parlamento de Andalucía (con el voto en contra del PSOE-A) para “depurar las responsabilidades en el otorgamiento de subvenciones para la formación”, desde la propia presidenta actual hasta alumnos de estos cursos, pasando por los ocho Directores Generales actuales, que se debe hacer sin duda alguna aunque vaya a durar mas de cinco meses, pero en la política andaluza actual sigue siendo por lo visto mas importante señalar y/o depurar “responsabilidades políticas” que corregir este dislate, ya que aparte de esta medida, muy necesaria insisto, no se ha propuesto la creación de una línea paralela administrativa y de garantías para que se pueda subvertir el proceso e invertir fondos que si existen en la formación de personas, para evitar seguir echando, año tras año, más gente a la gran hoguera andaluza del paro, de la precariedad laboral y de la falta total de oportunidades para todos y para todas.
V.Algarín
