Paralelo 36 Andalucia Espacio de pensamiento y acción política
Manuela Martínez | Como cada 21 de julio, UGT y CCOO recordamos a Antonio, Manuel y Cristóbal, con un sencillo acto de homenaje junto al Monolito ubicado en la Caleta, cerca del lugar donde fueron asesinados. Los recordamos a ellos porque fueron protagonistas de una lucha de gran trascendencia para la clase trabajadora, en la que perdieron la vida durante un violentísimo encuentro con las fuerzas de orden público, cuando participaban con miles de albañiles granadinos en la huelga de la construcción de 1970. Pero al recordar su gesta, queremos también poner de relieve que los derechos de hoy no son dádivas ni regalos otorgados graciosamente por ningún gobierno o patrón, sino fruto de una historia de lucha y logros del movimiento sindical y la clase trabajadora.
Pero los héroes de aquel fatídico 21 de julio de 1970, no sólo fueron ellos tres, ni tampoco los 113 detenidos, sino los miles de trabajadores granadinos que salieron a la calle a pesar de la represión y la ausencia de libertad del régimen franquista. Y esto es algo que no sólo sucedió en Granada, sino en otras muchas ciudades españolas. No fueron sólo los políticos de la época o el Rey los que trajeron la democracia y las libertades, como pretenden hacernos creer, sino también la suma de héroes y de luchas que se sucedieron a lo largo y ancho de la geografía española, por nuestra dignidad como trabajadores y por la mejora de nuestras condiciones de vida.
Cuando hace cuatro años celebramos el 40 aniversario de este capítulo de la sangrienta historia de Granada, mirábamos con orgullo el terreno conquistado y nos reconocíamos como ciudadanos y ciudadanas con derechos y libertades, en un Estado Social y Democrático de Derecho, tal y como establece la Constitución que nos dimos entre todos.
Hoy, cuatro años después, miramos con preocupación el deterioro de la calidad de nuestra democracia y el devenir de nuestra Constitución en papel mojado, debido a los ataques sistemáticos del gobierno de Rajoy a derechos y libertades básicas ciudadanas que ningún otro gobierno democrático había cuestionado hasta ahora.
Salvando las distancias, cada vez más cortas por la involución a la que nos están sometiendo, volvemos a los héroes, otra vez. En Granada, Carlos ya está en la cárcel, y Carmen, si no podemos evitarlo, lo estará en breve. La misma suerte espera a decenas de sindicalistas y trabajadores de nuestro país, pendientes de ejecución de sentencia y ya condenados por participar en un piquete de huelga.
Pero la UGT no quiere más monolitos ni más actos de homenaje a ningún trabajador o trabajadora por ejercer un derecho fundamental, como lo es el derecho de huelga. Un derecho que en nuestra Constitución goza del máximo nivel de garantía y que vincula a todos los poderes públicos. Un derecho que hemos venido ejerciendo democrática y constitucionalmente desde hace más de treinta y cinco años con absoluta normalidad. Un derecho reconocido también en la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas, en numerosas resoluciones de la OIT, su Comité de Libertad sindical y su Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones.
Tampoco queremos héroes o heroínas a los que se les impongan multas astronómicas por salir a la calle a ejercer el derecho de reunión y manifestación, propio de una sociedad democrática y un principio básico del Estado de derecho. Por eso le plantamos cara a esta involución sin precedentes, y lo haremos dentro y fuera de nuestras fronteras, acudiendo a los tribunales internacionales cuando los nuestros nos cierren las puertas, como ha hecho recientemente el Tribunal Constitucional, al avalar la agresión a los derechos laborales y a la negociación colectiva llevada a cabo por la reforma laboral del PP.
Afortunadamente, hay esperanza. El rechazo a esta política de acoso y desmantelamiento de derechos y libertades básicas es prácticamente unánime. Las voces críticas de abogados, jueces, fiscales, fuerzas políticas y movimientos sociales, se han unido a las de los sindicatos de clase, lo que ha permitido ganar visibilidad en los medios de comunicación y generar un clima de opinión contrario a esta involución democrática sin precedentes.
A estas voces críticas contra la criminalización de la protesta que pretende el gobierno con sus últimas reformas legales en materia Penal y de in-Seguridad ciudadana, habría que sumar la de la Audiencia Nacional que, en su sentencia reciente -cuya lectura recomiendo especialmente a Rajoy, Gallardón y Fernández Díaz- absuelve a las 19 personas juzgadas por la manifestación que rodeó al Parlamento de Cataluña el 15 de junio de 2011, cuando la Fiscalía pedía 5 años y medio de prisión. Y, entre otras muchas cosas que el gobierno debería conocer, manifiesta que “la democracia se sustenta en un debate público auténtico, en las críticas a quienes detentan el poder… estas libertades que suponen una expresión pública de la ciudadanía deben ser objeto de especial atención y protección” y recuerda el valor de “la libertad de elección del espacio de intervención”. No es acallar la protesta lo que debe preocuparles y ocuparles como gobierno, sino resolver los problemas de la ciudadanía para que la protesta sea innecesaria.
Artículo publicado en IDEAL Granada, 21/07/2014
@Manuela_MJ
