La dignidad de Catalunya, la de Andalucía y la del Tribunal Constitucional

Carta de la redacción de Paralelo 36 Andalucía:

El pasado 26 de noviembre, doce periódicos catalanes publicaron una editorial conjunta que llevaba por título “La dignidad de Catalunya”. El consejo de redacción de Paralelo 36 ha acordado suscribir esa editorial como propia y nuestros lectores podrán encontrarla colgada en el apartado de editoriales.

Somos conscientes de que la decisión puede parecer extemporánea o inoportuna, pero creemos poder explicarla. Entiéndasenos: no somos catalanes, aunque sean muchos nuestros hermanos andaluces emigrados y aunque hayan contribuido de manera tan importante al desarrollo de aquella formación social. Y si no somos catalanes, a fortiori tampoco podemos ser catalanistas. Dejémoslo claro: Paralelo 36 es un espacio plural de pensamiento y de acción política en el que se integran la izquierda, el ecologismo, el feminismo, las propuestas de solidaridad y cambio internacional y, no en último lugar, el andalucismo político. Así que, entre otras muchas cosas, también somos nacionalistas andaluces y es pertinente la siguiente pregunta: ¿qué nos va a nosotros en este asunto?
Pues lo diremos también de entrada con claridad sumaria: nos va el Tribunal Constitucional. No nos preocupa tanto el hecho de que Catalunya sea o no una nación (que lo es, a nuestro juicio), sino sobre todo que el TC se comporte de manera nacionalista (españolista) y no constitucional, como sería deseable.
Desde nuestra óptica, nos gustaría evaluar los aspectos políticos-financieros del Estatut y de la sentencia que va a recaer sobre él. Nos gustaría discutir, por ejemplo, la articulación de una relación bilateral entre el Estado y la Generalitat; discernir y discutir si esto abunda en el modelo navarro y vasco, y si este modelo confederal es o no contrario al modelo federal-plurinacional que nosotros defendemos. Nos gustaría plantear si la financiación autonómica puede ser innovada de manera bilateral y que ganamos o perdemos los andaluces con estas innovaciones… Pero de todo esto parece que nos vamos a quedar con las ganas de discutir por la simple razón de que —según las informaciones recibidas hasta ahora— esto no va a suponer ningún problema para los magistrados del Tribunal Constitucional. Curioso que lo que a nosotros nos parece más sustantivo, no vaya a levantar la suspicacia escrutadora del TC.
Parece que los temas centrales que mayor discordancia generan en el interior del TC no son los relativos a financiación, sino los relativos al derecho y el deber de conocer la lengua catalana, la articulación del poder judicial en Catalunya y los relativos al uso del término nación. Por lo que sabemos, en todos estos puntos de fricción parece que una parte significativa del TC está optando por posiciones nacionalistas españolas que cercenan no sólo la complejidad antropológica de una nación de naciones como España, sino peor una de las opciones básicas del constituyente de 1978 que convirtió a España en monarquía parlamentaria, estado social, democrático, de derecho y, no en último lugar, autonómico.
El TC ocupa un papel central en el orden constitucional de 1978. No es una simple cámara de apelación o casación, es un órgano jurídico con una considerable dimensión política que ni el constituyente, ni el propio TC han ocultado a lo largo de estos años. Tan fuerte es esa carga que la pregunta acerca de si el TC puede juzgar la constitucionalidad del Estatut, es una pregunta que sólo podría ser respondida por el propio TC. El fundamento de esa inhibición, desde luego, no sería el hecho de que el Estatut haya sido refrendado por el pueblo catalán. El TC estaría obligado a declarar la inconstitucionalidad de una ley que, por ejemplo, estableciese la pena de muerte por más refrendos mayoritarios que tuviese. El fundamento de esa inhibición sería la consideración de los estatutos no como ley, sino como constitución. Consideración conforme con los modelos federales más antiguos, con la vieja idea de la “constitución material” o con el concepto técnico de “bloque de constitucionalidad” acuñado por el propio TC. El TC podría, en definitiva, interpretar que juzga la constitucionalidad de la ley, pero no la constitucionalidad de la constitución. Y no lo hará.
Podría interpretar que la alusión a la nación catalana del preámbulo del Estatut es declarativa y no constitutiva, descriptiva y no normativa. Y no lo hará. El Tribunal Constitucional podría interpretar que el adjetivo “nacionales” del artículo 8 del Estatut es el derivado de “nacionalidad” sustantivo de segundo grado claramente constitucional (porque todavía no se puede decir símbolos “nacionalidales”). Y parece que no lo va a hacer, sino que se va empeñar en la afirmación de que hay un “sujeto” de la Constitución que es la nación española, previa y superior a la misma idea de constitución y excluyente de cualquier otra nación como la catalana o la andaluza.
