Ley de In-dependencia

Artículo publicado por Concha Caballero en el Correo de Andalucía:

Cuando se discutió la Ley de Dependencia se produjo un fuerte debate entre aquellos que consideraban esta nueva ley tan solo como una especie de ayuda a las familias con personas en esta situación y los que nos inclinábamos por constituir un verdadero servicio público que ampliara los derechos sociales de todo nuestro país. Argumentábamos, los que apostamos por esta segunda opción, que la ley tenía que garantizar la asistencia de todas las personas que se encuentran en esta situación y, al mismo tiempo, ser un factor de igualdad. Es sabido por todos que son las mujeres, en un porcentaje superior al ochenta por ciento, las que se ocupan del cuidado de sus mayores y, en buena parte, de los mayores de su cónyuge. En especial, las mujeres andaluzas dedican alrededor de seis años de su vida a ejercer, en solitario y sin reconocimiento, esta dura tarea. Al mismo tiempo, la aplicación de la ley de dependencia conseguiría, argumentamos, crear todo un nuevo sector de empleo en servicios que resultaría beneficioso para el conjunto de la sociedad. La ley, aprobada finalmente por unanimidad, se definió como un nuevo servicio público, de carácter universal. Precisamente por ello, en cuanto a medidas de atención más importantes, estableció la dotación de residencias de mayores –incluidas aquellas de asistencia completa- y la creación de una red profesional de cuidadores que atenderían a jornada laboral completa a las personas dependientes. Se trataba de garantizar plenos derechos de atención y que aquellos que estuvieran en su hogar, o en la casa familiar, lo hicieran con la independencia que ofrece no ser una carga para los familiares las veinticuatro horas del día. Para aquellas zonas y situaciones en que esto no fuera posible, la ley estableció con carácter excepcional, la posibilidad de dar ayudas económicas a los familiares que desempeñaran provisionalmente esta tarea, obligando a que las condiciones de su cuidado fueran correctas.Sin embargo, la aplicación de la ley está caminando en sentido absolutamente contrario a lo previsto. En Andalucía –que no es la comunidad con peores indicadores-, solo algo más de trece mil dependientes tienen asistencia residencial, unas cuantas docenas gozan de asistencia personal profesional y casi cincuenta y cuatro mil se han acogido a la ayuda familiar para su cuidado. El resto tienen servicios menores como teleasistencia y ayuda a domicilio de escasísimo tiempo y dedicación. Esto se ha producido por una curiosa complicidad entre los usuarios y la administración. A éste última le resulta más barato dar ayudas de unos cuatrocientos euros a las familias, que crear puestos de trabajo en asistencia. Por su parte, a muchas familias les viene como agua de mayo esa ayuda económica. La consecuencia ha sido que la excepción, o sea la ayuda familiar, se ha convertido en norma, mientras que los servicios definidos como esenciales tales como asistencia profesional completa y plazas residenciales, no se están poniendo en marcha. Se confunde, así, la ayuda social que necesitan muchas familias, con el cuidado de las personas dependientes, sin tener en cuenta que los efectos beneficiosos de la ley en cuanto a igualdad de las mujeres y en creación de puestos de trabajo se están dinamitando.Me cuentan en mi pueblo que algunos familiares han llegado, incluso, a retirar de las residencias a mayores que estaban en ellas antes de la aplicación de la ley, para poder acogerse a esa ayuda familiar. La noticia me llenó de tristeza. Desplazados de su familia cuando carecen de recursos, vuelven a ella cuando son una fuente de ingresos. Me digo que los que así actúan son una exigua minoría, pero deseo que los dependientes tengan cariño y buenos servicios –tal como contemplaba la ley- , en vez de intereses y limosnas.