La democracia está en peligro ¿hay alguien ahí?

Manuela Martínez / Me gustaría detenerme en un aspecto de gran trascendencia que requeriría una reacción unánime de la ciudadanía, la sociedad civil organizada, las instituciones democráticas y la oposición política en bloque. Me refiero, concretamente, al galopante retroceso en derechos y libertades que está implementando el gobierno del PP, en un contexto de involución democrática sin precedentes.

Porque de las consecuencias de sus fracasadas recetas para salir de la crisis nos podremos recuperar más pronto que tarde. De hecho, estoy convencida de que la movilización europea y la que vamos a mantener nosotros aquí en nuestro país, unida a la tozuda realidad que dibujan los indicadores macroeconómicos, acabarán por doblegar la voluntad política de nuestros gobernantes, que no tendrán más remedio que asumir que se han equivocado estrepitosamente. Y tendrán que reconocer que las alternativas sindicales, por más que intenten ocultarlas con el apagón informativo que nos dedican las líneas editoriales de los grandes medios, son las que necesita nuestro país y nuestra Europa, no la de Merkel, para superar la crisis con los ciudadanos y no contra ellos.

Pero lo que será más difícil de arreglar es todo el desaguisado institucional y democrático que está provocando el gobierno a todos los niveles. En tan solo un año de gobierno, la democracia española ha retrocedido más de treinta: tanto el sistema de derechos y libertades consagrados en nuestra Constitución, como el propio Estado Social y de Derecho están en serio riesgo.

El gobierno, abusando de su mayoría absoluta y del Real-Decreto-ley, ha usurpado el poder legislativo en buena medida, convirtiendo al Parlamento en “su juguete” para refrendar las iniciativas legislativas que promueve (que por cierto, en la mayoría de los casos, contienen preceptos de dudosa constitucionalidad). Los datos son contundentes: 28 decretos leyes y 16 leyes orgánicas u ordinarias en un año de gobierno del Partido Popular, frente a las 53 leyes y 19 decretos leyes del año 2011.

En el ámbito de la Justicia, la situación es también muy preocupante. No sólo han puesto en marcha medidas regresivas que conculcan el derecho a la tutela judicial efectiva, como la famosa ley de tasas, que por primera vez ha puesto de acuerdo a todos los niveles profesionales de la Administración de Justicia, expertos y ciudadanía (según una encuesta reciente, el 84% de los encuestados manifiesta que la ley de Gallardón es anticonstitucional) que exigen la retirada de la norma, sino que, además, están en marcha reformas que restringirán el acceso a la justicia gratuita y otras que pretenden limitar el ejercicio de los derechos y libertades básicas sobre reunión, manifestación y huelga. Derechos democráticos que pretenden convertir en problemas de orden público para así justificar una regulación más restrictiva del ejercicio de estas libertades básicas. Para muestra un botón: pretenden incorporar en el Código Penal la responsabilidad e imputación criminal a los responsables de las organizaciones sindicales de cualquier acción delictiva que pudiera cometer un ciudadano o ciudadana o un grupo de éstos.

Por si esto fuera poco, el caso del segundo indulto a cuatro mossos d’escuadra condenados por torturas ha disparado todas las alarmas y provocado reacciones muy contundentes entre los jueces y magistrados. La última, un manifiesto firmado por casi 200 jueces en el que consideran esta decisión del gobierno “impropia de un sistema democrático de derecho, ilegítima y éticamente inasumible”. Y van más allá, acusan al gobierno de dinamitar la división de poderes y usurpar el papel del Poder Judicial.

O sea, el gobierno de Rajoy usurpa el papel al Parlamento y al Poder Judicial, incumple sistemáticamente sus promesas electorales, practica con satisfacción el enfrentamiento institucional, cuestiona abiertamente el Estado de las Autonomías, se carga la objetividad y la pluralidad de la RTVE, rechaza el Diálogo Social, promueve el retroceso en la regulación de derechos básicos, como la sanidad, educación, protección social… Se trata de una degradación de la calidad democrática generalizada y todos deberíamos actuar para evitarlo.

Estamos en un momento crucial. Los trabajadores, los sindicatos, la sociedad civil, las organizaciones sociales, profesionales… están en permanente movilización, pero necesitan con urgencia una oposición política a la altura de las circunstancias, que actúe con contundencia para evitar este abuso de poder del gobierno de Rajoy.

¿Podrán algún día los partidos de la oposición olvidar sus diferencias, pensar en los ciudadanos y sumar fuerzas contra esta sinrazón? No sé si serán conscientes de la gravedad de lo que está pasando, pero la democracia está en peligro.

Manuela Martínez es Secretaria General de UGT Granada