Paralelo 36 Andalucia Espacio de pensamiento y acción política
Rafa Rodríguez
Hubo una vez, hace ya mucho tiempo, un gobierno en Cataluña llamado el tripartito. A finales del año 2003, PSC, ICV y ERC firman el Pacto del Tinell para formar un gobierno tripartito presidido por Pasqual Maragall. La victoria de Rodríguez Zapatero en 2004 reforzó esta alternativa que emprendió un camino para solucionar el encaje de Cataluña en el Estado mediante la reforma del Estatuto de Cataluña. El nuevo Estatuto fue aprobado por el Parlamento Catalán, las Cortes Generales (en España al contrario que en cualquier sistema federal, la “constitución del Estado” se aprueba también por el legislativo del Estado central que le da forma de Ley orgánica) y aprobado también en Referéndum en 2006. En las elecciones de noviembre de ese año, el tripartito revalidó su mayoría parlamentaria y formó un nuevo gobierno, que se denominó Gobern d’entesa (de pacto), presidido por Montilla. La satisfacción de la opinión pública catalana con respecto a su posición en la organización territorial del Estado llegaba al 80% y menos de un 20% era independentista.
El PP escogió como estrategia electoral desacreditar al tripartito para recabar apoyos en la opinión pública del resto del Estado excitando los tópicos anticatalanes. La diana de sus ataques fue el nuevo Estatuto: recogieron firmas en la calle contra él y lo recurrieron a un Tribunal Constitucional cada vez más controlado por ellos mediante todo tipo de artimañas como incumplir los plazos para su renovación y recusar a los magistrados incómodos.
CIU también se apuntó al acoso al tripartito radicalizando su posición soberanista. La implosión de la crisis económica multiplicó la eficacia de estas políticas destructivas.
El tribunal Constitucional dictó la STC 31/2010 en la que anulaba parte del Estatuto, arumentando que no hay más nación que la española, que el Estatuto es una norma subordinada a la Constitución y que su naturaleza es el de una Ley Orgánica marginando la participación directa de la voluntad del pueblo de Cataluña expresada en referéndum.
Ambos obtienen rédito político: Artur Mar gana las elecciones del 28 de noviembre de 2010 e intenta sobrepasar desde el soberanismo al tripartito convocando una consulta el 9 de noviembre de 2014 y el PP gana las elecciones generales de 2012 por mayoría absoluta.
PP y CIU, crisis económica y TC han sido los causantes directos del descontento en Cataluña con respecto a su posición en la estructura territorial del estado. La Sentencia sobre el Estatut se celebró por la derecha española como un triunfo del Estado frente al tripartito catalán y la voluntad expresa del 90% del Parlament fue laminada por un Tribunal Constitucional jaleado como la reserva última del sentido común. Esta decisión y las actitudes asociadas marcaron un cambio de tendencia en los niveles de apoyo al independentismo en Cataluña hasta convertirse en hegemónica en la opinión pública catalana.
Por el contrario, la opinión pública en el resto del Estado ha ido girando hacia posiciones más centralistas lo que favorece los marcos de sentido común en los que se mueve la derecha española y que está permitiendo que el PP siga gobernando a pesar de los escándalos de corrupción, lo que es una excepcionalidad para la ética colectiva democrática, y las políticas neoliberales para favorecer a las grandes empresas frente a los sectores populares. Igualmente permite que Ciudadanos se visualice como una opción centrista y no como lo que es en realidad, una derecha tan neoliberal y centralista como el PP.
El Gobierno de CIU ha ido perdiendo fuerza política por lo que, presionado por ERC y la CUP, ha convertido la convocatoria del referéndum en un simulacro de referéndum. No solo no ha entablado una vía de dialogo, sino que lo convoca al margen de la legalidad incluso de la legalidad estatutaria ya que no se han respetado las mayorías necesarias para reformar el Estatuto que en cualquier Estado federal constituye su norma constitucional y las leyes de transitoriedad prevén que el sí decida la declaración de independencia sin ningún requisito de participación (como por ejemplo exige la vía del 151 de la Constitución) o de mayorías cualificadas (como exige por ejemplo la Ley de Claridad del Parlamento de Canadá). Sin embargo, la Generalitat en las cuestiones básicas sigue cumpliendo la legalidad como lo hace al publicar en el Boletín Oficial de Cataluña (DOGC) las Sentencias del Tribunal Constitucional que suspenden las leyes de desconexión y transitoriedad, recurrir ante el Tribunal Supremo la intervención de las cuentas de Cataluña, la suspensión de la reforma o acatar la orden de la fiscalía que pone a los Mossos bajo las órdenes de la Guardia Civil.
Mientras el PP está siguiendo la misma estrategia de sacar réditos políticos en la opinión pública del resto del Estado a pesar de la evidencia que su forma de gestionar el conflicto supone un destrozo para el sistema democrático y para el propio Estado. El PP ha conseguido que el conflicto nacional pase a segundo término y se transforme en una lucha universal por las libertades y la democracia. Y lo ha hecho porque también está utilizando un simulacro de legalidad. El PP ha suspendido la autonomía de Cataluña de facto al margen de cualquier procedimiento constitucional. Rajoy está aplicando la suspensión recogida en el artículo 155 de la Constitución, aunque sin cumplir con sus requisitos constitucionales. Ha suspendido la autonomía financiera, ha impulsado la detención la imputación de la inmensa mayoría de alcaldes y ha intervenido a la policía autonómica sin autorización parlamentaria alguna, sino con simples Órdenes Ministeriales.
Las políticas de simulacro son un virus que afectan gravemente al sistema democrático porque genera espejismos en la opinión pública, pero la fortaleza de la democracia se va a imponer porque en su defensa hay prácticamente unanimidad en la opinión pública de todo el Estado (en lo que se diverge es en el cómo). Ni va a haber independencia ni va a haber rendición de la opinión pública catalana. Posiblemente lo que se produzca tarde o temprano sea la sustitución de los actores que han propiciado de forma tan irresponsable este conflicto. Un nuevo gobierno en Cataluña y un nuevo gobierno en el Estado central (ahora más cercano tras la retirada del apoyo del PNV al PP) es necesario para abordar el diálogo, soluciones pactadas, convocatoria legal de referéndum con garantías y reforma de la Constitución al mismo tiempo que empieza a aplicarse una lógica federal para que el debate deje de estar polarizado y se convierta en plurinacional. Necesitamos que cambie la política española para que se invierta la separación entre la opinión pública catalana con la del resto del Estado porque la opinión pública es quien manda en democracia, los demás son sólo sus representantes.
