El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) acaba de dictar una histórica sentencia en la que concluye que la norma hipotecaria española (que establece que si el hipotecado deja de pagar algún mes al banco la entidad acreedora puede ejecutarle la vivienda a través de un procedimiento acelerado y exigirle además unos exorbitantes intereses de demora) por la que se ha desahuciado a cientos de miles de persona, no es compatible con la Directiva Europea 93/13/CEE sobre cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores.
Este Tribunal respondía así ante una cuestión planteada por el juez de Barcelona Fernández Seijo que preguntaba si CatalunyaCaixa había vulnerado los derechos de Mohamed Aziz al expulsarle de la vivienda y exigirle el pago de la totalidad de la deuda. Los jueces de toda la UE deberán tener en cuenta a partir de ahora esta sentencia.
Mohamed Aziz firmó en julio de 2007 una hipoteca que a los pocos meses no pudo pagar. La caja ejecutó el inmueble y Aziz fue desalojado de la vivienda el 20 de enero de 2011. Además, le exigieron el pago de la totalidad de la deuda y unos intereses de demora del 18%. Posteriormente, alegó que una de las cláusulas del contrato era abusiva y expuso que, sin embargo, no había podido hacer valer este hecho en el procedimiento de ejecución hipotecaria.
Este sentencia se ha hecho pública justo un día después de que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, declarara en la sesión de control al Gobierno en el Congreso, por una interpelación de ICV (integrada en Izquierda Plural) “que aceptar la dación en pago generalizada o la suspensión de las ejecuciones hipotecarias podría dañar sin remedio las garantías hipotecarias y el acceso futuro de todas las familias a los préstamos hipotecarios». El diputado de la Izquierda Plural Joan Coscubiela aseguró que a Rajoy que «se le acaba el tiempo y a los ciudadanos, la paciencia».
El fallo del tribunal europeo contra la legislación hipotecaria española es el producto de un enorme y magnifico movimiento social (PAH, Stop Desahucios, 15M), de normas e instituciones europeas y de un juez, un juez , español que elevo una cuestión prejudicial al tribunal de Luxemburgo. No olvidemos la pluralidad de actores que han generado este gran éxito. Instituciones y legislación europeas, jueces, movimientos sociales.
Andalucía está plenamente legitimada para ofrecer desde el Parlamento una solución a los desahucios y hacer realidad el derecho a la vivienda que contempla el Estatuto de Autonomía, en el ejercicio de nuestra Autonomía, para solucionar los problemas de los ciudadanos y ciudadanas andaluces y para hacer frente al gobierno centralista y derechista del PP.
La realidad social y el cambio social es el producto de polígonos causales heterogéneos donde la informalidad y la formalidad, la calle y las instituciones, la presión ciudadana y las leyes deben y pueden articularse en una sinergia positiva. Buena lección para los que creen que las leyes, las instituciones, los jueces, los movimientos sociales no sirven de nada. La transformación, las revoluciones, la realidad es de todo menos simple y unilateral. Si se puede.