Hacia una segunda transición. (1. La situación actual)

a)     Una crisis no coyuntural.

 

La crisis económica dura ya tres años y aunque en nuestro imaginario, alimentado por los continuos pronósticos de horizontes temporales para su finalización, sigue teniendo una naturaleza coyuntural, la evidencia es que este huésped tiene toda la intención de fijar su residencia de forma permanente.

 

b)    La incertidumbre y el riesgo se instala en el entorno global.

 

El bucle que forman la crisis medio ambiental, en su doble dimensión de inputs (presión sobre los recursos, especialmente horizonte de escasez del petróleo) y outputs (contaminación y cambio climático) con los mecanismos artificiales que el capitalismo diseñó para el crecimiento en la etapa de la globalización (burbuja financiera + inmobiliaria) por una parte y la recesión y el paro, por otra, sigue produciendo incertidumbre y riego permanente.

 

El crecimiento en el primer trimestre del 2010 de los BRIC (Brasil, Rusia, India y China) contrasta con la crisis (impensable) del euro y las dificultades para frenar el déficit público en EEUU y Europa, lo que parece indicar una reestructuración de las zonas económicas y una transformación, en parte, de la deuda de las entidades privadas en deuda pública como consecuencia de los Planes de Intervención puesto en marcha por los Estados frente a la crisis.

 

La tenaza global entre las disyuntivas “crecimiento versus subida de las materias primas y calentamiento global” o “recesión versus paro y déficit públicos” y la falta de una respuesta cooperativa del sistema internacional, están generando múltiples fallos funcionales en cada una de las etapas de esta ya larga crisis que en estos momentos se concreta en las tensiones entre las principales monedas internacionales y especialmente sobre el euro.

 

c)     La mayor crisis de la Unión Europea.

 

La crisis de la zona euro es sobre todo una crisis de la UE. La estrategia europea de intervención de los Estados para apuntalar sus sistemas financieros olvidándose de la economía real ha llevado a los Estados con una economía menos productiva a una situación fiscal muy difícil. Sin embargo, a la hora de hacer frente a situaciones de emergencia como la de Grecia la descoordinación ha sido total debido a la falta de relación entre las instituciones políticas comunitarias y la zona euro; a la posición defensiva de Alemania y a la falta de liderazgo de la presidencia española, tanto por la falta de credibilidad del Zapatero en Europa como por el ensombrecimiento del papel de la presidencia tras la aprobación del tratado de Lisboa, hasta el punto de que Zapatero ha sido excluido de las cumbres sobre los planes de rescate sobre Grecia. Esta falta de liderazgo se ve además amenazada por la crisis de Bélgica que es el Estado que tomará el relevo en la presidencia el 1º de julio de este año.

 

d)    El Estado Español se asoma al abismo.

 

El Estado español, cuyos sucesivos gobiernos desarrollaron en el terreno económico políticas cuantitativas de crecimiento muy similares, se encuentra en el epicentro de la crisis (zona euro, deuda externa, tasa de paro en el 20%, déficit público del 11,2%, sectores productivos obsoletos, dependencia energética, etc.). En estos últimos días además, y en el breve contexto expuesto anteriormente, la evidencia de la gravedad de la situación se impone sobre las reiteradas afirmaciones del carácter coyuntural de la crisis y de la “milagrosa” recuperación y demás inventos de brotes verdes: el paro sobrepasa en España el 20% (lo que dificulta las previsiones de controlar el déficit público), la deuda externa no baja, el Ibex pierde la línea de los 11.000 puntos, la deuda pública se encarece por la rebaja de su calificación por S&P, etc. Además la crisis cada vez es más asimétrica dentro del propio Estado: el paro baja en el País Vasco y sube en Canarias y Andalucía, con las que las tensiones territoriales se multiplican aunque revistan discursos dispares. 

 

e)     El bipartidismo agrava la situación.

 

El sistema político bipartidista español, ante esta situación de emergencia, lejos de ofrecer soluciones se está convirtiendo en un agravante de la crisis no sólo porque se ha instalado en la pasividad y el sectarismo sino porque añade elementos de desestabilización e incertidumbre a esta situación ya de por sí  caótica.

 

La crisis política, que se ha superpuesto en los últimos meses a la crisis económica, se puede sintetizar en cuatro aspectos:

 

a)     Generalización de la corrupción en las Instituciones Publicas, que tiene muy tocado al PP como alternativa (ex presidente autonómico, tesorero, diputados, dirigentes, etc.) ya que votarlo implicaría para el cuerpo electoral la tolerancia de la corrupción. Bastan tres pinceladas sobre su gravedad: actualmente hay imputados más de 800 cargos públicos; la ciudadanía considera a la clase política, de forma reiterada en el informe mensual del CIS, el tercer problema después del paro y la situación económica y el índice de Percepción de la Corrupción (CPI) que anualmente elabora Transparency International sitúa a España en el puesto 32 en 2009, descendiendo 4 puestos con respecto a 2008. Ya veremos lo que ocurre en este año.

