La rebelión de los Alcaldes andaluces

EditorialP36. 29-01-2010 

Las ciudades se han convertido en el contenedor de todos los problemas engendrados y gestados por la globalización. Los ayuntamientos tienen que dar respuesta a múltiples situaciones cuyas causas últimas no han generado pero que no se pueden obviar. Esta dinámica se ha agravado en Andalucía durante la crisis tanto por su dureza diferencial como porque desde la Junta se han dejado a los municipios “sólos ante el peligro”.

Nuestros vecinos están en una situación crítica por el cierre de empresas, paro masivo, dificultades para los créditos, economía sumergida, embargos, desahucios, dificultades para llegar a fin de mes y aumento de la marginación y la pobreza y a la primera administración a la que les exigen ayuda es precisamente a los ayuntamientos.

Los municipios, sin embargo, están en una situación crítica tanto por la caída de ingresos como por el aumento de gastos sociales, con grandes dificultades para atender a los pagos más básicos y a las necesidades perentorias. Por dar algunos datos, cinco ayuntamientos andaluces ya han presentado expedientes de regulación de empleo ante la imposibilidad de pagar las nóminas (Almensilla, Valencina, Huérca, Jerez y Escacena del Campo); concentran el 86% de las deudas a la seguridad social del conjunto de los ayuntamientos del estado español: la deuda total asciende a 140 millones de los cuales 121 millones correspondían a los municipios andaluces, destacando la provincia de Cádiz que adeuda 86 millones. Las empresas proveedoras han denunciado que los municipios andaluces le adeudan 2.200 millones. Esta situación, lejos de mejorar, empeorará durante el presente año tanto por el estancamiento de la crisis como por los efectos del déficit público real, lo que puede dar lugar a una situación de emergencia financiera que tenemos que denunciar desde ahora.

Pero las administraciones territoriales no están afrontando el problema. El Ministerio de Política Territorial ha pospuesto el proyecto de financiación local precisamente hasta 2011, con una clara intención de escurrir el bulto pero decir antes de las elecciones que ha presentado un proyecto, porque esta crisis financiera de los ayuntamientos se produce justamente cuando falta menos de año y medio para las próximas elecciones municipales y cuando las encuestas constatan una situación de gran incertidumbre política en Andalucía: deseo mayoritario de cambio, pérdida de la hegemonía del PSOE pero claro rechazo a los valores conservadores del PP por parte de los electores, afortunadamente.

En este contexto, la Junta ha presentado dos anteproyectos de Ley sobre régimen local, después de casi treinta años de autonomía. Uno sobre autonomía local y otro sobre la participación de las entidades locales en los tributos de la Comunidad Autónomo. Estos anteproyectos no abordan en absoluto la actual situación ni proponen cambios estructurales sino que, con una mentalidad burocrática y sin ideas, siguen instalados en la inercia y en la rutina, como si nada hubiese cambiado.

El problema de los ayuntamientos no ser deriva solo de la falta de financiación autónoma y de su escasa  participación en los tributos del Estado y la comunidad autónoma, sino también de un modelo administrativo de distribución, planificación y control del gasto que ha tendido al derroche, a la ineficiencia e, incluso en muchos casos, a la corruptela.

¿Por qué, con carácter general, los ayuntamientos han sido tan  ineficientes y poco trasparentes en el gasto?  ¿Por qué han sido tan poco sensibles a la preservación de valores y bienes ecológicos, urbanísticos e incluso sociales? Las razones hay que buscarlas en la posición que juegan ante la sociedad civil y en el inútil y desfasado  modelo institucional que tienen: los ayuntamientos son los más vulnerable, por su cercanía y proximidad, ante las presiones de los poderes no democráticos que gobiernan la sociedad civil y paradójicamente son también los que menos poder tienen para reaccionar ante estas presiones. El resultado es una situación de extrema vulnerabilidad ante los intereses privados que se enlazan con la ventaja electoral que les pueden proporcionar si caen en la tentación de plegarse a ellos.

Si a estos factores les añadimos el peso que la  construcción ha tenido en la economía andaluza,  y que este sector ha dependido básicamente de las decisiones de los ayuntamientos, las piezas del puzzle empiezan a encajar. Los ayuntamientos han sido conducido a resolver su situación económica por medio del suelo y la especulación inmobiliaria y a la restantes administraciones esta alternativa les ha venido muy bien. Una legislación  inspirada en un municipalismo desfasado ha estimulado el uso arbitrario, ineficiente y, en muchos casos ilegal, de los recursos generados por el boom inmobiliario. Los fondos provenientes de los convenios se han usado, en demasiadas veces, para  engordar el clientelismo  político cuando no para el nepotismo puro y duro. La pasmosa y sospechosa lentitud del desarrollo de la justicia contencioso administrativa ha fomentado la sensación de impunidad. Sensación ya de por si estimulada por una legislación y por una administración autonómica y estatal que ha preferido “mirar para otro lado”, cuando no colaborar  activamente en el saqueo del  territorio y de los recursos de los municipios andaluces.

