Lo que calla el obispo

HACE años que la jerarquía católica intenta amputar de la memoria colectiva de Córdoba lo que convierte en única y universal a su Mezquita-Catedral. El proceso se endureció especialmente a partir de 2006, fecha en la que coinciden la polémica subasta de las vigas y la inmatriculación a su nombre del monumento declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco como The Mosque of Córdoba. Para ello la Iglesia Católica utilizó el artículo 206 de la Ley Hipotecaria, reformado por Aznar en 1998, que la equiparaba a estos efectos con una Administración pública. Algo cuestionable en la dictadura cuando la Iglesia y el Estado eran hermanos siameses. Inconstitucional e intolerable en nuestra democracia que carece de confesión oficial porque las religiones y el poder ciudadano son agua y aceite. De hecho, la Unión Europea ha recordado por enésima vez al Gobierno que la Iglesia Católica es una entidad privada y como tal está obligada al pago de los millones de euros que debe al Estado en concepto de impuestos. Una deuda mucho mayor desde que la Iglesia Católica hiciera suyos clandestinamente miles de inmuebles por toda España, utilizando el privilegio exorbitante que le concedió Aznar. Este escándalo monumental ha sido denunciado en Navarra, Cataluña, Extremadura, Galicia, Valencia o Andalucía por cientos de ayuntamientos, diputaciones e incluso órdenes religiosas que se han visto privadas de los terrenos y edificios que ocupaban.

Sin duda, la provocación del obispo es la última pieza en el calculado engranaje de la Iglesia Católica para la apropiación jurídica y moral de la Mezquita-Catedral. Y también, el peor de los fiascos. En lo que dice y en cómo lo dice. Resulta infame el uso de la palabra «borrar» en quien despide sus homilías deseando la paz, algo impensable en otras bocas más conocedoras de la tradición popular como las de Monseñor Amigo. Y en el fondo, porque desvela una reacción desproporcionada a un ataque inexistente, dañando la imagen de Córdoba a un peldaño de conseguir la Capitalidad Cultural Europea. Para colmo, también se equivoca en los argumentos jurídicos:

1.- La «consagración» no es un modo de adquirir la propiedad: si así fuera, la Sagrada Familia pasaría a poder de la monarquía absoluta del Vaticano tan pronto la bendiga el Papa. Por cierto, un hecho que le habría levantado la hiel al propio Gaudí que ideó la Sagrada Familia como templo ecuménico para todas las religiones y creencias.

2.- El uso no condiciona la naturaleza de las cosas: si utilizo un frigorífico como armario, no por eso deja de ser un frigorífico. A lo sumo serían las dos cosas a la vez.

3.- Una parte no puede denominar al todo: Y mucho menos por la parte menos auténtica y conocida.

4.- Los bienes de dominio público no se adquieren por la posesión en el tiempo. La clave de la cuestión. Cuando el Cabildo eclesiático quizo destruir las arcadas centrales de la Mezquita para construir la Catedral, se opuso el Cabildo Municipal, incluso con pena de muerte para quien se atreviera a tocar los arcos. Qué tiempos aquéllos en los que el Ayutamiento se atrevía a oponerse a la Iglesia en los intolerable y no pagando catequésis nocturnas. El caso es que la decisión real demuestra que no era competencia del Obispo decidir en exclusiva sobre el monumento. No era suyo. La disputa la resolvió Carlos I. El Rey. El poder central. En consecuencia, se trata de un bien de dominio público, patrimonio de la Humanidad, y no de un bien privativo que mañana pueda ser hipotecado. Y si es de dominio público, como la Alhambra, no puede ser usucapido o adquirido por su posesión prolongada en el tiempo. Aún más: debería ser gestionado por un Patronato público, con participación de la Iglesia pero no en monopolio ni mayoría, y las cuentas claras.

5.- El municipio jamás perdió las competencias sobre el monumento: Fue el pleno quien pidió su decalración como patrimonio de la Humanidad por la Unesco con la sola denominación «The Mosque of Córdoba» y tres párrafos en los que sólo se menciona a la misma.

6.- Su restauración y conservación la hemos pagado todos los cordobeses y andaluces, aunque la Iglesia perciba el precio de las entradas en su integridad y desconozcamos cuánto gana con ello. La misma opacidad y el mismo miedo reverencial provocaron que la ciudad perdiera Cajasur.

Por último, lo que pide el obispo hace tiempo que lo llevan haciendo sin pudor con nuestro dinero y el silencio cómplice del Ayuntamiento: en las entradas sólo dice Catedral; en los folletos llaman a la Mezquita «intervención islámica en la Catedral» (algo así como llamar a un pantano «intervención fluvial en la presa»); y en la «catequesis nocturna» en que han convertido el triste espectáculo audiovisual,  se niega la propia existencia del arte islámico y andalusí en la Mezquita. Incluso del propio Islam. No es gratuito afirmar que sus arcadas son copia del acueducto de Segovia o que el Mirhab se inspira en la Basílica de San Juan Evangelista. Hasta se llega a decir que «Fernado III salva la Catedral de la destrucción islámica» y se termina con un Gloria que pone punto y final a un concierto de música sacra católica. Todas ellas son una prueba más del intento de la destrucción de la prueba. Premeditado. Y fallido: la memoria es más fuerte que las piedras.

Artículo publicado en el Día de Córdoba