Paralelo 36 Andalucia Espacio de pensamiento y acción política
Manuela Martínez / Parece que fue ayer… pero no, hace más de una semana ya, y no podemos dejar que esta injusticia pase sin pena ni gloria. Fue el último viernes del mes pasado cuando llenamos de gritos las calles más céntricas de Granada. Gritos de dignidad para exigir la libertad de Carmen y Carlos, dos activistas del 15M de Granada, condenados por un delito que no han cometido: atentar contra los derechos de los trabajadores. ¡Qué ironía! Ellos que formaban parte de un piquete informativo en la huelga general del 29 de marzo de 2012, precisamente para defender los derechos de todos…
Carmen mantuvo la calma en todo momento, de hecho, no vi una sola lágrima en sus ojos. Ni siquiera cuando me contó que ya lo tenía todo preparado para cuando entrara en la cárcel. Ya no le quedaba esperanza, me confesó. Daba por hecho que en quince días o en un mes, como muy tarde, entraría en prisión. Carlos parecía algo más nervioso, pero también se mantuvo firme hasta el final. A lo largo de la marcha no estuvieron juntos todo el tiempo. Era como si necesitaran su espacio al mismo tiempo que necesitaban sentir el apoyo mutuo, sabedores del injusto destino que los había unido.
El último cartucho será un recurso de amparo al Tribunal Constitucional, aun cuando son conscientes de que es muy posible que no se admita a trámite. Lo suyo es DIGNIDAD con mayúsculas. No quieren pedir el indulto al gobierno de Rajoy. En primer lugar, porque sería reconocer que han cometido un delito, y en segundo lugar, porque no quieren pedir nada a un gobierno que criminaliza los movimientos sociales y que está propiciando la actual situación de acoso que están sufriendo los sindicalistas y los trabajadores por el ejercicio legítimo de los derechos fundamentales de huelga y libertad sindical.
Es un hecho que la participación pacífica de los trabajadores en huelgas, concentraciones y manifestaciones, está siendo perseguida desde el Ministerio Fiscal, requiriendo penas de prisión que van desde los 3 años y 1 día a los 8 años. Se contabilizan ya 55 procedimientos que afectan a unas 200 personas. Y la cosa puede ir a más. Sin duda una agresión, sin precedentes en toda la etapa democrática, con la que pretenden disuadir a los trabajadores y a las organizaciones sindicales de la defensa y protección de sus derechos laborales y sociales.
También es un hecho que cuando hay vulneración de los derechos de huelga y libertad sindical por parte del empresario, la cosa se queda, si acaso, en una simple sanción administrativa o en una multa de nada. No sé si alguien conocerá a algún empresario que haya entrado en prisión por ese motivo, yo desde luego no, y eso que abundan los que sistemáticamente amenazan a sus trabajadores para que no secunden huelgas ni movilizaciones de ningún tipo. Dañan la imagen de la empresa, les dicen, y eso puede poner en peligro vuestro puesto de trabajo. ¡Sutil amenaza con casi 6 millones de parados!
Si Carmen y Carlos acaban entrando en prisión, coincidirá con el día exacto en el que deje de confiar en la Justicia y, a partir de ese momento, tendrá que hacer muchos méritos para que cambie de opinión.
@Manuela_MJ
