Justicia territorial y social por Andalucía

Rafa Rodríguez

Nuestra perspectiva es que la unidad de la izquierda gane las elecciones andaluzas de 2026 con discurso y escucha

Necesitamos dar la batalla cultural y política contrahegemónica al PP desde ahora. Para ello, estamos articulando una doble dinámica complementaria, por un lado, un discurso que explique la situación actual de Andalucía y, por otro, la escucha de las demandas más sentidas por las clases populares y medias andaluzas, con el barrio o los pueblos como unidad de intervención política.

El andalucismo como herramienta de comprensión y compromiso

El andalucismo proporciona una perspectiva para entender las relaciones sociales en nuestra Comunidad, desde el territorio y desde nuestro tiempo social, y un compromiso político, desde la razón, pero también desde los sentimientos, para la transformación estructural de Andalucía.

La conexión entre nuestros rasgos culturales y las condiciones socioeconómicas de Andalucía son la pieza clave que orienta la naturaleza de izquierda del andalucismo.

Su función es ser un instrumento útil contra la desigualdad social y territorial, interna y externa, la marginación, la dependencia, la pobreza y el centralismo, ofreciendo una alternativa, a través de la defensa y la profundización democrática, para la transición económica y ecológica para la justicia social, desde la formación de mayorías sociales que sean capaces de movilizar a la ciudadanía y conformar gobiernos de progreso en todos los niveles político – territoriales, en una perspectiva federal para España, la Unión Europea y el mundo.

El andalucismo federalista: igualdad y sostenibilidad

Lejos de sustituir el conflicto social por la confrontación entre territorios, como hace el nacionalismo que ahora utiliza la extrema derecha como marco para su proyecto hegemónico, consideramos que Andalucía es una construcción política y social producto de la confrontación entre los privilegios de las oligarquías y la ciudadanía que sufre la desigualdad.

La desigualdad social y la desigualdad territorial, lejos de ser realidades separadas, representan las dos caras de la misma situación porque la desigualdad territorial constituye un eje fundamental en la matriz de la desigualdad social, al determinar oportunidades socioeconómicas de las condiciones de vida, e incidir en la realización de los derechos políticos, económicos y sociales.

Al mismo tiempo, la desigualdad es, en todas sus proyecciones, la causa del deterioro ambiental y de la crisis climática, originadas por la acción depredadora de las oligarquías económicas sobre los territorios: por eso la lucha por la igualdad y la sostenibilidad es la misma lucha cuando se introduce el factor territorial en la ecuación.

Así, nuestra posición política básica se estructura en torno al conflicto social por la igualdad en todas sus dimensiones, en la defensa de las clases y grupos que sufren la desigualdad y en defensa de la vida en el territorio.

La situación de desigualdad de Andalucía se manifiesta no sólo en menos renta per cápita, sino en las tasas de paro y pobreza, en tener los barrios más vulnerables de Europa, bajos índices en salud, bienestar social, proporción de población con estudios universitarios o abandono escolar, y en la destrucción ambiental y vulnerabilidad climática a la que estamos expuestos.

Un modelo productivo implica unas determinadas relaciones de poder

Todo modelo productivo es también un modelo político y social porque implica relaciones de poder. En nuestro caso el poder de una oligarquía tradicionalmente orientada a actividades especulativas y rentistas, en conexión con las élites políticas de la derecha.

Nuestra condición periférica genera una estructura económica dependiente y subalterna de los centros de poder económicos que, con la connivencia de la oligarquía andaluza, han especializado a Andalucía en sectores de servicios, como el turismo, en la construcción y en actividades extractivas, con escaso valor añadido, utilización de mano de obra precarizada, altas tasas de temporalidad, bajos salarios y paro estructural, al mismo tiempo que han provocado la apropiación de nuestros bienes comunes y la degradación de la naturaleza.

No somos una economía atrasada, sino una economía subalterna con desequilibrios en la estructura productiva por el poco peso de la industria y de la innovación, la dependencia de los combustibles fósiles, y el escaso tamaño medio de las empresas, con un grave retraso para adaptarnos a la emergencia climática, la transición ecológica y el cambio tecnológico.

Lo más específico de esta situación es su carácter persistente y estable, ya que no responde a situaciones coyunturales, sino que tiene un carácter estructural.

