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Manuel Planelles.El País.21/10/2011.La ampliación del dragado del Guadalquivir -impulsada por el puerto de Sevilla para que lleguen barcos de mayor calado hasta la capital andaluza- está más en el aire que nunca. El Ministerio de Medio Ambiente ha reclamado al puerto que elabore «un nuevo proyecto» que debe ser «plenamente congruente» con las conclusiones a las que llegó la comisión científica creada para evaluar el impacto sobre Doñana. La comisión presentó hace un año un dictamen en el que recomendaba que «se desestime definitivamente el dragado de profundización» al ser «incompatible con la conservación del estuario y por tanto de Doñana». Además, en el dictamen se señalaba que «de mantener la Autoridad Portuaria de Sevilla su voluntad de realizar dicho dragado, inicie un nuevo procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental una vez las condiciones en el estuario hayan mejorado».
La secretaria de Estado de Cambio Climático, Teresa Ribera, envió a mediados de octubre una carta al puerto de Sevilla en la que se indica que las conclusiones de la comisión científica «han pasado a ser condición vinculante de la Declaración de Impacto Ambiental» del proyecto. «No es posible iniciar ninguna otra actuación sin antes adecuar el proyecto a estas prescripciones y sin previa confirmación de la adecuación de esta nueva versión a lo estipulado por la comisión científica», añade Ribera. Indica que, cuando el puerto elabore el nuevo proyecto, se lo deberá remitir al ministerio, que «actuará con arreglo a la legislación en materia de evaluación ambiental».
Con esta carta en la mano, WWF dio ayer por enterrado el actual proyecto de dragado. La Comisión Permanente del Consejo de Participación de Doñana también ratificó en julio las conclusiones del dictamen científico. El consejero de Medio Ambiente andaluz, José Juan Díaz Trillo, ya ha indicado que la ampliación «es inviable» en este momento. Y una misión internacional formada por representantes de la Unesco, UICN y del convenio Ramsar alertaron de que el proyecto puede tener un impacto negativo sobre Doñana.
Pero la preocupación de los ecologistas ha aumentado tras conocerse la intención de Bruselas de incluir en el futuro corredor central de mercancías el desarrollo de una vía fluvial por el Guadalquivir. Lo que sí parece claro es que la autorización del dragado dependerá del Gobierno que salga del 20-N. La primera declaración de impacto de este polémico proyecto la aprobó el PP en 2003.
