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Andalucía sólo puede ser comprendida a partir de la estrecha relación existente entre sus gentes y la naturaleza que la ha sustentado a lo largo de los siglos. La defensa de la integridad territorial andaluza adquiere un sentido más amplio en la defensa de la integridad de los valores naturales presentes en el territorio andaluz. Los diversos pueblos que se han fusionado para conformar la identidad andaluza, han compartido el mismo espacio, transformándolo sucesivamente, vinculando su desarrollo a lo que ofrecía esta tierra y a los recursos que ponía a su disposición, construyendo el paisaje rural y urbano que hoy podemos disfrutar. Este sentimiento de pertenencia y defensa de la tierra andaluza ha llegado hasta nuestros días constituyéndose en factor fundamental del hecho andaluz y fuente del andalucismo moderno.
En las últimas décadas el expolio del medio ambiente ha sido el mayor de nuestra historia. Dos cuestiones son especialmente graves: el aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero y la ocupación artificial indiscriminada del territorio. El tipo de modelo económico andaluz, que ha tenido sus principales pilares en el urbanismo salvaje, en el consumismo y en la consideración de los recursos de la naturaleza como ilimitados, ha provocado la destrucción de gran parte de nuestro patrimonio natural.
Asumir la responsabilidad ambiental nos compromete a preservar el capital natural a través de un consumo que no supere la capacidad de reponer recursos materiales, hídricos y energéticos no renovables que se gasten, y que la velocidad del uso de éstos no supere el ritmo de sustitución por otros recursos más duraderos. La capacidad de degradación del planeta no puede superar la capacidad que tiene el aire, el agua o la tierra para absorberlos y renovarlos. Hay que priorizar la eficiencia, la reutilización y la restauración como valores económicos, medioambientales y culturales básicos.
Para ello hay que insistir en relocalizar nuestra estructura económica: que los bienes consumidos sean producidos en términos generales en lugares cercanos, comarcales, para minimizar los costes ambientales de transporte, dotarnos de autonomía real y organizar las redes para una nueva economía. La creación de “Economías Comarcales Organizadas” como unidades operativas podría suponer el elemento decisivo para la reforma estructural de nuestro sistema social y económico y la orientación de las políticas activas de empleo y formación hacia los sectores prioritarios comarcales.
Este posicionamiento se expresa en los siguientes principios básicos:
1. Para superar la crisis, además de articular medidas paliativas para proveer las necesidades de las personas, es necesario refundar la economía sobre bases reales, fomentar otro estilo de vida, otra civilización, otras relaciones sociales. El modelo de progreso es la integración de economía, medio ambiente y cultura, cuyos principios deben ser respetados en todas las actuaciones públicas y privadas.
2. Las decisiones y estructuras políticas que se adopten en Andalucía deben ser generadas a partir de los principios de escala, descentralización y diversidad. En este sentido, creemos que la comarcalización del territorio andaluz es la respuesta política y administrativa adecuada a la realidad ambiental de nuestro tierra.
3. La defensa y conservación de los espacios naturales andaluces, el equilibrio de sus ecosistemas y la garantía de calidad para la vida de los andaluces y andaluzas, debe ser la columna vertebral del modelo de progreso económico y el principio que garantizará la futura prosperidad del pueblo andaluz.
4. No debemos permitir en el territorio andaluz actividades económicas que supongan un balance negativo en la extracción de recursos naturales o en la generación de residuos o sustancias contaminantes. En ningún caso, las actividades económicas deben generar una merma en la calidad del medio ambiente andaluz ni en la capacidad del mismo para sustentar a la generación presente y futura del Pueblo andaluz.
5. Todos los andaluces y andaluzas tienen el derecho a disfrutar de un medio ambiente sano. Para una defensa efectiva de este derecho hay que incluir el derecho al medio ambiente como un derecho subjetivo en el ordenamiento jurídico vigente en el territorio andaluz
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6. El aumento de la concentración de gases de efecto invernadero en la atmósfera ha alterado los equilibrios climáticos. El cambio climático es la principal amenaza ambiental a la que se enfrenta la humanidad en este siglo, y uno de los principales riesgos económicos y sociales. Pero estamos a tiempo para actuar en dos frentes: en la mitigación, es decir, en la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, y en la adaptación, consistente en identificar la vulnerabilidad de los sistemas socioeconómicos y naturales a los impactos del cambio climático y adoptar medidas para minimizar esos riesgos. Andalucía no es una excepción. De hecho, el incremento de las temperaturas puede ser algo superior en Andalucía que la media global, y las principales amenazas la tenemos en la reducción de recursos hídricos disponibles, en el aumento del nivel del mar que destruya parte de nuestro litoral y en los daños a espacios tan propios y definitorios de Andalucía como Doñana y Sierra Nevada.
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7. El fin de la era del petróleo puede dar paso a un modelo descentralizado (energías renovables) o centralizado (energía nuclear) o incluso a la destrucción completa de las zonas aún poco exploradas, como los polos, para exprimir la era del petróleo (estiramiento del actual sistema). La progresiva sustitución del petróleo por energías limpias y renovables es una prioridad frente al cambio climático y el agotamiento de las reservas de fuentes energéticas no renovables, que además debe configurar un futuro energéticamente autónomo y descentralizado, reduciendo todas las tensiones geoestratégicas.
8. Un indicador básico que mide el nivel de dependencia de un territorio es la intensidad de instalaciones de alto riesgo que alberga. Andalucía, a principios de los años ochenta, consiguió evitar la instalación de centrales nucleares, pero desde entonces no ha disminuido riesgo de catástrofe nuclear y medioambiental por la existencia de bases militares de la OTAN en Rota, Morón y Gibraltar e incluso han aumentado los riesgos de accidentes con gravísimas consecuencias ecológicas sobre todo en el Estrecho. Las bases militares están fuera de control como lo demuestra su utilización para operaciones encubiertas de la CIA o el permanente trasiego de submarinos nucleares. El cementerio nuclear de El Cabril será el destinatario del 95% de los residuos que irán generando el cierre previsto de las centrales nucleares en España. Es vital la oposición de manera frontal a cualquier intento de instalar centrales nucleares en nuestro entorno y reivindicar la total desnuclearización de nuestro territorio continental y litoral.
Rafa Rodríguez.