Paralelo 36 Andalucia Espacio de pensamiento y acción política
La recientemente constituida Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de Madrid, apoyada por la plataforma Democracia Real Ya y del movimiento 15 de Mayo, tratará este miércoles de paralizar el desahucio de una familia compuesta por una madre y una hija de 15 años en el distrito de Tetuán de la capital.
La pérdida de la vivienda supone la vulneración de uno de los derechos más elementales en un estado democrático, un Estado que no debe tolerar que miles de personas sean desahuciadas mientras existen millones de pisos vacíos en todo el país que, por este hecho, no cumplen con su función social», han dicho los afectados por la hipoteca.
Que se cumplan todas las garantías procesales y un realojo digno La PAH-Madrid ha exigido a la Administración que defienda en primer lugar los intereses de los ciudadanos «y no de las entidades financieras». Para ello, reclama que cumpla con el artículo 47 de la Constitución Española, el artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el artículo 11 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, «en virtud del cual el Estado está obligado a hacer todo lo posible para impedir los desalojos forzados por motivos económicos».
«Y en caso de no evitarlos, debe velar para que se cumplan todas las garantías procesales y un realojo digno y adecuado para las familias», ha agregado.
La acción, que también cuenta con el apoyo de la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM), en la primera de estas características en la ciudad, tratará de evitar que un matrimonio y su hija de 15 años se queden sin casa, «con una deuda de por vida y sean empujados a la exclusión social».
«Es una familia a la que los políticos expulsan no solo de su vivienda sino también de la sociedad porque no tienen recursos y no pueden hacer frente a la hipoteca» ha aclarado Chema Ruíz, uno de los integrantes de Democracia Real Ya y Afectados por la hipoteca.
Proyecto de ley.(¿ingenuo?
De acuerdo a: Artículo 47 de la Constitución Española, el artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el artículo 11 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, “en virtud del cual el Estado está obligado a hacer todo lo posible para impedir los desalojos forzados por motivos económicos”. Proponemos el siguiente proyecto de ley.
1. Se prohíbe cualquier tipo de desahucio a aquellos ciudadanos que han perdido el trabajo o han vito disminuido su ingreso.
2. Las casas que han sido desahuciada desde dl inicio de la crisis por las causas anteriores serán devuelta a su dueño y en caso de que esto fuera imposible la entidad que han realizado el desahucio deberá proporcionarle una de la misma calidad que la desahuciada.
3. Para evitar pérdidas en las entidades financiera el estado se hará cargo del pago de la hipoteca, mediante un préstamo sin interese a los inquilinos que empezaran a pagarla una vez acabada de pagar la hipoteca.
4. Para financiar este pago se establecerá un nuevo impuesto del 10% de su ganancia totales, que deberá ser pagado solidariamente por:
a. Los altos ejecutivos, y miembros de los consejos de administración de las entidades financieras,
b. Los altos ejecutivos y miembros de los consejos de administración de mersas que aun habiendo tenido beneficios hayan despedidos a trabajadores.
5. Este impuesto estará en vigor mientras dure la actual situación, de crisis económica