Paralelo 36 Andalucia Espacio de pensamiento y acción política
Pedimos al Gobierno andaluz y al Parlamento de Andalucía que inste al Gobierno central a solucionar con urgencia los problemas que están hundiendo a la Plataforma Solar de Almería (PSA) así como a buscar fórmulas para que el Gobierno andaluz participe en la gestión de la misma.
La PSA es el mayor centro de investigación de energía solar de concentración en Europa y un enclave estratégico para el cambio de modelo productivo en Andalucía.
De sus instalaciones en el desierto de Tabernas ha salido parte de la tecnología que utilizan las grandes centrales que están en funcionamiento o en construcción en muchos países, desde EE UU y China al norte de África. Los investigadores de la Unión Europea prueban aquí nuevas tecnologías destinadas a que este tipo de energía renovable sea cada vez más eficiente y competitiva y contribuya a sustiruir, en un futuro, a los combustibles fósiles que exacerban el cambio climático.
Según han informado diversos medios de comunicación y los propios responsables de la PSA, la plataforma depende del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y tecnológicas (CIEMAT) vive una situación surrealista, algo cada vez más común en los centros de científicos de élite. Su presupuesto ronda los seis millones de euros, aunque sus ingresos llegan a los 15 millones de euros cuando se suma la financiación que llega desde la UE para desarrollar proyectos de investigación.
Desde hace año y medio, los investigadores del centro no pueden utilizar parte de ese dinero que llega de Bruselas debido a las restricciones al gasto impuestas por el Gobierno para contener el déficit. Los grupos de investigación de la PSA han dejado de percibir cientos de miles de euros que han quedado congelados en un “fondo de maniobra” que no pueden tocar.
La normativa que lastra a este centro es una orden del Ministerio de Hacienda aprobada en julio de 2016. La norma establece los plazos para realizar gastos y cerrar el ejercicio anual, en principio los mismos para todos los organismos de la Administración General del Estado, aunque las universidades y grandes centros de investigación como el CSIC están exentos de cumplirla poder seguir con su actividad científica. Muchos de los fondos de la UE son plurianuales y no computan en ningún caso como déficit para las arcas españolas. Pero a ojos de esta ley, la PSA es un organismo más de la Administración del Estado y los fondos que recibe de la UE también están sujetos a las normas.
La normativa establece que toda la financiación que llega antes de septiembre debe estar gastada a finales de diciembre de ese año, pero cuando la UE te concede un proyecto aporta un primer pago a gastar en varios años. Esto ha impedido acceder a 600.000 euros de dos proyectos europeos. El dinero no desaparece, sino que queda inmovilizado en un fondo de maniobra que no se puede tocar a no ser que el Consejo de Ministros nos conceda un perimiso, que tarda unos cinco meses en llegar.
Además, la última de estas restricciones aprobada en enero impide que los organismos públicos de investigación (OPI) gasten más del 50% de su presupuesto hasta que no se aprueben los PGE 2018.
La PSA ha tenido que despedir a 14 científicos, el 35% de la plantilla de investigadores con experiencia previa, y no podrá contratar a otros cinco, entre ellos dos investigadores jóvenes que han ganado un contrato Marie Curie, financiado por la Comisión Europea, explica Sixto Malato, exdirector de la PS, que dimitió en noviembre para forzar al gobierno a que levantase esas restricciones. Eduardo Zarza, responsable de la unidad de Sistemas Solares de Concentración, la mayor de las tres que tiene la PSA, con 32 personas a su cargo, también ha presentado su dimisión.
Uno de los casos más sangrantes es Nextower, un proyecto financiado por la UE con cinco millones de euros y en el que participan España, Suecia, Dinamarca, Italia, Reino Unido, Francia, Suiza, Bélgica y Turquía y que se expone a un retraso de un año por este problema.
Las trabas legales también han impedido pagar la contribución española como miembro de la Sociedad Internacional de Energía Solar, que asciende a 300 euros porque se necesitas el informe previo del Ministerio de Exteriores y el de Hacienda, que no ha sido concedidos, con lo que el año pasado y este no se ha pagado. Lo mismo ha sucedido con los dos últimos años de la cuota de 10.000 euros para SolarPaces, una organización dependiente de la Agencia Internacional de la Energía.
Los responsables de la PSA han pedido al Gobierno que excluya a esta instalación de la normativa de Hacienda, ya que su actividad científica es muy diferente a la del resto de la administración porque es la única instalación científica estratégica (ICTS) en España que sufre este problema.
