Paralelo 36 Andalucia Espacio de pensamiento y acción política
Ricardo Suárez García
Ayer era el día de la Constitución, y seguro que muchos de los integrantes del partido del gobierno se golpeaban el pecho diciendo estar orgullosos de ella y de defenderla. Pero el PP no defiende la Constitución, la emplea como arma arrojadiza contra sus rivales y en este caso contra el medioambiente y nuestra salud.
En medio de una confrontación política en Catalunya que ha alcanzado el nivel de eclipsar al resto de la actualidad y poco antes de unas elecciones que seguramente tendrán como resultado el Parlament más fragmentado de la historia, el pasado verano, una ley fue aprobada con una mayoría aplastante. La ley catalana del cambio climático fue aprobada con el voto positivo de 124 de los 135 asientos de la cámara y la única abstención de los 11 que ostentaba el PP hasta la disolución de la misma a través del famoso artículo 155. Una ley que, además, muchas voces consideran como pionera en el estado español por los avances que supone en muchas materias. Poner de acuerdo a partidos tan diferentes como los que hay en la cámara catalana en el voto positivo a una ley que regula una materia tan transcendental como el cambio climático parece, cuando menos, un gran triunfo de la política y el parlamentarismo.
Pero no echemos las campanas al aire, porque parece que, al menos por seis meses, la implementación de esta ley quedará suspendida cautelarmente. El sectarismo del PP en el tema de Catalunya ha llegado a tal punto que la han llevado al constitucional, a pesar de haberse abstenido, y como no podía ser menos, este recurso ha sido admitido a trámite por dicho tribunal.
Esta ley pretende avanzar en materia de fiscalidad ecológica, obligando a pagar impuestos por la emisión directa de gases de efecto invernadero a las actividades más contaminantes y reinvirtiendo éstos en el desarrollo de energías renovables y otros proyectos sostenibles; de hecho, la fiscalidad ambiental está dotada de un artículo propio, el 5, donde se expone pormenorizadamente su funcionamiento. Se propone, para 2050, una economía que funcione al 100% con energías renovables, a través de una estrategia que, además, tiene en cuenta la importancia de su implementación desde los gobiernos locales y de la dotación de medios a la investigación en la temática.
No se queda esta ley en el terreno de los objetivos a largo plazo si no que apuesta por el principio de evaluación periódica del avance de la implementación y del impacto del resto de políticas al medioambiente, convirtiéndose el mismo en principio rector transversal de toda la legislación. Se compromete además a cumplir los acuerdos de UE y ONU actuales y venideros en materia medioambiental.
Aparecen conceptos innovadores como la contratación verde por parte de las administraciones públicas, como la apuesta por presupuestos de carbono como instrumento para no salirse del límite de emisiones que debe ser aprobado con al menos 10 años de antelación y con un rango de 5 años de aplicación. Conceptos como el inventario de emisiones a la atmosfera y de sumideros de CO2 y el cálculo de la huella de carbono tanto general como de los productos de forma individualizada. También aparece el fomento del equilibrio agro-silvo-pastoril, el avance hacia una economía circular o el autoconsumo descentralizado de las granjas.
Se apuesta por la modernización del regadío, en un momento de sequía tan acuciada; por la adaptación de la flora a las condiciones climáticas del entorno y la priorización de las especies autóctonas; el fomento de los abonos orgánicos, favoreciendo el compostaje en detrimento de la importación; la adecuación de la cabaña ganadera a los límites del territorio, previniendo la sobre-intensificación y degradación de los suelos; o el incentivo a la adquisición de tecnología menos contaminante. Otro de los puntos centrales es el de transportes y movilidad, donde se propone la racionalización de los vehículos privados y el fomento de un transporte público eficiente y de calidad.
No se olvida tampoco el abordaje de la necesaria transición energética, con medidas como la reducción de un 2% anual del uso de energía, una participación del 50% de las renovables en la producción del sistema energético catalán en 2030, la normalización del autoconsumo o la penalización del sobreconsumo. Se prevé también la descarbonización y desnuclearización de Cataluña, con el cierre de las centrales nucleares para 2027, así como la adaptación de las infraestructuras y edificios a las condiciones provocadas por el cambio climático y la mitigación de los efectos de este último sobre la salud de las personas. Se prohíbe la utilización de los métodos de fracking. Se ponen condiciones tasadas a las empresas con más de 250 trabajadores para poder acceder a ayudas y beneficios fiscales de motivo medioambiental. Medidas todas ellas, que, aunque tal vez no suponen la panacea que va a salvar el mundo, suponen con claridad una apuesta por un gran avance de la legislación medioambiental.
Una vez más observamos una deriva autoritaria por parte del PP, que priva a Catalunya de una ley consensuada y aplaudida por ecologistas y liberales, por independentistas y unionistas. El PP ha destrozado uno de los pocos puntos en los que toda la sociedad catalana se había puesto de acuerdo, atentando una vez más contra la concordia y el diálogo. Ha pisoteado con un recurso ante el constitucional una ley que debería servir de ejemplo al resto de territorios del estado y que ponía a Catalunya en la vanguardia europea, una ley a la que ni ellos mismos se habían atrevido a votar en contra. Todo ello con la única excusa de que actuaba en contra de los intereses económicos de España y contra las competencias del estado central, cosa bastante discutible.
No sabemos si la motivación de este partido es su demostrado poco interés por el cambio climático o si tal vez es simplemente un episodio más de la guerra sucia que este gobierno utiliza contra sus opositores en Catalunya y en el resto del estado. Lo que si podemos tener claro es que el partido del ejecutivo hipoteca nuestro futuro, torpedea la democracia y opera en contra de los que desean proteger el planeta.
Puedes ojear esta ley en el siguiente link: https://www.boe.es/buscar/pdf/2017/BOE-A-2017-11001-consolidado.pdf
