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(Agencias)
La reivindicación del pacto fiscal en la vía del concierto económico –esto es, que Catalunya recaude, inspeccione y gestione todos sus impuestos y luego salde cuentas y los liquide con el Estado– dibujó ayer dos frentes políticos muy diferenciados y alejados de las alianzas con las que el Govern de Artur Mas ha ido compensando su minoría relativa. Esta vez CiU no cierra filas ni con el PP ni con el PSC. Sus aliados son ICV-EUiA, ERC y SI, estos grupos no sólo defienden que es imprescindible una relación bilateral con el Gobierno y que hay una base sólida jurídica para cambiar las reglas del juego de la financiación sin que eso suponga retocar el Estatut o la Constitución.
Por otro lado, el PSC, el PP y C’s que rechazan la idea del concierto económico y reivindican (es el caso de los socialistas) el modelo vigente de financiación logrado por el tripartito en el 2009 como punto de partida para una nueva mejora en el 2013.
A las puertas de las elecciones, pero con unas conclusiones que no se someterán al pleno hasta superar la cita con las urnas, unos y otros pusieron algunas de sus cartas boca arriba. CiU quiere mirar al futuro.
«Discrepamos de la hoja de ruta», anunciaron desde las filas socialistas que prefieren hablar de pacto fiscal federal. «Reconocemos lo que tenemos y tenemos ambición de llegar lejos, pero con los pies en el suelo, tenemos que aprovechar el esqueleto que ya tenemos. la propuesta de (CiU) está coja», afirmó la diputada Rocío Martínez-Sampere.
La posición socialista no se aleja de la del PP, que ya desde la creación de la comisión parlamentaria se mostró contrario a abrir un debate tal en este momento. El PP asume que «Catalunya necesita una mejora de su financiación» y que la solidaridad debe tener un límite muy claro, el de no ganar más posiciones en el ránking de los que más dan y menos perciben. Con todo, el PP no cree en los principios del concierto para Catalunya ni ve resquicios legales para equipararlo al del País Vasco o Navarra.
Con la formación de dos bloques, los grupos que apoyan seguir buscando una fórmula para concretar cómo debería vertebrarse la demanda del pacto fiscal suman 86 diputados en el Parlament, mientras que los que recelan (PSC, PP y C’s) sumarían 49. El Govern, en cualquier caso, no da por definitivo el resultado que salga de la comisión en la votación del viernes, sino que confía en poder ampliar el consenso en las «próximas semanas y meses», antes de que las conclusiones sobre el pacto fiscal lleguen al pleno.
Una vez transcurrida la cita electoral del 20-N, el equipo de Artur Mas espera que «se den las condiciones» para que las fuerzas políticas que ahora no suscriben el acuerdo –PSC y PP– lo hagan y para que la negociación pueda abrirse en Madrid desde la máxima unidad interna posible en Catalunya. «No sería un problema retrasar la votación en el pleno hasta principios del próximo año», aseguró ayer en tono conciliador Francesc Homs, que relató que «el Govern tiene cierta esperanza en que el acuerdo se acabará produciendo, si no ya no habríamos movido ficha».
El portavoz del Govern también dejó la puerta abierta a la celebración de una consulta, «antes o después» del proceso de negociación con el Gobierno español que salga del 20-N, y avanzó que la ley que la regulará estará lista en un máximo de dos meses. El Parlament, en el debate de política general de hace un mes, aprobó una moción, con los votos de CiU, ERC e ICV-EUiA, que instaba a presentar en el plazo de tres meses un proyecto de ley de regulación de las consultas populares que no se hagan por la vía de referéndum, para poder convocarlas sin necesidad de pedir permiso a Madrid, «y el Govern está trabajando en ello y cumplirá los plazos», sentenció Homs.
Totalmente de acuerdo con Rafa. CIU no busca la independencia por que no le es económicamente rentable. Lo cual contradice el supuesto del robo y el expolio. ¿A quié al que roban nole intersa separase por completo del ladrón?
Estoy absolutamente de acuerdo con tu diagnóstico, Pepe. Pero podemos cambiar las cosas, es más, necesitamos cambiarlas. Los catalanes están en su pleno derecho de ser independientes si una mayoría cualificada (por los efectos en el tiempo de la decisión tal como ha interpretado el TC de Canadá) lo decide. Es más, no habría problemas reales porque la soberanía política efectiva (o lo que queda de ella) está en la Unión Europea y solo hay el obstáculo de la construcción emocional que sobre la unidad de España ha construido el nacionalismo español (que no es poco, pero que en una confrontación entre emociones producida por un esencialismo y derechos democráticos, la jerarquía de valores está clara).
Pero mientras compartamos estado no vamos a consentir situaciones de desigualdad mediante un cambio unilateral de las reglas, porque además sería un triunfo de la insolidaridad (es como si los ricos quisiaran seguir teniendo las ventajas del estado pero se negaran a pagar impuestos progresivos aduciendo las balanzas fiscales) y mucho menos en este contexto de crisis donde el estado se legitima fundamentalmente por su función cohesionadora. El problema es que determinada izquierda catalana está adoptando por la vía de los hechos las posiciones de la Liga Norte italiana. Al final va a resultar que el PSC tiene una anclajes sobre los valores de la izquierda más sólido que ICV.
Esta no es una cuestión secundaría sino uno de los elementos que van a estructurar el conflicto en la próxima legislatura.
Pero mientras que compartamos estado no vamos a consertir la desigualdad
Que duda cabe que en un escenario en el que reivindican más soberanía, los catalanes aspiran a un concierto ecónómico similar al vasco-navarro. Sin hacer historia de porqué los unos lo tiene y los demás no, hay una realidad incuestionable: este Estado de las autonomías camina sin remedio a una configuración asimetrica y confederal. El sentimiento nacionalista o de sentirse nacionalidad diferenciada respecto al resto de comunidades del Estado crece en las comunidades llamadas históricas y cada día ganan más adehesiones los deseos independentistas. En unos de forma más consecuente y rapida: acelerar los procesos, de ahí el pedir una ley que permita las consultas populares sin necesidad en principio de que sean referendums vinculantes y la exigencia del concierto económico. Y en otros, al menos en el PSC, no obviamente en el PP que es estatalista y nacionalista español, el agotar tiempos y plazos para hacerlo más digerible al PSOE.
Lo ciero es que en el Estado Federal igualitario cada día creen menos, o por lo menos no se defiende con firmeza y sentido de Estado como se debiera. La derecha no participa para nada de ese espiritu federalista e igualitario y la izquierda de caracter estatal tiene demasiadas hipotecas con sus homólogos de las nacionalidades históricas como para hacer valer este criterio federal, donde las Comunidades Autonomas gozemos de los mismos derechos y deberes. Y lo peor, con el nuevo ciclo abierto de crisis económica y con una derecha que va a gobernar si las urnas no lo remedian con mayoría suficiente el camino de un debate sereno sobre el diseño de un nuevo Estado de las Autonomias basado en el Federalismo va a quedar cegado por mucho tiempo. No así el modelo Confedral que, probablemente con el ascenso de la izquierda abertzale en el país Vasco y el aumento constante del sentimiento independentista en Cataluña, unido a la necesidad del PP de negociar con los nacionalistas moderados de Cataluña y el País Vasco para controlar la situación an ambas comunidaes, se va a fortalecer en estos próximos años como mal menor.