Una alternativa a la “tasa Soria” que grava la energía eólica y solar

 

La izquierda plural, Comisiones Obreras y las cinco grandes organizaciones ecologistas de España han presentado esta semana en el Congreso de los Diputados una «enmienda a la totalidad» al denominado «proyecto de ley de medidas fiscales para la sostenibilidad energética», iniciativa que presentara hace unas semanas el ministro de Industria, Energía y Turismo, y que incluye una tasa que grava con un 6% a la electricidad de origen eólico y solar.

Todas esas organizaciones han presentado hoy en el Congreso de los Diputados una «enmienda a la totalidad con texto alternativo» al proyecto de ley «de medidas fiscales para la sostenibilidad energética», iniciativa que presentara el ministro de Energía hace unas semanas y que incluye como medida estrella una tasa del 6% (Tasa Soria) a aplicar a los ingresos obtenidos por cada una de las instalaciones de producción de energía eléctrica». Es decir, que, si la tasa del 6 ve en un futuro próximo el visto bueno definitivo del parlamento, en España dará lo mismo generar un kilovatio eléctrico quemando gas libio o catarí que generarlo con el sol de La Mancha o el cierzo de Aragón. ¿Conclusión? La máxima «quien contamina paga» pierde su condición de tal (su condición de máxima) y, a partir de ahora (a partir del momento en que se apruebe esa Tasa, si ha lugar), todos los kilovatios pagarán la misa tasa, es decir, que igual dará un kilovatio termosolar generado en Sevilla con tecnología española «made in Abengoa» que producir un kilovatio nuclear de residuos milenarios con el muy seguro reactor norteamericano Westinghouse que tiene la central de Almaraz

La enmienda a la totalidad presentada el miércoles viene acompañada de una elaborada alternativa fiscal que incluye, por una parte, nuevos impuestos y tasas para la incineración, los vertidos, la energía nuclear, las embarcaciones de recreo o las segundas residencias; y, por otra parte, IVA reducido para la rehabilitación de vivienda, menor presión impositiva para empresas con sello EMAS o con plan de movilidad, deducción del IRPF para los trabajadores con abono transporte, etcétera, etc.

Los participantes en la presentación de la «enmienda a la totalidad con texto alternativo» han subrayado que con esta iniciativa pretenden «gravar en mayor medida las actividades más contaminantes, eliminar ciertos beneficios fiscales ambientalmente injustificables y bonificar las prácticas más sostenibles». El objetivo fundamental y prioritario de la propuesta es –aseguran– «modificar comportamientos de los ciudadanos y las empresas en el consumo de bienes y servicios, sustituyendo unos, los de mayor impacto ambiental y emisiones de CO2, por otros, de menor impacto y más eficientes energéticamente; y promocionar sistemas de transporte y usos del suelo más sostenibles, con transporte público y vehículos menos contaminantes, rehabilitación, agricultura más sostenible, energías renovables e inversiones medioambientales». Algunas de las propuestas presentadas hoy por la Izquierda Plural, el sindicato Comisiones Obreras y las cinco grandes asociaciones ecologistas del país (Greenpeace, WWF España, SEO/BirdLife, Amigos de la Tierra y Ecologistas en Acción) son las siguientes:

Los autores de la enmienda a la totalidad han presentado en el Congreso además «alternativas para avanzar en una fiscalidad verde auténtica mediante una reforma integral que persiga un cambio de modelo radical como salida a la crisis económica y ambiental actual». Lo que proponen es «una fiscalidad más justa» que internalice «los costes ambientales y sociales, que en estos momentos recaen sobre el conjunto de la ciudadanía». Las organizaciones que apoyan la enmienda proponen, en concreto, «nuevos impuestos sobre la energía nuclear, el vertido y la incineración de residuos y las bolsas de plástico». Estos impuestos se sumarían a modificaciones a introducir «en los impuestos existentes sobre hidrocarburos, matriculación, impuesto de sociedades, IRPF e IVA». Por lo que respecta a las haciendas locales, la alternativa que presentan esas organizaciones es modificar las tasas de residuos, el impuesto sobre bienes inmuebles, el impuesto de circulación, el impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras y el IAE (impuesto sobre las actividades económicas), y que se cree un nuevo impuesto municipal potestativo sobre la pernocta.

1. En el impuesto sobre hidrocarburos se elimina la exención que hasta ahora tenía para los vuelos domésticos, se aumentan las tarifas del fuelóleo y se busca la convergencia de tipos entre el gasóleo y la gasolina.

2. En el impuesto sobre determinados medios de transporte (matriculación), se elimina la exención del impuesto de la que disfrutaban hasta ahora todas las embarcaciones de recreo y las aeronaves y en los vehículos y motocicletas se refuerza el vínculo entre el tipo impositivo y las emisiones de CO2 aumentando el número de categorías existentes y tomando en consideración otras formas de contaminación por medio de las categorías euro.

