Paralelo 36 Andalucia Espacio de pensamiento y acción política
Francisco Garrido.
El espectáculo de los ERE fraudulentos es una de las representaciones más repugnantes de la corrupción política que ha habido en Andalucia. Este fraude no responde sólo, que también, a la indecencia de numerosos cargos políticos de la Junta de Andalucia, del PSOE o de los sindicatos; sino que nos remite a una corrupción estructural con amplias ramificaciones en la cultura política y sindical de nuestra tierra. El combate contra esta corrupción ha de ser judicial pero no puede ser sólo judicial. Hay que desmontar los discursos sociales que legitiman la corrupción y las estructuras de oportunidades que la estimulan y favorecen.
La actitud valerosa y decidida de una jueza de Sevilla, la jueza Alaya, ha permitido que todo este entramado salte a la luz pública y que sus presuntos responsables estén ya siendo o investigados o procesados. Contra ella se han lanzado todo tipo de infamias por aquellos que se veían amenazados por la investigación. Los corruptos y sus amigos no han ahorrado esfuerzos para difundir los consabidos bulos machistas que siempre entran en circulación cuando es una mujer la protagonista.
Todo eso solo me inspira desprecio y asco y una enorme simpatía y solidaridad con la jueza. Pero ni la abyección moral de los ERE, ni la despreciable actitud de persecución de la jueza, pueden ocultar las fuertes dudas que la instrucción que dirige me suscita. Me preocupan estas dudas por que hacen daño a la justicia y le dan argumentos a los corruptos y a sus amigos para sembrar la confusión.
Alguna de estas dudas .¿Por qué el calendario de comparecía de los procesados en los juzgados está milimétricamente sincronizado con los distintos ciclos electorales? ¿Por qué hay imputados que se han enterado de su imputación por la prensa y mucho tiempo después han recibido el auto de procesamiento? ¿Por qué una jueza de instrucción emite en los autos continuos juicios de valor y presunciones de culpabilidad? ¿Cuánto va a durar esta instrucción que parece, a si lo cree también el CGPJ, que nunca se cierra? Y la gran pregunta final ¿Por qué no está procesado Viera y si Antonio Fernández? ¿No está la jueza intentado evitar el procesamiento de Viera, que esta aforado, para impedir qu el Tribunal Supremo le quite la instrucción? Dudas razonables, que alguien debería despejar para que la corrupción no tenga subterfugio alguno donde poder ampararse y, para que la justicia no forme parte de ninguna estrategia electoral.
Completamente de acuerdo con usted. Partiendo de la base de que la corrupción debe ser perseguida siempre y que nadie que sea culpable debe quedar impune al rigor punitivo, creo que la jueza Alaya está instruyendo de una manera bastante peligrosa (y chapucera) este caso. Criticar a un juez que persigue la corrupción no significa criticar que se persiga la corrupción. No confundamos.
Primero.- Las coincidencias de los autos con procesos políticos parece más que evidente. Basta repasar las hemerotecas. Un juego al que se han prestado determinados medios de comunicación, y que ha jaleado el PP.
Segundo.- Los juicios de valor de la jueza en los autos son clamorosos. En más de una ocasión, emite una hipótesis (subjetiva, por tanto) que luego pide a la policía judicial o a la guardia civil que investigue. Es todo lo contrario no sólo al método científico, sino también al derecho de presunción de inocencia.
Tercero.- He estado repasando una y otra vez algunos de los autos publicados por la prensa, y en el 70% de los casos, los delitos que imputa la jueza están prescritos. ¿Qué pasa con el ahorro judicial? ¿O es que se persigue la «pena del telediario»?
Cuarto.- Encarcelar a un imputado no puede basarse en la anticipación de la pena. Un juez de instrucción no puede imponer penas, sino medidas cautelares que están siempre limitadas por el valor supremo constitucional del derecho a la libertad y a la presunción de inocencia.
Quinto.- Señores como Jaume Matas y José María del Nido, que han sido condenados, están en libertad provisional a la espera de que sus sentencias sean firmes. ¿Condenados en la calle e imputados en la cárcel? El andalucista Pedro Pacheco tenía más razón que un santo: esto es un verdadero cachondeo.
Sexto.- No obstante todo lo cual, si un ex-VICEconsejero está en prisión e imputado, ¿cuál es el motivo por el que no lo está el consejero? ¿Que Viera está aforado? ¿Y…? Pues que la señora jueza no quiere soltar la instrucción del caso tan pronto. ¿Por qué? ¿No se fia del Supremo? ¿O es que quiere seguir saliendo en la prensa? ¿O es que quiere seguir apoyando al PP?
En fin, dudas, dudas, dudas…
Estimado josé Luis, en este mismo post se dice lo siguiente: “El combate contra esta corrupción ha de ser judicial pero no puede ser sólo judicial. Hay que desmontar los discursos sociales que legitiman la corrupción y las estructuras de oportunidades que la estimulan y favorecen.” Hemos dedicado en P•36 decenas de post y editoriales a denunciar la corrupción como fenómeno político, y no como criminalidad individual, incluido el caso de los ERE fraudulentos. Pero la corrupción no sólo afecta la PSOE, según la mirada extrávica de la derecha mediática andaluza, sino también y en mayor medida al PP, e incluso a IU y en el pasado al PA. Pero en este post toca hablar de la jueza Alaya y no se puede hablar en todo de todo. Tan importante es que un gobierno permita o tolere la corrupción como que el poder judicial acompase sus actuaciones, si es qu esto ha sido así (una duda), al servicio de la estrategia electoral de cualquier partido. El auto de Antonio Fernández no despeja ninguna duda de las expuestas en el post no despeja aunque si abre, no digo dudas, sino evidencias sobre la connivencia entre el poder político y los corruptos. Por último no olvidemos que “corrupción!” solo hay en las democracias, en las dictaduras la corrupción ( la subordinación ilegítima de los intereses públicos a los intereses privados) es la norma legalizada y por tanto ya no se puede hablar de corrupción. En fin no confundamos despejar dudas, con despejar balones.
Pues son dudas que a mi se me han despejado la mayoría leyendo el auto de prisión del exconsejero Antonio Fernández, creo que son más bien dudas tendenciosas que está difundiendo el aparato mediático cercano al PSOE andaluz. Creo que la labor de la jueza está siendo meticulosa, inmensa, y sobre todo valiente, muy valiente. Pienso que es una labor digna de elogio y que tendría que ser apoyada con más medios para llegar a desentrañar esa maraña de pruebas y folios con la que pretenden abrumarla. Creo que a una persona que escribe «es una de las representaciones más repugnantes de la corrupción política que ha habido en Andalucia», deberían de suscitarsele otras dudas: ¿cómo puede un gobierno «demócratico» mantener durante más de 10 años esta red de corrupción institucional?, ¿dónde ha ido a parar todo este dinero: particulares, partidos, sindicatos…?, ¿cómo pueden afirmar que se trata de conductas individuales?, ¿qué le pasa a la sociedad andaluza que premia estas conductas?, ¿cómo puede un pacto de gobierno psoe-iu obviar esta realidad?.
La lectura del auto de la jueza deja abiertos muchos interrogantes que creo que son de mucha más importancia y magnitud para la vida pública de Andalucía que esas «dudas» sobre la labor de instrucción del caso de los ERE.