Fracaso de la “concertación social” en Andalucía.

Cuando se constituyó el nuevo gobierno andaluz en el pasado mes de abril, tras la dimisión de Chaves y la designación parlamentaria de Griñán, uno de los primeros objetivos políticos que anunció el nuevo ejecutivo fue conseguir el VII acuerdo de concertación social con sindicatos y empresarios antes del 15 de  julio. El escenario de crisis hacía más urgente aún ese nuevo acuerdo. Recordemos que tanto empresarios como sindicatos llevan muchos años recibiendo y gestionando importantes subvenciones para políticas activas de empleo en el marco de los anteriores seis acuerdos.

Ha pasado ya esa fecha. Andalucía cuenta con un millón de parados, una tasa de paro del 25% sobre la población activa, y nuestros interlocutores políticos, sociales y económicos han sido incapaces de aprobar un documento que plantee soluciones para la desastrosa situación económica y social en la que se encuentra Andalucía, con situaciones dramáticas de miles de familias con todos sus miembros en paro y sin apenas recursos para pagar suministros básicos.

Creo que el Parlamento de Andalucía debería asumir la responsabilidad central en este asunto, y aprobar un plan especial y urgente de apoyo al empleo, con cuatro ejes básicos  y estratégicos:

I.  Aprobar, en los Presupuestos de Andalucía para el 2010, una  importante transferencia especial a los municipios andaluces para la contratación directa de desempleado/as, para la realización de obras de interés general: labores de mantenimiento y limpieza de ciudades y pueblos, gestión de residuos, trabajos forestales de prevención de incendios, etc. Los contratos habrían de ser al menos de un año,  se habrían de distribuir en función de los datos de paro de cada municipio, y deberían ser beneficiarios sobre todo los desempleos con menos cualificación profesional, los más castigados por el incremento espectacular del desempleo.

II. Reordenar las políticas de formación y orientación a desempleado/as de Andalucía, priorizando tan sólo las acciones formativas realmente demandadas por el mercado de trabajo, reduciendo las acciones genéricas de orientación (muy desarrolladas ya en los últimos años), y apostando decisivamente por la contratación directa de los desempleado/as por parte de las entidades locales para esas obras de interés general, en el sentido señalado anteriormente.

III. Apostar por el incremento importante de acciones formativas para desempleado/as que sean remuneradas y con alta en seguridad social, como los actuales talleres de empleo, una herramienta que se hace necesaria en estos tiempos de grave quiebra del empleo.

IV. El Parlamento de Andalucía debería ser audaz, actuar autónomamente, y asumir el compromiso político de transferir en breve las políticas de empleo a los Ayuntamientos andaluces, que constituyen la administración que está permanentemente en contacto con la lacra social que es ya el desempleo en Andalucía.