Lo que está en juego

El País

Javier Pérez Royo

Como consecuencia de los pactos autonómicos de 1981 las comunidades autónomas se constituyeron con la misma arquitectura institucional, Parlamento, Gobierno elegido por y responsable ante el Parlamento y Tribunal Superior de Justicia. Como consecuencia de los pactos autonómicos de 1992 se produjo la equiparación en el terreno competencial. Como consecuencia de todo ello, el derecho a la autonomía por parte de las nacionalidades y regiones que integran España se ejerce en condiciones de igualdad.

Para cerrar el círculo hubiera sido preciso que se hubiera reformado el Senado y que las comunidades autónomas hubieran sido equiparadas en el proceso de participación en la definición de la voluntad del Estado a través de la segunda Cámara. Esta es la garantía que falta, para que no fuera posible retroceder en lo que a la igualdad en el ejercicio del derecho a la autonomía se refiere.

Quiere decirse, pues, que, al no haberse reformado el Senado, la estructura del Estado que materialmente se ha ido construyendo desde 1980 con base en el principio de igualdad puede ser revisada. Es prácticamente imposible que pueda ser anulada, pero sí se pueden introducir cambios que tiendan a imponer una interpretación de la Constitución más próxima a la que intentó pactar el Gobierno de UCD presidido por Adolfo Suárez con el nacionalismo catalán y vasco en 1979, que a la que acabó imponiéndose tras el resultado del referéndum del 28-F de 1980.

Desde Cataluña y desde el Gobierno de la nación ya se está trabajando en esa dirección. De una manera subrepticia y espuria, mediante pactos vergonzantes, que nadie se atreve a hacer públicos, pero que son imposibles de esconder. Ahí están las votaciones de estas últimas semanas en el Parlament y en el Congreso de los Diputados, en los que PP ha dado apoyo a CiU en el copago sanitario o la tasa turística, y CiU ha dado apoyo al PP en la reforma laboral o el techo de gasto. Por no decir nada del indulto semiclandestino al dirigente de Unió por un caso de corrupción, del que no se dio cuenta en la referencia del Consejo de Ministros en que se aprobó y del que solo nos hemos enterado esta semana tras su publicación en el BOE.

Quien haya seguido la prensa catalana de estos últimos meses habrá podido advertir que la operación de revisar la estructura del Estado, a fin de diferenciar el ejercicio del derecho a la autonomía de las nacionalidades, pero sobre todo de Cataluña y País Vasco, del ejercicio de tal derecho por las regiones, está en marcha desde hace tiempo.

Y habrá podido advertir también que hay una coincidencia general en que el éxito de la operación depende de Andalucía, es decir, del resultado de las elecciones autonómicas del 25-M. Este pasado miércoles lo decía expresamente Enric Juliá en su crónica política en La Vanguardia. Si cae Andalucía, venía a decir, España políticamente será PP más nacionalismo catalán y vasco. Habrá desaparecido, en consecuencia, el obstáculo para que se pueda pasar de la igualdad a la diferenciación de Cataluña y País Vasco en el ejercicio del derecho a la autonomía.

Lo que está en juego el 25-M no es solamente si se van a producir más o menos recortes en las prestaciones sociales, que también, sino además si se va a mantener o no la estructura del Estado que se consiguió imponer tras la movilización política andaluza en febrero de 1980 o si, por el contrario, se acabará imponiendo una estructura en clave nacionalista, básicamente catalana y vasca y en mucha menor medida gallega, que ha sido la que siempre ha preferido la derecha española. Fuera de Andalucía se sabe que es así. El día 25 veremos si los andaluces también nos hemos enterado de lo que está en juego.