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Expansión 14/07/2011
Crisis en la antigua Egmasa. Medio Ambiente detiene decenas de infraestructuras ante la imposibilidad de pagar a las constructoras. La licitación prevista sólo para este año supera los 200 millones de euros.
El sector andaluz de la construcción de obra civil sigue recibiendo nuevos varapalos. Al creciente desplome del volumen de la licitación de las diferentes administraciones se une ahora un hecho más grave aun y que puede ser el golpe de gracia para numerosas compañías de la región.
Según ha podido saber EXPANSIÓN, la Junta ha dado orden de paralizar todas las obras de carácter hidráulico, un ámbito que gestiona la agencia creada recientemente en sustitución de la antigua Egmasa. ¿El motivo? Literalmente, no hay un euro en las arcas.
La crisis es de tal envergadura que hay trabajos que podrían quedar tal y como están en estos momentos pese a que entrañan evidentes riesgos de seguridad.
Junto a las constructoras, los grandes perjudicados serán los propios ciudadanos andaluces que verán cómo en cientos de municipios se detienen multitud de proyectos de todo tipo, entre los que se encuentran depuradoras, plantas de vertidos, colectores, depósitos, conducciones o ramales, así como el cubrimiento de canales.
La incógnita es cuándo se podrán retomar estas obras, aunque fuentes empresariales consultadas por este periódico admiten que desde la consejería del ramo les han advertido de que es complicado que la situación pueda revertirse antes de fin de año.
Para hacerse una idea de la magnitud de este problema hay que tener en cuenta que sólo en 2011 la Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía tenía previsto licitar proyectos por un valor superior a los 200 millones de euros. A esta cifra hay que añadir las obras adjudicadas –por un montante de varios centenares de millones– a lo largo de ejercicios pasados, muchas de las cuales están en estos momentos en ejecución y que ahora se van a detener de golpe a causa de la drástica medida de la Junta.
Al margen del profundo perjuicio causado a numerosas empresas –en gran parte pymes– la decisión de la cartera que dirige José Juan Díaz Trillo puede tener unas consecuencias de mayor calado, dado que estas infraestructuras están financiadas con el programa Feder (Fondo Europeo de Desarrollo Regional), por lo que es previsible que Bruselas exija explicaciones al Gobierno andaluz sobre el destino del dinero que había liberado para estas iniciativas. En algunos casos, la aportación comunitaria es del 100% y en la mayoría de las ocasiones la cofinanciación no baja del 80%.
Y si hay nubarrones con respecto a las obras ya en curso, más oscuros se presentan sobre los futuros programas en materia hidráulica y medioambiental.
Entre ellos destaca la construcción de más de trescientas depuradoras que supondrán una inversión de 1.765 millones de euros y generarán un empleo estimado de 28.400 puestos de trabajo. Este plan se contempla dentro de la Ley de Aguas de Andalucía y su objetivo es cumplir con los requisitos que establece la Directiva comunitaria Marco de Agua y que exige a la región la puesta en marcha de estas infraestructuras antes de 2015.
Los informes más recientes cuantifican en más de 850 millones de euros la deuda que el Ejecutivo autonómico mantiene con las empresas del sector de la obra civil.
A este problema se añade la reducción de las licitaciones, que hasta mayo –últimos datos disponibles– han caído un 36,3% respecto a los cinco primeros meses de 2010. En total, las diferentes administraciones sacaron a concurso trabajos por valor de 949,7 millones frente a los 1.492 millones del mismo periodo de 2010.
