Paralelo 36 Andalucia Espacio de pensamiento y acción política
EditorialP36.26/06/2010.
La reciente modificación del decreto que regula las condiciones de implantación y funcionamiento de los campos de golf en Andalucía supone una regresión agresiva en materia de sostenibilidad económica, ambiental y territorial. La modificación de cuatro artículos y la disposición transitoria del Decreto 43/2008, regulador de las condiciones de implantación y funcionamiento de campos de golf en Andalucía, va desvirtuar cualquier regulación desde el punto de vista deportivo y ambiental de estas instalaciones y conduce a mantener la vinculación entre campos de golf y
urbanizaciones.
El gobierno andaluz inyecta en nuestro territorio una dosis de carcinógeno que favorecerá una virulenta metástasis destructiva. Con este nuevo decreto, el
309/2010, se elimina el requisito de que los campos de golf declarados de “interés turístico” tengan que estar contemplados en los planes subrregionales de ordenación del territorio, igualmente se elimina la obligación de su incorporación a los planes de ordenación urbana de los municipios, sustituyendo por la posibilidad de utilizar cualquier instrumento procedimental de modificación de la planificación territorial.
De este modo se eliminan garantías de participación ciudadana y de debate político abierto. Además, en la nueva redacción el gobierno andaluz se arroga la posibilidad de modular los requisitos sobre crecimiento poblacional y crecimiento urbanístico establecidos en el POTA, si establecer límites precisos. En cuanto a los requisitos para obtener la declaración de interés turístico se elimnina la obligación de presentar una memoria de viabilidad económica, lo que quiere decir que gobierno, entidades financieras, promotores y constructores ya no se fían ni de ellos mismos. Esto se añade a el establecimiento de que la citada declaración no tiene plazo de caducidad, hipotecando sine die el territorio afectado.
En otro orden de cosas, amplía a cuatro años más, que se suman a los dos que
establecía el decreto anterior, para que los campos de golf existentes se adapten al uso eficiente de los recursos hídricos, y para que efectúen actuaciones de integración y compatibilidad ambiental y territorial.
Ya no nos gustaba el decreto anterior pues mantenía la vinculación entre instalación deportiva y urbanizaciones a través de la figura de “declaración de interés turístico,” no regulaba el uso del agua ni de los agrotóxicos, entre otros efectos sobre los recursos naturales y el paisaje. La nueva regulación es en realidad una desregulación que nos retrotrae a la situación anterior al primer decreto.
El gobierno andaluz crea las condiciones para que se mantengan los expolios de
capital ambiental, agrario y económico que el viejo modelo urbanístico ha provocado. Una vuelta a las andadas, insistiendo en un modelo turístico y económico depredador y agotado. Recordemos que un sólo campo de golf necesita el agua de una población de 10.000 habitantes, y que el empleo que genera es minúsculo en relación a otras nuevas potencialidades.El gobierno andaluz sirve en bandeja las condiciones para que alcaldes, corruptos y especuladores sigan haciendo de las suyas. En este sentido hemos de afirmar que el gobierno Griñán no se diferencia del gobierno Camps.
