La corrupción en los ERES: la hora de la verdad

 El escándalo de robo del dinero destinado a trabajadores y trabajadoras en paro

Tramas corruptas que conectan a ex altos cargos de la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía con empresas privadas, han robado el dinero público que iba destinado a  los parados y paradas andaluces, utilizando a empresas públicas que carecían de intervención previa y eludiendo así los controles públicos. Desde la Consejería de Empleo se transferían los fondos a esas empresas porque los interventores sólo podían fiscalizar la transferencia pero no la gestión de los fondos transferidos. Esto implica una responsabilidad penal inmediata de los ladrones pero también una responsabilidad política de los que han permitido un sistema de descontrol de los fondos públicos.

Las consecuencias del fracaso de la comisión de investigación sobre los ERES

La Junta de Andalucía tiene la obligación, ante el mayor escándalo de corrupción en nuestra Comunidad, de depurar cuanto antes las responsabilidades políticas derivadas de la citada trama. que se celebró el pasado verano. Tras la últimas detenciones se puede comprobar el error ético y político que supuso cerrar en falso la comisión parlamentaria de investigación, que se utilizó políticamente como arma electoral por parte de la derecha y como un mero trámite por parte del PSOE, partido en el que militaban la mayor parte de los comparecientes e imputados judicialmente.

La responsabilidad de un gobierno y de una mayaría parlamentaria de izquierda

La obligación de un gobierno de izquierdas es, entre otras, la de certificar una escrupulosa transparencia en la gestión de lo público y, en estos momentos en los que se están sucediendo las detenciones y los registros de viviendas y empresas vinculadas a los anteriores gobiernos andaluces, esa transparencia pasa también por separar a los que por acción u omisión consintieron -o no impidieron- la existencia de esta trama corrupta.

El Parlamento Andaluz, que tiene una mayoría de progreso, y el Gobierno andaluz tienen que demostrar en el contexto actual una actitud muy diferente a la mostrada durante todo el proceso. En un momento en el que la democracia se está viendo emparedada por la apisonadora de la derecha en el gobierno del Estado, el mensaje que la izquierda en Andalucía debe transmitir es precisamente el contrario al que se ha estado observando desde que se destapó la trama en general y que tuvo su máximo exponente en la comisión de investigación ya concluida.

En este sentido valoramos positivamente las declaraciones del Coordinador General de Izquierda Unida y Vicepresidente de la Junta de Andalucía avisando de que Izquierda unida se replanteará el pacto si hay novedades “si la justicia va más allá de lo que ahora mismo ha puesto en cima de la mesa” es decir si las responsabilidades penales suben de jerarquía. Hay líneas que no se pueden cruzar sin las consecuencias de desnaturalizarse por completo. Hay modificar el funcionamiento de las comisiones de investigación parlamentarias modificando el Reglamento de funcionamiento del Parlamento andaluz, reabrir la comisión de investigación sobre los ERES, asumir las responsabilidades políticas que se derivan de los nuevos datos ofrecidos por la investigación y reformar la estructura de la Junta para impedir que se vuelvan a dar más casos como éste.

La izquierda andaluza debe transformarse en un elemento nuclear de la lucha contra la derecha centralista que está podando los derechos del pueblo andaluz, pero para ello necesita de un rearme democrático profundo en el que las prácticas mafiosas no tengan cabida, en el que la hoja de ruta la marque la situación de emergencia extrema en la que miles de ciudadanos andaluces se encuentran, y no los intereses político-electorales partidarios.

La izquierda andaluza debe velar con todo su ímpetu y todo su talento por la regeneración democrática de nuestras instituciones y tiene el deber y la obligación de señalar con el dedo a los que con su consentimiento o con su indiferencia han permitido que se pervierta la propia democracia de la que tiene que ser garante.