Andalucía ha sido uno de las primeras comunidades de la UE , y la única en España hasta el momento, , en grabar las emisiones industriales de Dióxido de Carbono (CO2) que es el principal gas de efecto invernadero Este impuesto propio fue creado por la Comunidad Autónoma de Andalucía mediante Ley 18/2003, de 29 de diciembre. Junto con el impuesto sobre emisiones de gases a la atmósfera, y dentro de los “llamados impuestos ecológicos se engloban también: un impuesto sobre vertidos a las aguas litorales, un impuesto sobre depósitos de residuos radioactivos y el impuesto sobre depósitos de residuos peligrosos.
Ahora que el gobierno central promete, y no cumple, crear impuestos verdes, bueno es que se conozca que nuestra comunidad tiene un impuesto sobre el carbono que se aplica desde el año 2004. Llevamos pues seis años de aplicación. La implantación de estos impuestos ecológicos, en especial el impuesto sobre el CO2, en Andalucía fue el producto del acuerdo entre el PSOE y Los Verdes en las elecciones autonómicas del año 2000. Bien es cierto que hubo que realizar una constante presión por parte de Los Verdes para que dicho acuerdo se cumpliera. Los Verdes llegaron a poner como condición necesaria para la renovación del acuerdo electoral en el año 2004, la aprobación de estos impuestos. Algo que finalmente ocurriría a finales de diciembre del 2003, pocos meses antes de las elecciones legislativas estatales y autonómicas del 2004.
Este impuesto es claramente insuficiente y manifiestamente mejorable (como las fincas). Hay que ampliarlo a todo tipo de emisiones de CO2, incluido el transporte y las emisiones de industrias de todo tipo y volumen. Es necesario también aumentar el tipo imponible por emisión, por medio de un modelo de estimación objetiva estructurada en módulos tarifarios que graven progresivamente la ineficiencia.
Las cantidades recaudables hasta ahora, sin ser despreciables, carecen de impacto necesario como para disuadir a la industria de la reducción de emisiones e inducir a los cambios tecnológicos necesarios para optar por una fuente de energética limpia de CO2. Otra cosa es la valoración que nos merece el efecto simbólico y de “ruptura del hielo” de estos impuestos ecológicos, que ha de ser muy positiva. Máxime sí, como podemos ver en estos días, la opinión pública (o mejor la opinión publicada) ofrece tantas resistencia a la implantación de nuevas figuras impositivas.
Un segundo aspecto positivo de la fiscalidad ecológica en Andalucía es que se trata de “impuestos de creación propia”. Esto demuestra que es posible y conveniente que este tipo de materias se desarrolle un corpus fiscal autonómico que sea mucho más avanzado e innovador que el mastodóntico y antediluviano sistema fiscal español. La fiscalidad d que necesitamos tiene que ir más allá de la simple función recaudatoria y centrarse más en objetivos propios de la extrafiscalidad. Objetivos como la interiorización de externalidades negativas o la orientación del sistema de producción y consumo hacia objetivos social y ambientalmente deseables. Todo esto es mucho más fácil de realizar en el marco autonómico que en el estatal como demuestra modestamente, los impuestos ecológicos andaluces.
*Para ver los datos oficiales de recaudación mirar aquí:
http://www.juntadeandalucia.es/economiayhacienda/tributos/recaudacion/rec_trib_2008.pdf
Me gustaría recordar que fue el actual presidente de la Junta, J A Griñán, entonces consejero de economía y hacienda, uno de los que más se opuso a la tasa de emisones. En su propuesta de presupuestos para el año 2005, presentada a final de octubre de 2004, hacía desaparecer de un plumazo el canon de emisiones de CO2, no lo consiguió.