Mario Ortega / Para los sindicatos, particularmente para CC.OO y UGT, piedras angulares de las movilización obrera y de las clases populares, la convocatoria de la segunda huelga general de la etapa Rajoy era de alto riesgo. Si fracasaba los conduciría a una difícil situación en la que el gobierno los golpearía con facilidad acusándolos de falta de representatividad real. El fracaso podía medirse con sencillez por comparación con la del 29 de marzo.
No ha sido así, la huelga y la movilización ha sido contundente, muy contundente en los grandes núcleos urbanos y metropolitanos. La respuesta a las políticas neoliberales y nacional-católicas de la derecha española no ha dejado lugar a dudas. La base social de la izquierda tomó las calles.
Como la socialdemocracia, liberal o no, y la izquierda electoral nominada IU, los sindicatos de clase estaban, están, afectados por la crisis de las estructuras democráticas. El cuestionamiento del movimiento sindical y su función había llegado a un punto crítico. El aliento del #nonosrepresentan había invadido los intersticios de la izquierda real.
Las causas son complejas. Pero una es determinante, la incomprensión de lo que estaba pasando en la economía. Lo que en Paralelo 36 Andalucía llamamos crisis metabólica, ecológica o sistémica, crisis de límites y crisis democrática, ha impedido a la izquierda prever las consecuencias de la globalización capitalista sin muros de contención democráticos a escala europea y global. La socialdemocracia porque había interiorizado el modelo, la izquierda porque se conformaba con recoger las migajas de los descontentos.
Por su parte, los sindicatos porque, ajenos a la reflexión ideológica, se acostumbraron a negociar con el capital en tiempos de bonanza salarios y condiciones laborales, unas veces mejor y otras peor, sin oposición dura al desmantelamiento encubierto del Estado, las políticas de impuestos, la precarización contractual del empleo, las privatizaciones de servicios públicos, la implantación de la administración paralela, la desactivación progresiva de la función social de las Cajas de Ahorros, la apuesta de éstas por el modelo especulativo inmobiliario, o la destrucción total de la capacidad de intervención del poder político sobre las economías de proximidad. Añadiríamos más, relegar a planos muy secundarios la lucha contra el cambio climático, la transformación del modelo energético, agrario, de consumo, cultural, de movilidad, bajo parámetros ecológicos.
El PP ganó las elecciones del 20N de modo aplastante con falsas promesas, tras una oposición de agresividad típica en la derecha española y una sucesión de traiciones del PSOE a su base electoral. La última, y la más denigrante, la reforma del artículo 135 de la Constitución que rompía el estado social a cambio de la prioridad de contención del déficit.
Pero en tan sólo un año se ha revelado que después del neoliberalismo no hay futuro para la mayoría, que no es cierto que la solución fuese un quítate tú para ponerme yo, que la crisis es estructural del capitalismo y consecuentemente de la democracia actual que lo contiene y que salta a diario por las costuras.
UGT y CC.OO han tenido al menos la habilidad de forjar plataformas y alianzas que aportan frescura, nuevas ideas y contribuyen a garantizar el éxito de las movilizaciones, la Cumbre Social a nivel de Estado o la plataforma de Organizaciones Sociales por el Progreso de Andalucía dejan constancia de ello. La acción concertada con organizaciones como FACUA o ATTAC, o Primavera Andaluza en la que participo, está dando frutos. Progresivamente van dotando de carácter político las movilizaciones y llenando la falta de perspectiva estratégica del movimiento 15M. De este modo contribuyen de manera determinante a recuperar la hegemonía social de la izquierda. Desde luego otros sindicatos, como el SAT, USTEA o CGT también lo hacen.
Este paso es absolutamente necesario para lograr después apartar electoralmente a la derecha del poder en las instituciones. Pero este paso no es ya responsabilidad del movimiento sindical, será responsabilidad de la izquierda política, de los partidos de izquierdas, y en Andalucía particularmente de Izquierda Unida.
La huelga del 14N ha sido un varapalo para el Partido Popular, para el gobierno de Rajoy. Hay que felicitar por ello a las organizaciones sindicales y sociales que han tensado todo su músculo para convertirla en un éxito, y a todas aquellas personas que han recuperado la alegría de la lucha colectiva.
En Andalucía, como en otros lugares, pero especialmente en Andalucía, sin la cual ninguna fuerza de izquierdas puede gobernar España, tenemos un gobierno adormecido que vive con la inercia de tiempos anteriores, unos en el poder de la Junta y otros en el podercillo de las diputaciones, un gobierno de gestión de los recortes impuestos, sin iniciativa política contra el modelo que impone los recortes.
Las demandas sociales que están invadiendo las calles de Andalucía deben contar con una respuesta política del gobierno andaluz, debe hacerla suyas y forzar al máximo su capacidad legislativa para cubrirlas. Y donde no la tenga deberá demandarla con una ofensiva que pida la reforma de la Constitución para tener más capacidad de autogobierno, una reforma constitucional que modele un estado federal.
En esto último el movimiento sindical andaluz tiene también mucho que decir, ha quedado demostrado (la respuesta a la huelga y el resultado de las elecciones de marzo así lo confirmó) que la mayoría del Pueblo andaluz piensa en clave de izquierdas.
El 4 de diciembre de 1977 Andalucía vinculó su conciencia de clase con su conciencia de Pueblo. Este próximo 4 de diciembre debe ser el albor de una nueva etapa en la que Andalucía demande decidir ser dueña de su futuro.
Nos va la vida en ello. Es la hora de Andalucía.