La corrupción no es un problema ético

Raúl Solís | La corrupción nos asola, ha vaciado nuestras arcas públicas y hasta financiado la campaña electoral del partido político que gobierna España en estos momentos. La corrupción española no son “hilitos de plastilina”, sino un fenómeno estructural que ha acabado asfixiando nuestra ya débil democracia. Se extiende por los cuatro puntos cardinales del país, aunque donde el PP ha acumulado mayor poder político es donde es más evidente el grado de putrefacción y la visibilidad de cómo  se han construido redes ajenas a la administración, al calor de la gran obra pública, de la contratación de los grandes servicios públicos como recogida de residuos, iluminación viaria o la organización de grandes eventos.

Los partidos políticos de la oposición, la ciudadanía y tertulianos varios claman al cielo por la falta de ética de los corruptos. Las televisiones nos muestran la vida y milagros de éstos, sabemos cuántas casas se han comprado con el dinero procedente de la corrupción, cuántas cuentas tienen en Suiza o en Andorra y conocemos al dedillo el momento de su detención. Las cámaras de televisión llegan a los domicilios de los corruptos antes de que se proceda a la redada para abaratar aún más el kilo de político, ya de por sí barato.

Por el contrario, poco conocemos de los grandes empresarios que corrompen, que le dan a políticos corruptos un tres por ciento de comisión tras obtener la gestión de un servicio público privatizado. Pasqual Maragall, el expresidente catalán que ahora padece alzhéimer y no nos puede recordar nada,  ya denunció hace una década las jugosas comisiones que cobraban los políticos de CiU después de poner en manos privadas una empresa pública catalana, un macroevento o la construcción de una gran infraestructura. A Maragall le llovieron las críticas por tierra, mar y aire y quizás ese fue el principio de su fin político. Por aquellos años, la corrupción no nos interesaba porque no pasábamos hambre y, en el fondo, esperábamos ser agraciados con la pedrea de alguna recalificación urbanística o vender al triple de su precio de compra una vivienda adquirida sólo tres meses antes.

No obstante, la corrupción española no es un problema ético. Es un problema político, estructural, derivado de un modelo económico que pone los servicios públicos en manos de empresas privadas que, asesoradas por su voracidad, compran a algunos políticos para que el contrato recaiga en su caja registradora. La corrupción es el fallo de la mano invisible del mercado, es la punta de iceberg del neoliberalismo, es la representación más visible del capitalismo de amiguetes, la obra de teatro del tatcherismo provinciano de Esperanza Aguirre y de toda una lógica que ha ido vaciando la democracia de contenido para que la gestionen grandes empresas privadas que se han forrado con la recogida de basuras, con la privatización de hospitales, con la cesión de fincas públicas a órdenes religiosas, con la construcción de autopistas y rescate posterior o con la implantación de una insostenible red ferroviaria de alta velocidad a costa de destruir el transporte ferroviario de cercanías que conecta a la gente normal con sus centros de trabajo y/o estudios.

Por eso, para acabar con la corrupción de nada servirán pactos contra la corrupción, endurecimiento de las leyes o medidas de transparencia que sólo muestran lo que se quiere enseñar. Para acabar con la corrupción hay que acabar con el neoliberalismo 3.0 que nos hace creer que la corrupción es un problema ético. La corrupción no es un problema ético, es un problema político que genera un modelo económico que aumenta su cuenta de beneficios a costa de poner intermediarios en la gestión de los asuntos que tradicionalmente han sido gestionados por la administración pública.

Para acabar con la corrupción hay que ser radical, ir a la raíz, y eso pasa por desprivatizar los servicios públicos por donde circulan las comisiones del tres por ciento y escribir claramente en la Constitución que la recogida de residuos, la limpieza de nuestras ciudades, el agua, la energía, la telefonía, la sanidad o la educación son servicios públicos en los que no pueden entrar intereses ajenos al bien común. Sin grandes empresas ansiosas de gestionar lo público, adiós a las comisiones del tres por ciento y fin de la corrupción estructural.