El INE acaba de publicar la encuesta de condiciones de vida con datos provisionales del 2011 y datos definitivos del 2010. Los datos más relevantes que contiene esta encuesta son la tasa de riesgo de pobreza y la situación económica de los hogares.
El umbral de pobreza, que depende de la distribución de los ingresos, se fija en el 60% de la mediana de los ingresos por unidad de consumo de las personas. Los datos provisionales para 2011, que no están desagregados por CC.AA., indican que el 21,8% de la población residente en España está por debajo de este umbral, en 2010 este porcentaje se situó en el 20,7%, por lo que la tasa de riesgo de pobreza ha crecido, en un año, 1,1 puntos.
Por edades, la mayor tasa de riesgo de pobreza corresponde a los menores de 16 años. Cabe destacar el aumento de esta tasa en los últimos años, que ha pasado del 23,3% en 2009 al 26,5% en 2011.
La tasa de riesgo de pobreza se reduce al 18,2% si se considera el valor del alquiler imputado. El hecho de considerar en el cálculo el valor de la vivienda en la que reside el hogar, cuando ésta es de su propiedad o la tiene cedida gratuitamente, hace que la tasa de pobreza disminuya en todos los grupos de edad, especialmente en el caso de los mayores de 65 años. El alquiler imputado constituye una componente no monetaria de los ingresos del hogar. Se aplica a los hogares que no pagan un alquiler completo por ser propietarios o por ocupar una vivienda alquilada a un precio inferior al de mercado o a título gratuito. El valor que se imputa es el equivalente al alquiler que se pagaría en el mercado por una vivienda similar a la ocupada, menos cualquier alquiler realmente abonado.
Los datos desagregados por Comunidades Autónomas del 2010 indican que Andalucía tiene una tasa de riesgo de pobreza del 30,1% frente a la media española del 20,7%. Otras Comunidades tienen una tasa muy inferior como Navarra (7,3%) o el País Vasco (11,6%). Curiosamente estas tasas correlacionan casi por completo con las tasas de paro existentes: Andalucía 30% y 30%; media del Estado, 20% y 20% y País Vasco, 10% y 11.6%.
Hay que insistir en que los actuales indicadores postcrisis evidencian unas distancias sociales entre Comunidades Autónomas que no se dan en ningún otro estado de la Unión Europea entre territorios continentales.