Ningún mal social es comparable a la existencia de un Estado delincuente, si el gobierno del Reino de España no cumple la sentencia del tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo sobre la doctrina Parot, incurrirá en esa situación. Por eso fue tan grave la existencia del GAL, una organización terrorista creada desde el gobierno con plena complicidad y ayuda de los aparatos del Estado. Que haya grupos terroristas es preocupante pero que sea el Estado el que se convierta en terrorista lo es mucho más, algo así como si los bomberos se tornaran pirómanos.
La doctrina Parot es una interpretación contra lege realizada por el Tribunal Supremo español para burlar la letra y el espíritu de la ley (el código penal vigente en el momento de la comisión de los actos delictivos juzgados) con el fin de endurecer y alargar la penas de prisión sin soporte legal alguno. Un tribunal no puede autotinvestirse como fuente primaria del derecho contradiciendo explícitamente aquello que la ley dice y la constitución establece como funciones de la pena. El Tribunal Supremo por medio de la doctrina Parot corrigió al legislador e impuso una interpretación vengativa de la ley contraía a los Derechos Humanos. Hoy el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, que forma parte de la estructura del poder judicial español, ha ratificado la ilegalidad de la doctrina Parot y la violación de los Derechos humanos que esta supone.
No es posible alegar nada contra esta sentencia y menos aún una supuesta “inseguridad ciudadana” que podría otorgar al gobierno poderes especiales para desobedecer a los tribunales discrecionalmente. Tampoco vale argumentar que sólo es aplicable al caso concreto cuyo recurso dio lugar al pronunciamiento de la corte de Estrasburgo. La sentencia invalida por completo cualquier aplicación de la doctrina Parot y por tanto anula todas las decisiones que se fundamenta en dicha interpretación.
La sentencia de Estrasburgo choca con un modelo de europeización e internacionalización donde se vulnera continuamente la soberanía los estados nacionales con el fin de recortar y destruir derechos, de reducir la democracia. La sentencia de alto tribunal nos mantiene viva la esperanza de que otra Europa y otra globalización son posible: la globalización de los derechos, la Europa de la democracia y las garantías.