Este previsible cerrojazo institucional viene de lejos. Blas Infante lo repudiaba y lo llamaba el principio de las nacionalidades: la idea en virtud de la cual cada nación tiene un estado. Por lo tanto, si hay un estado sólo puede haber una nación. Y algo más: la nación estaba antes y está por encima de la propia constitución. A principios de este siglo bajo el timón de Aznar se retomó esta deriva nacionalista de España. A la travesía se han ido sumando políticos socialistas como Bono, Ibarra o el aciago Múgica, que no es casual que sea uno de los recurrentes del Estatut en su inmerecida calidad de Defensor del Pueblo. A ella se ha sumado el triunvirato al que un conocido escritor llamaba hace poco a salvar España: Esperanza Aguirre, María San Gil y Rosa Díez. Y en ese derrotero serbio está cómodo el viejo nacional catolicismo: en su homilía del 8 de diciembre, el cardenal Cañizares sostuvo en serio que la Inmaculada Concepción de María está preocupada por la unidad de España.
El Tribunal Constitucional, por consiguiente, no va a decidir sólo sobre la constitucionalidad de una ley orgánica, sino sobre los límites del marco de convivencia constitucional y (ojalá nos equivoquemos) va a decidir que España es un viejo Estado-nación en el que no cabe más identidad que la de ese neoespañolismo mesetario, irredento, victimista y excluyente, y que interpreta la constitución no como el orden formal de los derechos y libertades, no como un estado federal, sino como un sinónimo de patria impuesta, de nación jacobina que no reconoce ni las lenguas, ni las culturas, ni las identidades nacionalitarias.
Estrangular el libre desarrollo de la forma autonómica del estado es tan grave como cercenar el estado democrático. Y no vale decir que la interpretación de la Constitución es única, cualquier jurista sabe que no es así. Cualquier iniciado sabe que el TC podría entender que España es sólo (lo cual no es poco) un estado constitucional.
Pero, de manera paradójica, el TC va a darle también la razón a los que sostienen que es más fácil una España rota, que una España federal. Los que dicen que a la misma naturaleza del españolismo pertenecen el absolutismo, la exclusión y la centralidad de Madrid-Barajas.
Y ese será el nuevo binomio político: de un lado, la España esencial y, de otro, Catalunya, sus medios de comunicación, su sociedad civil, su trama asociativa, sus partidos y sus ciudadanos. Catalunya resistirá. No nos cabe duda. La pregunta es qué ocurrirá aquí en Andalucía. Y la respuesta no puede ser optimista.
Catalunya se siente maltratada económica e identitariamente por el Estado-nación. Nosotros estamos colonizados económica e identitariamente por ese mismo Estado. No es sólo que como los catalanes, los andaluces percibamos del Estado menos de lo que nos corresponde. No es sólo que El Corte Inglés contabilice en Madrid, los impuestos que nosotros pagamos en Almería. No es sólo que el Estado nos deba lo que nos debe. Es que además ese estado ha asumido como propia nuestra identidad. Catalunya resiste porque ni sus instituciones, ni su idioma, ni su tradición cultural son asumidas por España. Sin embargo, nosotros nos encontramos con el dato paradójico de que España se viste de Andalucía, tal vez porque no pueda vestirse de otra cosa. El caso es que España es Andalucía y no se ve tan claro lo contrario.
De manera que a pesar de ser una formación social autónoma, a pesar de ser nacionalidad histórica en el marco constitucional, a pesar de tener una pronunciada identidad, lo andaluz ha sido deglutido por un Estado nación.
Estamos en vísperas de un fallo histórico que puede modificar de facto el orden constitucional del 78 y que puede tener consecuencias peores aquí que allí. ¿Veremos el desmantelamiento de las instituciones de autogobierno? ¿Abrirá la puerta el TC para que un día se desmantelen los sistemas andaluces de salud o educación? Puede.
Pero puede también que la sociedad andaluza no esté tan colonizada, no sea tan débil y no esté dispuesta a asumir que los nacionalistas españoles destruyan los pocos logros de estos treinta años de autogobierno. Puede que Andalucía sepa aprender de la experiencia catalana y siga construyendo su identidad nacional sin admitir imposiciones. Puede que un día vuelva a ser 4 de diciembre de 1977 en esta tierra.
Con esa esperanza y convencidos de que también está en juego la dignidad de Andalucía, hemos suscrito el texto de “La dignidad de Catalunya”.
Cordialmente,
El consejo de redacción de Paralelo 36.

La foto corresponde al acto homenaje a Blas Infante en el Día de Andalucía 2009 celebradado en Mataró, con el apoyo unánime de todas las fuerzas políticas catalanas.