Rafa Rodríguez
La financiación autonómica no es solo un problema técnico sino que constituye una pieza política que debe ser coherente con el contexto en el que se inserta. Por ello, muchas de sus contradicciones están provocadas por la propia configuración de la actual estructura territorial del Estado.
España no es un Estado federal. El sistema de las Comunidades Autónomas carece de articulación con el Estado central que goza de una “autonomía” incompatible con un modelo federal. Por ejemplo, la Agencia Estatal Tributaria (AET) funciona como un organismo típico de un Estado centralista, sin participación alguna de las CC.AA. Como dice el propio informe de la Comisión de expertos para la revisión del modelo de financiación autonómica: “Los resultados de este acuerdo financiero han estado marcados decisivamente por la grave crisis fiscal derivada de la Gran Recesión pero también por las carencias del diseño institucional del Estado de las Autonomías, que aún no dispone de los instrumentos de coordinación y cooperación que serían necesarios en un país que ha alcanzado un alto grado de descentralización.”
La ausencia de articulación federal, además de los problemas políticos que acarrea, ha provocado un resultado que desestabiliza al propio Estado en su conjunto: ha carecido de la estructura de vasos comunicantes que permitiría ir solucionando las desigualdades territoriales (conectadas estrechamente con las desigualdades sociales) que han sido seculares en España.
El resultado es que las CCAA tienen una situación de enorme desigual. Veamos los últimos datos que ofrece la contabilidad regional:
(Compativa del PIB per cápita de las 4 CCAA con más y menos diferencia con respecto al PIB per cápita del conjunto del Estado en %, en los años 2005, 2009 y 2016)
2005 | 2009 | 2016 | |
Madrid | + 30,9 (1)* | + 31,2 (2) | + 36,5 (1) |
País Vasco | + 27,2 (2) | + 34,2 (1) | + 32,7 (2) |
Navarra | + 27,1 (3) | + 29,3 (3) | 24,4 (3) |
Cataluña | + 19,3 (4) | + 17,2 (4) | 19,3 (4) |
Galicia | -19 (14) | -12,6 (12) | -10,9 (10) |
Castilla – la mancha | -21,7 (15) | -24,8 (16) | -22,4 (15) |
Andalucía | -22,7 (16) | -23,6 (15) | – 26,4 (16) |
Extremadura | -32,6 (17) | -28,8 (17) | -31,7 (17) |
Fuente. Contabilidad Regional de España (INE)
(*) Los números entre paréntesis indica la posición de la CCAA en el ranking del PIB per cápita
Por lo tanto, esta desigualdad provoca que la capacidad fiscal de las CCAA sea también tremendamente desigual. Dadas las diferencias existentes entre las Comunidades Autónomas, la exigencia de que la financiación autonómica produzca una razonable igualdad en la financiación de los servicios públicos no permite diseñar el sistema de forma que todas ellas se financien enteramente con tributos cedidos que recaigan sobre sus propios ciudadanos y requiere la utilización de transferencias de nivelación que, inevitablemente, tendrán un peso muy importante en la financiación de los territorios de menor renta.
Por ello el problema político prioritario es que necesitamos unas estructuras institucionales que permitan un acercamiento entre la capacidad económica de los territorios y esto se obtiene en primer lugar creando los mecanismos para que las inversiones públicas y privadas fluyan de forma que se vaya cohesionando el conjunto del espacio estatal. El flujo económico y financiero a través de mecanismos de mercado sin duda es el más importante pero son las políticas públicas y la financiación pública las que crean las condiciones para que esto se produzca incidiendo sobre todo en el modelo productivo a través de la regulación y de las inversiones directas del Estado (un 13,5% para Andalucía en los PGE de 2017, cuando solo por población debería haber siso un 18%), fondos europeos, déficit público y FCI.
La Constitución tiene un mandato al respecto en su artículo 131:
“1. El Estado, mediante ley, podrá planificar la actividad económica general para atender a las necesidades colectivas, equilibrar y armonizar el desarrollo regional y sectorial y estimular el crecimiento de la renta y de la riqueza y su más justa distribución. 2. El gobierno elaborará los proyectos de planificación, de acuerdo con las previsiones que le sean suministradas por las CCAA y el asesoramiento y colaboración de los sindicatos y otras organizaciones profesionales, empresariales y económicas. A tal fin se constituirá un Consejo, cuya composición y funcionamiento se desarrollarán por ley.”
Y también ha diseñado un instrumento constitucional: el Fondo de Compensación Interterritorial (FCI) pero es una fuente de financiación que se ha caído de la agenda y es completamente inoperante por su escasa cuantía. Además el horizonte es que los Fondos Europeos para la convergencia regional van a desaparecer en la práctica, cuando finalice el actual marco.
Por ello es urgente corregir el fallo de sistema que desconecta a las CCAA del Estado central mediante una modificación constitucional que articule CCAA – Estado central y UE, para cohesionar los territorios mediante un acercamiento en los niveles de desarrollo económico de los mismos.
Mientras esto no suceda las tensiones actuales harán cada vez más conflictivo el modelo de financiación autonómico que, a su vez, es imprescindible renovar porque está provocando el deterioro de los servicios públicos que son insostenibles con la actual financiación. El caso de la sanidad en Andalucía es ya insoportable. La peor financiada de todas tanto en términos de gasto público por habitante como por habitante protegido equivalente.
La desigualdad económica hace inviable un sistema de financiación autonómico de corte federal porque obliga en la práctica a una financiación mediante transferencias. Las transferencias financieras verticales y horizontales hacen muy conflicto el sistema porque abre una brecha entre comunidades ricas y comunidades empobrecidas. La respuesta del Partido Popular es la inacción pero seguir manteniendo el actual sistema que debería haber sido sustituido hace cuatro años está poniendo en peligro la viabilidad del Estado de Bienestar porque las CCAA no pueden financiar adecuadamente ni la sanidad, ni la enseñanza ni los servicios sociales. Lo hacen insuficientemente y además detrayendo fondos para la renovación del sistema productivo, lo que ahonda aún mas en la desigualdad territorial.
- Imagen de Lubaina Himid (primera mujer artista africana que ha ganado el premio Turner – 2017-)