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La Organización Profesional de Inspectores de Haciend adel Estado (IHE) considera que el trato que se está dando a los presuntos defraudadoresde miles de millones de euros a la Hacienda Española, a través de cuentas opacas enSuiza, es escandaloso, injusto y por los antecedentes de los que se done,probablemente ineficaz.
Según informaciones publicadas por toda la prensa en el día de hoy, la Agencia Tributaria
habría recibido información de miles de contribuyentes con cuentas opacas en Suiza que
habrían incumplido presuntamente sus obligaciones fiscales, mediante la evasión de
capitales a esta jurisdicción con un secreto bancario casi absoluto.
La Agencia Tributaria, en lugar de haber iniciado inspecciones de estos contribuyentes o,
en su caso, haber puesto en conocimiento de la Autoridad Judicial los presuntos delitos
fiscales cometidos, ha “requerido” a estos contribuyentes para que presenten
declaraciones complementarias, y con ello eviten su responsabilidad penal, e incluso las
sanciones administrativas, sustituyéndose todo ello por un recargo que no excede del
20% de las cuantías presuntamente defraudadas.
Estas actuaciones suponen un escandaloso privilegio para unas personas que
presuntamente han incumplido gravemente sus obligaciones fiscales. A los demás
contribuyentes no se les dan oportunidades adicionales de regularización, y se les
impone el sistema sancionador administrativo o penal, con todo el peso de la Ley.
Por otra parte, si desde instancias gubernamentales se ha justificado, por ejemplo, el
trato fiscal a las SICAV con el argumento del riesgo de deslocalización y de fuga de
capitales de endurecer su régimen fiscal, por este mismo motivo se debería ser
especialmente duro e implacable con unos contribuyentes que no sólo han incumplido
absolutamente sus deberes fiscales, sino que han deslocalizado sus capitales ilegalmente,
con un gravísimo perjuicio a la Economía Nacional en su conjunto.
Organización Profesional de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE)
En la práctica, estas actuaciones se asemejan a una amnistía fiscal, porque permite a
estos contribuyentes regularizaciones, incluso parciales, y se les pone sobre aviso de la
información de que dispone la Administración Tributaria. De producirse regularizaciones,
probablemente serán sólo parciales, no aflorando estos defraudadores más que los
importes que la propia Agencia Tributaria les informa que conoce.
INEFICACIA PROBADA DE ESTAS PRÁCTICAS
La Agencia Tributaria está volviendo a actuar de la misma forma que cuando recibió el
listado de cuentas opacas en Liechtenstein: emitir requerimientos “invitando
amablemente” a que los contribuyentes implicados regularizasen voluntariamente su
situación fiscal. El resultado, más de dos años después, no ha podido ser más
desalentador: regularizó voluntariamente un 20% de los contribuyentes. Los que no han
regularizado no han pagado los impuestos, supuestamente defraudados, ni se les ha
impuesto ningún tipo de medida cautelar, ni personal, ni prisión, ni patrimonial, ni ningún
otro tipo de embargo.
Con este precedente es más que probable que, si se repite este modo de actuación, el
porcentaje de “regularizaciones voluntarias” será todavía menor, y el escándalo para la
opinión pública aún mayor.
Los Inspectores de Hacienda consideran que se debe garantizar en todo momento la
estricta aplicación de las leyes vigentes en un Estado de Derecho, y que esto incluye que
cuando los órganos administrativos tienen conocimiento de incumplimientos importantes
y graves de las leyes fiscales, se deben iniciar inmediatamente las actuaciones
inspectoras que garanticen los derechos de la Hacienda Pública: el dinero de todos los
españoles.
Si se tienen indicios racionales de la comisión de delitos contra la Hacienda Pública, los
hechos se deben poner en conocimiento de la Autoridad Judicial. Ésta es la obligación
que impone el ordenamiento vigente a todos los funcionarios públicos.
En cualquier caso, para que las declaraciones complementarias extingan la
responsabilidad penal de los implicados, es necesario que sean veraces, completas y que
el importe debido se ingrese. La Organización Profesional de Inspectores de Hacienda
insta a que se realice la adecuada comprobación de las declaraciones complementarias
para evitar la repetición del bochornoso espectáculo de Liechtenstein, donde el
cumplimiento de dichas obligaciones fiscales no fue comprobado y quedó al albur de lo
que quisieron los propios defraudadores.
IHE lleva muchos años denunciando la situación de falta de medios en la Administración
Tributaria. Esta situación se ha agravado en los últimos tiempos y todos los funcionarios
de la misma han sufrido un grave recorte de sus retribuciones. No obstante, pese a la
situación de desánimo generalizado, y con una enorme carga de trabajo, los Inspectores
siguen considerando irrenunciable la persecución de los casos más graves e insolidarios
de fraude fiscal. En consecuencia, la Organización Profesional de Inspectores de Hacienda
se pone a disposición de las Autoridades para aportar todo nuestro esfuerzo en la
investigación de estos graves delitos y garantizar así la inexistencia de impunidad.
Madrid, 24 de junio de 2010
del Estado (IHE) considera que el trato que se está dando a los presuntos defraudadores
de miles de millones de euros a la Hacienda Española, a través de cuentas opacas en
Suiza, es escandaloso, injusto y por los antecedentes de los que se dispone,
probablemente ineficaz.
Según informaciones publicadas por toda la prensa en el día de hoy, la Agencia Tributaria
habría recibido información de miles de contribuyentes con cuentas opacas en Suiza que
habrían incumplido presuntamente sus obligaciones fiscales, mediante la evasión de
capitales a esta jurisdicción con un secreto bancario casi absoluto.
La Agencia Tributaria, en lugar de haber iniciado inspecciones de estos contribuyentes o,
en su caso, haber puesto en conocimiento de la Autoridad Judicial los presuntos delitos
fiscales cometidos, ha “requerido” a estos contribuyentes para que presenten
declaraciones complementarias, y con ello eviten su responsabilidad penal, e incluso las
sanciones administrativas, sustituyéndose todo ello por un recargo que no excede del
20% de las cuantías presuntamente defraudadas.
Estas actuaciones suponen un escandaloso privilegio para unas personas que
presuntamente han incumplido gravemente sus obligaciones fiscales. A los demás
contribuyentes no se les dan oportunidades adicionales de regularización, y se les
impone el sistema sancionador administrativo o penal, con todo el peso de la Ley.
Por otra parte, si desde instancias gubernamentales se ha justificado, por ejemplo, el
trato fiscal a las SICAV con el argumento del riesgo de deslocalización y de fuga de
capitales de endurecer su régimen fiscal, por este mismo motivo se debería ser
especialmente duro e implacable con unos contribuyentes que no sólo han incumplido
absolutamente sus deberes fiscales, sino que han deslocalizado sus capitales ilegalmente,
con un gravísimo perjuicio a la Economía Nacional en su conjunto.
