Paralelo 36 Andalucia Espacio de pensamiento y acción política
por Pablo Pardo en El Mundo. La crisis de General Motors es también la crisis de un sistema de pensiones. Mire usted por dónde que no es de un sistema de pensiones público, sino privado. Porque la suspensión de pagos del gigante de Detroit va a ser un golpe muy duro para la friolera de 377.000 personas cuyas pensiones paga General Motors.
La clave del problema es simple. En los años 40, tanto la dirección de General Motors como United Auto Workers (UAW, el sindicato del sector del motor de EEUU) rechazaron la creación de un sistema público de pensiones a la alemana por temor a que fuera un primer paso hacia el socialismo en EEUU. El resultado es que las industrias del motor de EEUU se convirtieron en Seguridades Sociales que pagaban las pensiones y la sanidad a sus jubilados y a sus familias.
El problema es que, a medida que se iba jubilando más y más gente de la plantilla, las empresas tenían que ir haciendo frente a más y más costes, hasta que esa partida se convertía en una losa insoportable para sus finanzas.
Ésa es la razón que explica que UAW vaya a controlar, mediante su plan de salud, el 17,5% de General Motors. Fundamentalmente, ese 17,5% es una forma de General Motors se financiar, al menos en parte, el plan de salud de los jubilados de UAW. El problema es que a día de hoy el valor del 17,5% de General Motors es cero. Y nadie sabe cuánto será en cinco o diez años.
Este tipo de crisis no es inusual. Hace un mes, en Detroit, hablé con los representantes de la Asociación de Jubilados de General Motors (GMRA, según sus siglas en inglés). «No sabemos lo que nos va a pasar tras la suspensión de pagos, pero suponemos que no será nada bueno», me dijo John Christie, su presidente interino. Christie citó como ejemplo Delphi, un fabricante de componentes que se segregó de General Motors y que lleva en suspensión de pagos dos años, y que fue motivo de una enrome controversia en España en 2007, cuando cerró su fabrica, en la que trabajaban 1,.600 personas, en Cadiz. El 1 de abril pasado, un juez decretó que el sistema de sanidad para los jubilados de Delphi debe desaparecer.
Así que la suspensión de pagos de General Motors no es sólo una tragedia para los 21.000 empelados que van a ser despedidos. También lo es para sus 377.000 pensionistas.
Y, aunque ése es otro debate, no deja de ser irónico que, después de toda la histeria sobre el futuro de los planes de pensiones públicos, sean los de las empresas privadas los que estén revelándose insostenibles.
