Concha Caballero. El País. 20/10/2013,
No se acaban de poner de acuerdo en su tesis central. Unos días se empeñan en argumentar que “la vieja división izquierda y derecha ya no existe” y, a la semana siguiente, elaboran un cuadro completo para demostrar que ha terminado la superioridad moral de la izquierda.
Es verdad que la denominación izquierda y derecha solo designaba el lugar en el que se sentaban los delegados que defendían los privilegios reales de los que se oponían y que un lugar geográfico no determina tu forma de pensar ni la coherencia de tus actuaciones. También es cierto que nadie está construido de una pieza, sin contradicciones. Hay personas de la izquierda incoherentes o egoístas y personas de la derecha política que practican valores de solidaridad.
Pero hagamos un ejercicio sencillito de utilidad. Desde la llegada de nuestro país a la democracia, intenten recordar una o varias leyes que afecten a derechos sociales, a la igualdad de oportunidades, a la creación o la ampliación del estado del bienestar, a la justicia social, que haya sido elaborada o impulsada por partidos u organizaciones de la derecha. Repasen detenidamente: la universalización de la seguridad social, la universalización y ampliación de la enseñanza, la igualdad entre hombres y mujeres, el reconocimiento de derechos de las personas homosexuales, la ley de dependencia, los sistemas de protección social… Ni uno solo de ellos ha sido impulsado por gobiernos de la derecha en nuestro país o por sus organizaciones sociales.
Por el contrario, a la chita callando, aprovechando la crisis económica, mientras usted y yo comentamos el último episodio de corrupción o de descrédito de los políticos, se está reformando todo el edificio institucional propio de un estado de bienestar en función de unos valores que se asientan en el poder del dinero, la división social y el quebranto de la igualdad de oportunidades. No hay una sola ley importante que no esté siendo convenientemente talada, disminuida o simplemente aniquilada. La justicia gratuita ha dejado ser tal y ahora si, por ejemplo, quiere pleitear contra las cláusulas abusivas de los bancos, prepare 300 euros para la primera demanda. La seguridad social ha dejado de ser universal y se ha expulsado a más de 700.000 inmigrantes. El aumento de las pensiones deja de estar ligado a su indicador real que es el coste de la vida. Los derechos de las personas con dependencia han dejado de ser vinculantes y se han convertido en potestativos. En la educación se impone el criterio de excelencia al de igualdad y se aumenta el poder religioso en las aulas… Hasta 30 leyes centrales para nuestra vida están siendo modificadas en una operación que ya no se puede llamar reforma, sino demolición.
Para el triunfo de esta operación se requiere la liquidación del patrimonio moral y ético de la izquierda. Necesitan como el agua el sindicalista corrupto, el político de izquierdas trincón. Anoten como la lupa inquisidora no encuentra, o mejor no busca, conductas delictivas en las organizaciones sociales de la derecha. Fíjense en la benevolencia que se aplica a las conductas delictivas de los empresarios y cómo empieza a ser ya una preocupante toma de partido ideológica.
Pero lo anterior no pretende disminuir la responsabilidad o la condena moral de políticos o sindicalistas de izquierda que realmente se hayan enriquecido o malversado caudales públicos. Todo lo contrario. El daño que han producido va mucho más allá de su penalización legal. Sea cual sea su condena, no pagarán el daño que le producen a la izquierda y al movimiento obrero en este país. Han rasgado ese delicado tejido construido con el sacrificio de miles de hombres y mujeres que han dedicado sus vidas a la defensa de causas justas, al progreso de la gente más sencilla, a la conquista de derechos que nos han hecho más libres. Hombres y mujeres, ideas y valores que son ahora más necesarios que nunca. En cuanto a los otros, si se demuestra su culpabilidad y su enriquecimiento personal, ni una lágrima por ellos. Malditos sean