Manuela Martínez / Escuchaba hace unos días a un representante de las asociaciones de madres y padres decir que para alcanzar el consenso en la reforma educativa, necesitamos un ministro que sepa de educación y que tenga educación. Obviamente, ninguna de estás condiciones las cumple el señor Wert.
De hecho, no creo que tenga educación cuando ha demostrado hasta la extenuación ser una persona lenguaraz y provocadora. Las hemerotecas están saturadas de frases célebres de nuestro popular ministro. Su provocación más reciente ha sido la de calificar de “fiesta de cumpleaños” las protestas y movilizaciones contra las reformas educativas en España, al compararlas con las que se viven en Chile o Méjico. Tampoco se le ve con disposición a dialogar, ni a aceptar la crítica o las propuestas de otros grupos políticos, los Consejeros de Educación de las Comunidades Autónomas, las asociaciones de madres y padres, los sindicatos de estudiantes, el personal docente, los sindicatos de clase…, de ahí que su famosa ley Wert, la LOMCE (Ley para la Reforma de la Calidad Educativa), haya suscitado el rechazo unánime de toda la comunidad educativa.
Y tampoco parece saber mucho de Educación, puesto que capitanea una reforma educativa que no pretende resolver ninguno de los problemas que tiene la enseñanza en nuestro país y sí imponer un modelo educativo clasista y retrógrado que castiga a los más desfavorecidos y dinamita la igualdad de oportunidades.
Tras los sucesivos recortes presupuestarios, la reducción de plantillas, el desprestigio de la educación pública, la subida de tasas y el recorte de becas, llega la tramitación de la LOMCE. Una ley que supone un paso importante para dar forma a ese nuevo sistema educativo que persigue la derecha española más reaccionaria y que no garantiza el derecho constitucional a la educación para todas y todos. Un texto ajeno al debate mundial sobre el futuro de la pedagogía y la revolución educativa, que no parte del diagnóstico de los problemas del sistema educativo y, lógicamente, tampoco plantea soluciones, incorporando la vieja aspiración de las derechas de 1933: la educación debe ser católica y patriota.
Pero el PP quiere aprovechar el trámite parlamentario para dar un paso más y no dejar ningún fleco, en su ánimo de convertir la enseñanza en un negocio que beneficie al sector privado y a las familias con alto poder adquisitivo. Basta echar un vistazo a sus enmiendas para comprobarlo. No tienen desperdicio. Son una burda copia del modelo que Esperanza Aguirre puso en marcha en la Comunidad de Madrid y que ha roto, de facto, la gratuidad de la educación en esa Comunidad.
Por ejemplo, permite que los centros que segregan a niñas y niños en las aulas puedan acceder a los conciertos educativos y también a suelo público para levantar sus instalaciones. O sea, con esta propuesta pretenden que aceptemos con resignación el regalo de dinero público a los centros privados para que hagan negocio con la educación. A sabiendas de que, tal y como ha sucedido en Madrid, cobrarán cuotas a las familias hasta por el aire que respiran los niños en el cole, con tal de amortizar su inversión y obtener beneficios lo antes posible.
Tampoco es baladí el cambio de redacción que plantea en algunos párrafos de la ley. Por ejemplo, su interés en sustituir “servicio público de educación” por “servicios para el ejercicio del derecho a la educación”, tiene una enorme carga de profundidad, cuando lo que están planteando a todos los niveles es el desmantelamiento de lo público y la privatización de los servicios públicos.
Visto lo visto, motivos sobran para la movilización y así lo ha entendido y expresado la comunidad educativa con el acuerdo de un calendario de movilizaciones, incluida una huelga general en la enseñanza el próximo 24 de octubre.
Será la segunda huelga general en todos los niveles educativos, tras la que tuvo lugar el pasado 9 de mayo. Es importante que quienes defendemos y estamos comprometidos con la enseñanza pública nos tomemos muy en serio esta convocatoria, en este caso precedida de una consulta popular que puede servir para sensibilizar a la población en general sobre lo mucho que nos jugamos, la importancia del sistema público de enseñanza, los riesgos de su privatización, así como el castigo a los más desfavorecidos y el mazazo a la igualdad de oportunidades.
Espero que el 24 de octubre el nivel de implicación del alumnado y las familias no decaiga y que el profesorado dé una lección de dignidad al señor ministro, secundando una huelga general contra la reforma y los recortes del gobierno en materia educativa y en defensa del derecho a una educación pública de calidad.
Y después del 24 de octubre han decidido irse de marcha. Sí, del 2 al 9 de noviembre han previsto marchas educativas desde todos los rincones de España hasta el Palacio de la Moncloa.
Yo voy ¿y tú?
@Manuela_MJ
Consulta Ciudadana por la Educación
Hoja de firmas por la Educación