 

b)    Crisis del Poder Judicial (en sentido amplio). A la ineficiencia de los tribunales se suma el escándalo internacional por el procesamiento en el tribunal Supremo, a instancias de grupos de la ultraderecha, del juez Garzón por abrir diligencias para averiguar el paradero de los desaparecidos a causa de la represión franquista y la inactividad del Tribunal Constitucional sobre el recurso contra el Estatuto de Cataluña que, como dice Manuel Vicent, “Sucedió hace más de tres años y los ciudadanos no saben todavía si los magistrados están vivos o ya han muerto”.

 

c)     Desconfianza sobre la eficiencia de la estructura política administrativa existente, muy adaptada a la lógica desarrollista tanto económica como política, como instrumento para combatir la crisis. El crecimiento económico disimuló y potenció las graves consecuencias sobre la eficiencia de las Administraciones Públicas que acarrea su utilización partidista: empleos artificiales, financiación indirecta de los partidos, subvenciones y contratos para fomentar el clientelismo electoral, etc. La derecha intenta hacer recaer toda la responsabilidad sobre las Comunidades Autónomas, olvidando que quien no ha adelgazado ha sido el Estado (y su prolongación territorial, las Diputaciones) que ha aportado al déficit público del 2009, 6,4 puntos porcentuales, frente a 4 puntos las Comunidades Autónomas y 1,6, las Entidades Locales.

 

d)    Intento por parte de la derecha de identificar las causas de la mala situación con los valores de la izquierda social mediante su confusión con la gestión de Zapatero y sus métodos electoralistas de ocultación de la crisis y ausencia de una estrategia clara para combatirla, con el objetivo de popularizar valores reaccionarios para que calen en la opinión pública las recetas liberales para desmantelar el Estado del Bienestar ante la ausencia de propuestas estratégicas de la izquierda social.

 

Es decir, que en medio de una crisis económica internacional sin precedentes y con 4,6 millones de parados, nos encontramos que se ha generado una enorme desconfianza sobre los garantes del Estado de Derecho y de la Constitución, sobre las estructuras de las Administraciones Públicas, sobre la clase política, sobre el Gobierno que tiene que liderar la lucha contra el paro y la crisis y sobre la oposición mayoritaria envuelta, en su núcleo, en múltiples escándalos de corrupción.

 

e)     Culminar la democratización del Estado Español.

 

Pues bien, en estas circunstancias y de forma imprevisible hay señales que convergen en una revisión de las bases de la transición sobre los tres aspectos más significativos del déficit democrático que implicó la ruptura pactada del franquismo:

 

a)     La impunidad política y social de los responsables y colaboradores del franquismo, que está comenzando con el cuestionamiento de la Ley de Amnistía de 1977 pero que puede prender incluso en el cuestionamiento social de la Monarquía sobre todo en el momento de la sucesión.

 

b)    La consideración exclusiva de España como nación en la Constitución y la indisolubilidad de España como “patria común e indivisible”. A este respecto es importante señalar el efecto búmerang que ha tenido la (no) actuación del TC en el cuestionamiento del Estatut ya que ha pasado de cuestionador a cuestionado, la hegemonía del nacionalismo soberanista y democrático catalán en Cataluña y su posible influencia sobre el nacionalismo radical vasco lo que puede significar el enterramiento de la organización terrorista ETA. 

 

c)     Los privilegios de la Iglesia católica que se hacen más llamativos ante las campañas islamófogas en nombre del Estado laico o del feminismo. Es demasiado evidente la parcialidad del Estado a favor de la Iglesia Católica sobre todo mediante su financiación, los colegios concertados o actuación como la apropiación de la mezquita – catedral de Córdoba así como el silenciamiento de su estructura radicalmente machista que conculca los principios básicos de la Constitución.

 

Parece pues evidente que estamos asistiendo al final de una etapa y que el sueño del capitalismo infinito se ha truncado en una pesadilla sobre nuestro futuro. Así, lo que antes soportábamos por puro pragmatismo empieza a tornarse en insoportable por inútil. La duda está en si de esta dinámica lograremos extraer las energías sociales necesarias para cambiar el modelo de estructura económica y culminar la tarea de democratización del Estado español o si por el contrario se va a utilizar como una estrategia puramente electoralista del Gobierno y del PSOE.

 

f)      Un pacto de Estado para consensuar la segunda transición.

 

 

Estamos ante una grave disyuntiva: o preparamos una segunda transición o nos instalamos en una situación caótica con riesgo de involución, teniendo en cuenta además el contexto global y europeo.

 

Esta segunda transición necesita un gran pacto de Estado que supere la dinámica bipartidista y que aborde al menos:

 

a)     El objetivo de reducir la tasa de paro al menos al 10% y reducir el déficit al 3%.

 

b)    La democratización, moralización y federalización del Estado.

 

c)     La defensa de los derechos sociales y laborales.

 

d)    El cambio de las estructuras económicas para adaptarnos a la sociedad postindustrial.

 (Pintura de Angel Fernández «mais que nada»)