La movilización de los empleados públicos de la Junta de Andalucía: nueva etapa

La aprobación por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía de la “reforma de la administración andaluza” mediante Decreto Ley (primero el 5/2020 y luego el 6/2010) ha provocado la movilización y el rechazo de la práctica totalidad de los empleados públicos de la administración autonómica así como una ruptura frontal con UGT y CC.OO al haber firmado acuerdos con la Junta a pesar del rechazo patente de la inmensa mayoría de funcionarios y laborales a los contenidos y a la forma en la que se pretendía implantar esta reforma.

La esencia de la reforma consistía en sistematizar mediante la creación de Agencias la huida del derecho administrativo, es decir: trasladar la mayor parte de la actividad administrativa de un régimen jurídico público a un régimen jurídico privado. Esta tendencia había venido realizándose en la práctica mediante la creación de facto de una administración paralela compuesta por empresas públicas, consorcios, fundaciones, etc., en las que no ha existido ningún control público riguroso ni en materia de contratación de personal ni de gasto, ya que carecían de una regulación específica de carácter integral.

En vez de frenar esta tendencia el Decreto Ley 5/2010 crea un sistema organizado para vaciar de contenido la función pública mediante la creación de distintos tipos de agencias a modo de escalones graduales: agencias administrativas, agencias de régimen especial (un híbrido entre lo administrativo y lo privado)  y agencias públicas empresariales, que a su vez se dividen en dos subtipos en función de la pérdida cuasi completa o completa de su naturaleza administrativa.

Este atrevido modelo da al traste con toda la tradición garantista de la administración española que había sobrevivido incluso al franquismo. Además se ha intentado imponer además mediante la técnica del Decreto Ley, es decir no ya sin el adecuado debate social que exigiría esta reforma de dudosa constitucionalidad sino incluso sin el preceptivo debate parlamentario.

Al plantearse precisamente sobre la administración autonómica andaluza frente al resto de las administraciones, supone también una quiebra de nuestra propia Autonomía y un despropósito en este contexto de crisis generalizada donde Andalucía está padeciendo más que nadie con una tasa de paro superior al 27% sobre la población activa: en vez de fortalecer la herramienta más poderosa de que disponemos, la reforma la debilita tanto desde el punto de vista funcional como político.

Las consecuencias de esta decisión del Consejo de Gobierno han tenido tres niveles, que se retroalimentan:

Laboral: Los empleados públicos y los funcionarios en particular han visto amenazada tanto su situación laboral como su independencia, al verse impelidos a desembarcar en las agencias por vías directas o indirectas ya que en caso contrario, se provocaría una duplicidad masiva. Al mismo tiempo, la reforma legaliza sin ningún control la conversión de los actuales contratados en la administración paralela como personal laboral fijo al servicio de la Junta de Andalucía, incluidos los contratados mediante contrato de alta dirección, reservando además los puestos directivos de las agencias para este tipo de contratos. Es decir equipara en la práctica a los que han superado una oposición para servir con imparcialidad a los intereses públicos con los que, en su mayor parte, no habían tenido que superar proceso selectivo alguno, y que además sitúa a los funcionarios en las Agencias en una posición subordinada ya que los puestos directivos de éstas serán para personal con contratos laborales de alta dirección (al margen de la contratación o designación administrativa).

Político: Los empleados públicos han dirigido toda su indignación contra el Partido Socialista (y contra UGT y CC.OO). Se han visto utilizados y menospreciados (y ahora insultados), en aras de una reforma incomprensible de la que solo se podía deducir una finalidad partidista y clientelar.

Ideológica: La reforma iba más allá incluso de los postulados liberales (que en última instancia defiende un Estado mínimo que garantice la seguridad interna y externa, la acuñación de moneda y la propiedad privada) ya que establece una dinámica de huida del derecho administrativo que está conectado con el Estado de Derecho mediante una construcción doctrinal forjada durante dos siglos, pero no establece límites a esta huida. Este modelo hiperliberal rompe los esquemas instalados en el imaginario colectivo que identifican al PSOE con la izquierda y a ésta con la defensa de lo público ya que sitúan a la “reforma” en la práctica a la derecha del PP. La confusión se incrementa al no darse explicación alguna del porqué de este cambio de terreno de juego. Desde luego sintoniza con las mutaciones que se están dando en las políticas del Gobierno del Estado pero al menos allí se intenta una justificación (los mercados, etc.) pero aquí ni eso. En el mejor de los casos habría que buscar la causa en la inconsistencia ideológica de los dirigentes del PSOE andaluz o en su falta de control. En el peor sería por puro oportunismo y clientelismo aún a costa de sacrificar los pilares de la Autonomía y el Estado de Derecho.

