Hacienda es la casta

La llamada doctrina Botin es un línea de interpretación, o jurisprudencia, establecida por el Tribunal Supremo en un caso donde estaba implicado el difunto, que Dios lo tenga en su gloria VIP, Emilio Botin. En esta interpretación considera el alto tribunal que cuando no hay acusación de la fiscalía ni de la abogacía del Estado, solo se mantiene la acusación y no la lesión para bienes o intereses generales, no debe haber enjuiciamiento. Simplificando que el acusado queda libre de toda responsabilidad penal.

Esta doctrina no es pacífica, no todas las interpretaciones en casos similares del Tribunal Supremo van en el mismo sentido, ni consolidada en el ámbito doctrinal, ha habido múltiples criticas en la academia a dicha posición. Hay que decir que la doctrina no es aplicable a cualquier tipo de de delitos sino a una gama muy específica de índole económica y que tiene que ver con las obligaciones fiscales. La perversidad de este tipo de interpretaciones es clara pues permite al gobierno que indirectamente controla a la fiscalía y a la abogacía del Estado exonerar de responsabilidades penales con el simple truco procesal de no mantener la acusación. La interferencia potencial en la división de poderes es evidente. El hecho de que dicha doctrina se inaugurara con el máximo accionista del banco más poderoso de España, no ayuda precisamente a realizar una valoración mas benigna.

Hay otras perversiones de esta doctrina cuyos efectos colaterales en el futuro no se nos deben ocultar pues pueden emplearse en otros casos. ¿Que implicaciones puede tener que un daño ilícito a la hacienda pública puede ser equiparado a la lesión de un bien particular y no general o público? ¿Es posible, aunque asi lo sea por necesidades procesales y de forma meramente instrumental; considerar al Estado como un sujeto particular y a los ingresos fiscales como bienes privados? En definitiva, y como decía la abogada de la imputada Cristina de Borbón; ¿es cierto que el lema “Hacienda somos todos” es solo eso, un eslogan publicitario? Y todo esto sin entrar a considerar la naturaleza legal de la imputada, que no es una ciudadana privada sino una Infanta de España, miembro de la familia real, con un estatuto especial que si bien no esta amparada por la irresponsabilidad legal del rey, si debería estar sometida a una sujeción especial en el cumplimiento de la ley similar o mayor que aquellas que regulan la responsabilidad de los cargos públicos y los funcionarios o asimilables.

Ciertamente si “Hacienda no somos todos” y cualquier ciudadano o asociación civil no puede estar legitimado para emprender o mantener una querella y si no hay acusación, ¿como va a haber proceso? Pero en realidad, si desde la instrucción se hubiese sido coherente con la doctina Botin, cosa que afortunadamente el juez Castro no ha sido, no deberia siquiera haberse llegado a este momento procesal de la vista oral. No estamos jurídicamente ante lo que se suele denominar en los debates doctrinarios un “caso difícil” sino ante un dilema político, de política legal, muy grave que puede tener consecuencias jurídicas y políticas demoledoras para el Estado de Derecho y la democracia en España.

Si se aplica la doctrina del caso Botín a la imputada Cristina de Borbón, ésta no habrá salido absuelta de las acusaciones que recaen sobre ella sino que se habrá cumplido la opinión y la voluntad reiteradamente expresada del gobierno contraria al procesamiento de la Infanta. En la práctica para la opinión publica española Cristina de Borbón no habrá sido declarada inocente sino inimputable en materia fiscal. Esto, como muy bien han visto diversos analistas, equivaldría a una condena política de mucha mayor gravedad y larga duración que aquella que le correspondería por los delitos que se pretenden juzgar.

¿Le están haciendo pues un flaco favor el gobierno, por la mano interfecta de fiscal y abogado del Estado, a la monarquía con el empeño en sacar del proceso a Cristina? Si pero también creo que la conexión en este caso entre Moncloa y Zarzuela es completa como no podría ser de otra manera; y es pues la misma monarquía la que es responsable de esta encrucijada. ¿Por qué? El largo y múltiple historial de ladrocinio e impunidad de la institución no quiere abrir la puerta, sentar precedente, a los banquillos judiciales pero aun asi creo que se equivocan, más todos sabemos que los borbones no han destacado precisamente por su inteligencia.

¿Cómo entenderán los ciudadanos multados por la Agencia Tributaria o procesados por delitos que la Infanta, por ser vos quien sois, quede libre de esas penalidades procesales? La respuesta no puede ser otra que “hacienda somos nosotros pero Hacienda es la casta”.