El pasado 30 de diciembre el INE (Instituto Nacional de Estadísticas. www.ine.es) ha difundido los resultados de la Contabilidad Regional de España (CRE) en donde se desagrega por Comunidades Autónomas el Producto Interior Bruto nominal (PIB) del año 2009 por habitantes.
A tenor de los resultados creo que es imprescindible una reflexión del conjunto de la sociedad andaluza sobre el abismo que se está produciendo entre los niveles de renta entre Comunidades. La media española se situó en 22.946 € por habitante / año, mientras que la media europea (UE – 27) está en 23.546 €. Sin embargo, las diferencias entre Comunidades Autónomas dentro del Estado Español son impropias de cualquier Estado que tenga entre sus fines el equilibrio territorial y hacer efectivo el principio de solidaridad: El País Vasco (30.683 €) y Madrid (30.142 €) encabezan el ranking con más de 30.000 € per cápita, seguido de Navarra (29.495 €) y Cataluña (26.863 €).
No parece casualidad que se trate de los territorios que cuentan con un poder político real, ya sea central o autonómico: partidos políticos propios, centros de poder económicos y financieros y financiación privilegiada. Por el contrario cierran la lista, con una renta inferior a los 18.000 €, Castilla – la Mancha (17.573 €), Andalucía (17.498 €) y Extremadura (16.590 €). Se trata de territorios sin poder político real y con un sistema bipartidista homogéneo: sus parlamentos no presentan prácticamente diferencia alguna.
Tal vez el caso más dramático sea el nuestro porque Andalucía conquistó un 28 F el derecho a tener un poder político propio. Por primera vez en nuestra historia desde la conquista castellana en Andalucía teníamos una autonomía política de primer nivel desde la que hubiéramos podido diseñar un futuro hecho a nuestra medida y a nuestras necesidades, con la suficiente fuerza demográfica (y electoral) como para poder marcar incluso las reglas de juego en el conjunto del Estado, pero a la vista está de que el camino elegido ha sido un fracaso porque lejos de acercarnos al resto de las Comunidades, la brecha entre territorios ricos y pobres se ha acentuado después de treinta años de autonomía.
La atonía social y mediática en Andalucía es tal que ni siquiera estos datos han sido noticia cuando en cualquier país europeo hubiesen supuesto un escándalo político. Tenemos que volver a empezar, a izar la bandera de la esperanza, a creer en nosotros mismos, a hacer de nuestra autonomía una herramienta útil para la igualdad y para ello es necesario en primer lugar cambiar este sistema político bipartidista e indiferenciado que nos está enterrando en una tumba sin nombre.
La propia extrapolación macánica del modelo institucional vasco y catalán a Andalucía muestra su carácter regional subalterno. El mismo traje le puede sentar bien a uno y mal a otro. No me parece «una autonomía de primer nivel» en cuanto a su estátus jurídico y la Transición y la obtención de la autonomía aquí me recuerda al Gatopardo: «todo tiene que cambiar para que siga igual», como muestran las estadísticas en el artículo. Creo que la cuestión es mucho más profunda que la pobre composición del Parlamento, porque antes había más partidos e incluso pactos de gobierno y daba igual. Quizá se imponga un replanteamiento más radical del modelo institucional andaluz y desde luego no en base a acumulación desaforada de competencias por parte de la Junta, que es una institución de clase y tiranuela, una desgracia que cae sobre los andaluces como antes caía la fusta del señorito y cuanto más poder tiene más fuerte da (a los andaluces que defendemos, ojo, no entelequias). Igual los datos sobre la brecha entre territorios ricos y pobres del Estado habría que completarla con la brecha entre ricos y pobres en Andalucía y así veremos para qué sirve todo esto en realidad. Por otra parte no sé si la alternancia de partidos resolvería algo. Imagino que todo grupo nuevo que entrase a gobernar la Junta al año se volvería «La Junta», igual que el chaval parado que se mete en la Guardia Civil al año se vuelve «muy guardia civil»