La espontánea y rotunda movilización de los empleados públicos ha hecho retroceder al actual Gobierno andaluz una vez comprobado que la utilización de UGT y CC.OO. lejos de aportarles credibilidad arrastraba a éstos a una ruptura con aquellos de consecuencias funestas para la izquierda andaluza en su conjunto: primero cesaron al responsable directo de este engendro, en segundo lugar rectificaron en la forma y presentaron la “reforma” como proyecto de Ley para su debate parlamentario y en tercer lugar suspendieron la inminente aprobación de los Estatutos de las Agencias hasta pasadas las elecciones municipales.

Actualmente ha comenzado el debate parlamentario que, si se impone el sentido común, debe culminar con el rechazo de la iniciativa y el comienzo de una profunda y honesta reflexión sobre la situación de nuestra función pública y de las funciones que tiene que cumplir la Administración autonómica después de treinta años de Autonomía, en el contexto de una crisis sin precedentes en el conjunto del sistema. Los empleados públicos no van a relajarse y continuarán con las protestas que tiene como próximo hito la gran manifestación convocada para el sábado 22 de enero a las 12 en Sevilla y que marchará desde el Palacio de San Telmo hasta el Parlamento andaluz para recrear el mismo camino jurídico que ha sacado la reforma desde el ejecutivo a la sede del poder legislativo.

En este estado de la cuestión es necesario reflexionar sobre lo que está ocurriendo en estos momentos para no dejarse arrastrar por las inercias que pueden ser utilizadas por quienes tienen un mayor poder mediático. De los tres niveles en los que clasificábamos las consecuencias de la “reforma” el nivel político, en las actuales circunstancias, ha adquirido una relevancia especial, en detrimento de los otros dos niveles, motivado fundamentalmente porque estamos ya en precampaña electoral para las municipales pero también porque el nivel laboral ha perdido el dramatismo de la urgencia al haberse pospuesto la aprobación de los Decretos de los Estatutos de las Agencias para junio y en todo caso después de la, en su caso, aprobación parlamentaria del ya proyecto de Ley mientras que el nivel ideológico sigue sumido en la confusión, a pesar del carácter progresista de las consignas y, en todo caso, se ha mostrado muy dependiente del nivel político.

Es decir, la inercia en este contexto está favoreciendo la campaña electoral del Partido Popular, cuando esta opción política lejos de significar una solución representa la mayor amenaza para los objetivos que defienden los empleados públicos: la defensa de lo público y de la autonomía andaluza. El Partido Popular es una fuerza liberal y centralista propicia a la privatización y reacia a la autonomía andaluza. Precisamente por ello el electorado andaluz le ha dado la espalda durante treinta años. Es la paradoja del bipartidismo: el electorado está hipotecado y no vota a la opción con la que más se identifica sino para impedir que gane la que considera que es la peor.

El PP está adaptándose mucho mejor a las circunstancias y no pide que lo quieran sino que lo voten como voto de castigo al PSOE mientras que éste ha perdido cualquier instinto y lanza mensajes contra si mismo: al posponer la aprobación de los Estatutos de las Agencias hasta después de las elecciones está lanzando el mensaje de que si me volvéis a votar aprobaré sin problema los Estatutos de las Agencias en junio, y además ahora insulto y estigmatizo a los empleados públicos por si no están suficientemente enfrentados al PSOE.

Esta nueva etapa requiere romper las inercias para no ir de lo malo a lo peor. En primer lugar hay que respetar los actos electorales de todos los partidos sin excepción, precisamente en coherencia con la defensa del Estado de Derecho y de lo público como ámbito para el despliegue de la democracia. En segundo lugar hay que desenmascarar el oportunismo del PP que se presenta como valedor de lo público y de la autonomía (Aznar dice en público lo que Rajoy piensa pero calla por oportunidad política: la agenda de la derecha pasa por vaciar de contenido las autonomías) cuando en las Comunidades donde gobierna como en Madrid está desmantelando y privatizando los servicios públicos y esto hay que hacerlo poniendo en claro el debate ideológico que subyace en estas movilizaciones: se debe visualizar que existe un polo progresista que aporta soluciones reales a la situación de la función pública andaluza coherentes con la defensa de lo público y de nuestra autonomía y siendo un poco mas ambicioso, el movimiento de los empleado públicos, que ha supuesto un aldabonazo en la dormida sociedad andaluza, tiene que ayudar a romper con la lógica del bipartidismo y propiciar un voto en libertad, un voto para la opción con la que cada uno más se identifica sin el chantaje del miedo a que viene el PP o el PSOE, porque no hay un voto mas perjudicial para Andalucía que el voto a cualquiera de ellos. Las consecuencias del primero ya lo hemos experimentado, las del otro espero que no tengamos que sufrirlo y menos en estas circunstancias de crisis porque lo poco que queda ya sabemos para donde iría.