La hegemonía de los valores del desarrollismo ha encontrado en los últimos treinta años un campo abonado en los ayuntamientos que han sido inducidos como instrumentos “ajenos” por la Junta de Andalucía y el Estado para la puesta en práctica de una política diametralmente opuesta al marketing de “sostenibilidad” que predicaban en sus discursos y programas pero que les resultaba extraordinariamente útil. No hay nada más que repasas los informes de la Cámara de Cuentas de  Andalucía para ver que  es difícil encontrar tantos casos de  falta de transparencia y de irregularidades como en los ayuntamientos. Alcaldes de municipios medianos que cobran cuatro veces más que alcaldes de municipios que superan el medio millón de habitantes. Ayuntamientos con el 75 % de los empleos con contratos laborales. Niveles de endeudamiento ruinoso. Convenios urbanísticos con  promotores privados que  se convierten en el verdadero  instrumento  del planeamiento urbanístico. Más del 70 % de los casos de corrupción política en Andalucía  que se sustancian  en los tribunales afectan a cargos municipales.

La situación actual la podemos sintetizar pues de la siguiente manera:

a)     Aguda crisis presupuestaria de los ayuntamientos con perspectiva de agudizarse.

b)    Presión vecinal ante una situación de empobrecimiento vertiginoso generalizado.

c)     Situación pre electoral.

d)    Incertidumbre política y muy malas perspectivas electorales para el partido que es mayoritario en la FAMP (Federación andaluza de municipios y provincias), desde sus orígenes.

e)     Estructuras municipales viciadas por la asunción de los valores políticos del desarrollismo y muy dependientes de la financiación inmobiliaria.

Es en este contexto, cuando lo Junta presenta su paquete legislativo y estalla la rebelión de los Alcaldes encabezada por el Presidente de la FAMP, alcalde de Dos Hermanas y miembro cualificado del PSOE.

El Partido Popular quiere utilizar este conflicto defendiendo un aparente municipalismo, acrítico con la situación actual, contra el sistema autonómico. De esta forma quieren matar dos pájaros de un sólo tiro: debilitar nuestra autonomía y los intereses públicos frente a los intereses privados. En esta vuelta de tuerca conservadora gana el centralismo territorial y el absolutismo del mercado, especialmente el inmobiliario, controlado por los intereses de las grandes corporaciones  que administran las  necesidades y manipulan gran parte de las supuestas demandas ciudadanas.

Hay que construir un nuevo municipalismo que no puede ir desvinculado de un modelo político  y económico. Un nuevo municipalismo  en el que la descentralización  no sea la multiplicación   dispersa de microcentros de decisión indemne y vulnerable ante la presión y los poderes no democráticos del mercado y las corporaciones. La descentralización  ha de ser entendida más como una red cooperativa que como una estructura   atomizada  y competitiva  tal como hoy se entiende.

Para evitar la corrupción y la ineficiencia hay que combatir cualquier diseño institucional  que favorezca el monopolio en la toma de decisiones y en las competencias evitando el monopolio difuso y evitar la cogestión   ineficiente. La  administración pública no puede ser ni tan compleja que sea ineficiente, ni tan simple que sea monopolística. Desgraciadamente el modelo  municipal que hay actualmente en nuestra tierra aúna  ambas perversiones.

Los dos proyectos de leyes locales  presentados por el gobierno del interino Griñán no resuelven  ninguno de los males que corroen a los ayuntamientos de Andalucía ni suponen una  solución ni  una alternativa  real a los graves problemas de los pueblos y las ciudades de Andalucía.

Por ello desde p36 reivindicamos:

a)     Una nueva financiación local que independice a los municipios de la servidumbre inmobiliaria y que afronte la situación de emergencia real que empieza a vivirse.

b)    Una actuación distribución competencial clara y funcional, ligada al principio de subsidiaridad.

c)     Mas control,  homologación y eficiencia en el gasto.

d)    La racionalización de las demarcaciones territoriales mediante de la supresión de los viejos instrumentos centralistas que constituyen las Diputaciones y una comarcalización integral de Andalucía, democráticamente legitimada, que, al menos y no es poco, organice y ordene el territorio de forma integral.