3. En el impuesto de sociedades se introducen deducciones para inversiones de ahorro de energía y agua y en gastos para favorecer la movilidad sostenible de sus trabajadores.

4. En el IRPF se introduce una deducción por adquisición de abonos de transporte público por parte de los trabajadores.

5. En el IVA se aplicaría el tipo normal en vez del reducido a servicios como la fumigación de plantaciones o el transporte aéreo y se aplicaría, sin embargo, el IVA reducido a las rehabilitaciones y viviendas protegidas.

La Izquierda Plural, Comisiones y los ecologistas proponen, en lo que se refiere a «nuevos impuestos estatales«, lo siguiente:

1. Un impuesto sobre la producción de energía nuclear y la generación, depósito y almacenamiento de residuos radiactivos, cuya recaudación se destinaría en parte a un fondo para el desarrollo alternativo de las zonas donde se ubican las centrales.

2. Un impuesto sobre el vertido y la incineración de residuos, cuyos ingresos se cederían a las comunidades autónomas (CCAA) y del que se excepcionan las CCAA que ya lo tienen establecido.

3. Un impuesto sobre las bolsas de plástico de un solo uso, similar al establecido por Irlanda.

4. Un impuesto sobre el cambio de uso del suelo cuya finalidad es desincentivar la urbanización excesiva gravando las actuaciones de nueva urbanización y favorecer un urbanismo compacto. La recaudación se destinaría al Fondo para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad creado por la ley 42/2007.

5. Un impuesto sobre sustancias de elevado nivel de preocupación, como las clasificadas por la normativa comocarcinógenas, mutágenas o tóxicas para la reproducción, para favorecer el consumo de sustancias alternativas menos dañinas para la salud humana y laboral.

Por fin, en lo que respecta a las haciendas locales, la alternativa presentada es la siguiente:
1. Las tasas de residuos se definirían con criterios ambientales.

2. Los tipos del IBI (impuesto de bienes inmuebles) se modularían en función del certificado energético del edificio y tendría un recargo la segunda residencia.

3. El impuesto de circulación se modularía también en función de las emisiones de CO2 y de las categorías euro, con la exención de vehículos eléctricos y adscritos al carsharing.

4. En el impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras se diferenciaría entre las de suelo urbano consolidado o edificado y las unifamiliares y se bonificaría el aprovechamiento de aguas grises. Similar diferenciación se aplicaría en el impuesto de plusvalías.

5. Se define un impuesto sobre la pernocta, que gravaría la estancia en alojamientos turísticos, que se podría aplicar voluntariamente por parte de los ayuntamientos.

6. En el IAE (impuesto de actividades económicas) se eliminaría la bonificación que ahora tienen las empresas alejadas del casco urbano, que actualmente carece de sentido, y se bonificaría a empresas con transporte colectivo o plan de movilidad, o con sistema de gestión ambiental EMAS.

 Esta proposición de ley no tiene la intención de incrementar la recaudación, sino la de actuar sobre las vías por las que se obtiene dicha recaudación, favoreciendo una economía más sostenible». Izquierda Plural asegura que «aumenta en algunos casos la recaudación fiscal (hidrocarburos, energía nuclear, vertido e incineración, bolsas de plástico, pernocta, cambio de uso del suelo, tasas de residuos…), pero disminuye en otros casos (impuesto de sociedades, IAE, IRPF…); mientras que, en algunos otros, como en el IVA o en los impuestos de matriculación y circulación, aumenta o disminuye la recaudación en función del tipo de productos objeto de gravamen:

Uno en el impuesto de sociedades, los autores de la alternativa proponen que se introduzca una deducción para inversiones que tengan por objeto el ahorro de energía y agua.

Dos: en el IRPF, proponen se introduzca una deducción por adquisición de abonos de transporte público por parte de los trabajadores.

Tres: en lo que se refiere al impuesto sobre el valor añadido, la Izquierda Plural y compañía proponen se aplique el IVA reducido a las rehabilitaciones.

Cuatro: en el IAE (impuesto de actividades económicas) proponen que sean bonificadas aquellas empresas «con transporte colectivo o plan de movilidad, o con sistema de gestión ambiental EMAS».

Cinco: la alternativa hoy presentada propone que se exima del impuesto de circulación a los vehículos eléctricos y adscritos al carsharing

El destino de los ingresos también es abordado en la propuesta. Según los partidarios de esta alternativa, «los ingresos que se deriven de esta propuesta no tendrían por lo general destino finalista, sino que irían a las arcas del estado, de las comunidades autónomas o de los municipios, con la excepción únicamente del impuesto sobre la energía nuclear, que se destinaría parcialmente a un fondo estatal para la reactivación de las zonas donde se ubican las centrales nucleares y del impuesto sobre el cambio del uso del suelo que podría ir al ya existente Fondo Estatal para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad».