Una de las consecuencias de la globalización ha sido la ruptura del equilibrio entre los poderes públicos y el poder económico privado liderado por el poder financiero.
En España, esta ruptura del equilibrio global ha acentuado el dominio de las élites económicas españolas sobre el poder político que habían logrado mantener, incluso durante la democracia, su singular posición histórica de permanente fagocitación del Estado para obtener rentas y beneficios extraordinarios desde una posición de ventaja.
Es más, desde los años ochenta han logrado, en su propio benéfico, la privatización de las grandes empresas públicas y regulaciones muy ventajosas sobre los sectores estratégicos. Durante la crisis ha sido evidente al demostración de poder e influencia consiguiendo, en un entorno de escasez de recursos y de sufrimiento social generalizado, el trasvase masivo de dinero público a la banca o al sector energético.
Basta ver lo que está pasando con la factura de la luz, que el gobierno ha vuelvo por cuarta vez este año (en enero, julio, agosto y octubre y una única bajada en abril) aunque los ciudadanos y ciudadanas del Estado español pagan uno de los recibos de electricidad mas caros de Europa, por la aplicación de un enloquecido sistema dictado por las propias empresas eléctrica que consiste en que las 5 multinacionales eléctricas que operan en el Estado venden la electricidad a Red Eléctrica Española (que es una empresa pública) y luego se la vuelven a comprar mediante subastas trimestrales.
No han tenido escrúpulos en cargarse todo el sector de renovables a pesar de sus múltiples ventajas (ecológicas, autonomía energética, tecnología propia, etc.) mientras que esas mismas compañías eléctricas importan el petróleo provocando el mayor agujero que existe en la Balanza Comercial. El resultado de este expolio a los consumidores y a las cuentas públicas que provoca además un déficit permanente en la balanza energética, el aumento de la contaminación o la dependencia tecnológica y energética, es un beneficio de 6.000 millones anuales y una deuda del Estado con las 5 multinacionales eléctricas de unos 30.000 millones de euros (el llamado “déficit tarifario”).
No es casualidad que el “sistema de puerta giratoria”, es decir, el paso de directivo relacionados con estas empresas al sector público y al mismo tiempo la colocación de ex miembros de los gobiernos del PP, PSOE, CIU y PNV en puestos ejecutivos y en los Consejos de Administración de estas empresas, sea escandaloso
Gracias al control de estas empresas y desde estas posiciones de ventaja las élites económicas españolas han logrado entrar a formar parte de las grandes redes económico – financieras transnacionales no como expresión de su poder empresarial propio sino por la permanente vampirización del Estado.
Si la crisis de la globalización es la constatación de la inviabilidad de un sistema gobernado en función de los intereses particulares de esta nueva casta de rentistas que es la clase financiera cosmopolita, en España se ha convertido en la constatación de la inviabilidad de un Estado que, por las limitaciones del proceso de democratización surgido desde la transición del franquismo, ha invertido los controles: en vez de ser el poder político quien controle al poder económico es el poder económico el que controla, en la práctica, al poder político.