LA DEUDA DE LA HISTORIA

La deuda histórica no es, como se suele afirmar, un dinero que se adeuda a Andalucía por la mala valoración de las transferencias que se hicieron, al comienzo de la autonomía. Esto ocurrió con todas las comunidades y no es distintivo de Andalucía. La deuda histórica hace referencia a que, en el momento en que se transfirieron estos servicios, su calidad y su extensión eran menores en la Comunidad Autónoma Andaluza que en el resto del Estado. Tiene que ver con un desarrollo desigual de España, especialmente durante la dictadura, por el cual, la riqueza y los servicios se habían repartido de forma desequilibrada, de manera que se habían concentrado en el norte las inversiones, la industria y los servicios. Así Andalucía, al comienzo de su autonomía, tenía en torno a un 30 por ciento menos de camas hospitalarias, de personal sanitario, de centros de enseñanza y profesorado mientras tenía los peores niveles de renta, el porcentaje más alto de paro y la más débil industrialización.
Esto determinó que Andalucía tuviera que hacer un esfuerzo extraordinario, no para mantener los servicios existentes, sino para llegar a niveles similares de calidad y de extensión que otras comunidades. Esa diferencia es lo que se llama Deuda Histórica.
No se trata, por tanto, de un capricho, de una reivindicación vacía de contenido. Tiene que ver con nuestra historia, con una comunidad cuyos trabajadores contribuyeron al desarrollo de toda España y buena parte de Europa sin recibir ninguna compensación.
Aquellos que se empeñan en minimizarla, que la presentan como una antigualla carente de sentido, están dando carpetazo a la historia de nuestra tierra y al carácter fuertemente reivindicativo y nivelador de la autonomía andaluza.
El hecho de que sea todavía necesario explicar este derecho de Andalucía ante el resto de las comunidades, a los sucesivos ministros de los diferentes gobiernos, e incluso a buena parte de los políticos andaluces, nos habla del bajo nivel de estima política de Andalucía y de la falta de determinación de sus gobernantes para exigir al poder central lo que nos corresponde. Este derecho de Andalucía nunca ha sido reclamado con sinceridad, sino como ariete político del gobierno o de la oposición. Así, el PSOE la negó cuando sus homólogos gobernaban el Estado y la reclamó en el momento del gobierno de Aznar. El PP, por su parte, hizo lo mismo pero a la inversa en idénticos momentos políticos.
Pues bien, veintisiete años después del primer texto estatutario, y gracias a una –en mi opinión- débil cláusula del nuevo Estatuto, ha llegado el momento de pagar esa deuda y hacer honor a nuestra historia y nuestras necesidades. Todavía hoy, los niveles de servicios públicos de la Comunidad andaluza, aunque han mejorado sensiblemente, son inferiores a la media del Estado, de forma que tenemos menos camas hospitalarias por habitantes, menos médicos, menos escolarización y mayor número de alumnos por aula que la media española. El dinero de la deuda histórica debería acabar con este diferencial. Pero no es solamente una cuestión de carácter económico, sino también simbólico y político. Acordar, tras tan larga espera, una cantidad ridícula, insignificante, en concepto de deuda no solo nos priva de recursos necesarios sino que nos quita la razón histórica y el deseo de igualdad en que se funda nuestra autonomía.