La querella china contra el juez Andreu,»aviso para navegantes»

Si cada vez que hay una discrepancia de criterio  de interpretación jurídica con respecto a una actuación judicial que implica a algunos poderosos, la discrepancia se convierte automáticamente  en  un acto ilícito y delictivo por parte del juez que actúa contra estos poderosos:  la única seguridad jurídica del poder judicial frente a los poderosos será el silencio y la omisión.

En Marbella ya  se lo hicieron saber hace años a la jueza Blanca Esther Díez, Polanco y Cebrián mandaron el mismo  mensaje  por medio de la condena  del juez Liaño, los franquistas y los corruptos  del caso Gürtel se cobraron la cabeza  de Garzón con la misma etiqueta amenazante colgada en su solapa, y ahora es la  gran mafia china  la que amenaza al juez Andreu y a los fiscales anticorrupción a través de querellas que a modo de “dedos cortados” le indican al resto de jueces y juezas  que le ocurrirá al que ose mirar debajo de las alfombras de los poderosos.

Si el Tribunal supremo admite la querella de Zhu Xiaoshuang (uno de los supuestos cabecillas de la mafia China en España),  contra el juez Andreu y los fiscales, la suerte está echada, por mucho que  finalmente no haya sentencia condenatoria. ¿Qué juez iniciará diligencias necesariamente complejas contra el crimen organizado a gran escala? ¿Quién investigará a los corruptos poderosos? La conversión de la discrepancia hermenéutica en delito sólo puede conducir a lugares indeseables para la justicia y el Estado de Derecho. No hablamos de que sea injusta la anulación, por parte del Tribunal Supremo, de las actuaciones del Juez Andreu, ni manifestamos nuestro acuerdo con la literalidad jurídica de las mismas. No, eso forma parte del juego racional del derecho. Y mucho menos  alegamos a favor de la impunidad judicial. No, hablamos de la conversión de la discrepancia en la interpretación de las normas  en una conducta  delictiva.

La universalización de este irracional criterio  implicaría la  imposibilidad  del derecho pues la única seguridad jurídica estaría en el silencio; cualquier revocación de una sentencia o auto podría dar lugar automáticamente a considerar delictiva la conducta del juez o jueces cuyo acto haya sido revocado, una locura que destruiría la misma estructura  del sistema judicial. No estamos  pues ante un  nuevo criterio de interpretación jurídica sino ante un ejercicio de injusticia ejemplarizante:» quien se atreva a tocar a estos habrá  entrado en una zona muy peligrosa», nos dice el mensaje. “Avisos para navegantes” justicieros y certificados de impunidad  para los poderosos.