La dinámica de los mercados en la crisis de la globalización acentúa nuestra situación periférica

La globalización y sus crisis (2008 – 2024) han acentuado la inercia centralista que está empobreciendo aún más a la periferia con políticas de inversión localizadas en los nudos centrales y ubicando la sede de las empresas financieras, de comunicación y de los departamentos de I+D+I. internacionales en las grandes capitales como Madrid y Barcelona.

Solo la intervención de los poderes públicos democráticos puede revertir esta tendencia

Solo la intervención de los poderes públicos democráticos puede revertir estas tendencias a la concentración y la segregación territorial con políticas y estructuras que favorezcan la cohesión.

Sin embargo, a pesar del sistema autonómico, España está en su nivel más alto de centralización y fragmentación territorial. La estructura del Estado de las Autonomías, por sus carencias federales, convierte a las Comunidades en compartimentos estancos, lo que es utilizado por los partidos soberanistas de las Comunidades ricas para impedir una distribución equitativa de los recursos, al tiempo que la derecha logra aumentar las dinámicas centralistas en la opinión pública.

La debilidad de Andalucía como sujeto político efectivo impide revertir estas tendencias, provocadas por la centralización de los mercados, presión de los nacionalismos soberanistas de Comunidades ricas, y derecha y ultraderecha centralista, que generan más distorsión del equilibrio territorial.

El poder de la derecha en Andalucía, una catástrofe

El PP en la Junta y en los entes locales, Diputaciones y Ayuntamientos, nos está conduciendo a una involución con un programa caduco de neoliberalismo. Sus gobiernos trasvasan dinero público de nuestros servicios públicos a los negocios privados, regalan privilegios fiscales a las grandes fortunas y continúan incentivando el modelo económico existente, mientras Moreno Bonilla se envuelve en la propaganda, aprovechando el control de la RTVA y de los medios de comunicación afines y subvencionados.

Moreno Bonilla nos está haciendo perder un tiempo precioso impidiendo que Andalucía tenga la oportunidad de poner en valor nuestros recursos humanos, económicos y naturales, para incorporarnos a la transición ecológica, a la revolución digital y al fortalecimiento del estado del bienestar.

Sumar y el gobierno de coalición deben recuperar las políticas de cohesión territorial

Desde el gobierno progresista de coalición necesitamos que se recuperen las políticas de cohesión y equidad territorial. El debate sobre las cuestiones identitarias que ponen en la agenda los partidos políticos de las Comunidades más ricas, y la debilidad política de Andalucía, están marginando los problemas reales de desigualdad que padecemos la mayoría social y los territorios con economías periféricas.

Ganar a la derecha en las próximas elecciones y poner en marcha políticas de cohesión territorial, social y ecológica, forman parte del mismo proyecto.

Reivindicamos:

1. Impulsar dinámicas federales que, por un lado, desarrollen el Estatuto de Autonomía y, por otro, impulsen loe mecanismos de participación territorial a través de las conferencias sectoriales, la conferencia de presidentes autonómicos y la reforma del Senado como verdadera Cámara de participación territorial.
2. La voz de Andalucía en la actividad parlamentaria y gubernativa de Sumar, y la presencia de los líderes y los representantes institucionales de Sumar en Andalucía, especialmente en los espacios de conflicto, desigualdad y mayor depredación ecológica.
3. Paliar los déficits de centros de poder económicos y políticos, de tejido industrial, financiero y de investigación o de infraestructuras que padece Andalucía.
4. La financiación autonómica tiene por objetivo garantizar la prestación de los servicios fundamentales que son competencia de las Comunidades Autónomas, por lo que es de justicia su nivelación plena (misma financiación por habitante ajustado), en coherencia con la situación de desigualdad territorial en España y con el principio de igualdad en la prestación de los servicios públicos.
5. La financiación autonómica es clave, pero su finalidad no es reducir la desigualdad territorial, por eso es necesario que la cohesión territorial se aborde con mecanismos complementarios. Las inversiones directas del Estado juegan un papel estratégico para la cohesión territorial, estructurar el territorio de manera horizontal y no jerarquizado, e impulsar un modelo económico menos dependiente y más sostenible.
6. Dotar al Fondo de Compensación Interterritorial (FCI) para que pueda cumplir su función. El FCI es una pieza fundamental para alcanzar la solidaridad interterritorial, corrigiendo la desigualdad estructural entre territorios. Sin embargo, actualmente el FCI carece de relevancia cuantitativa en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) y ha acabado siendo un instrumento marginal de la política regional.